La nueva Ley de Dependencia: un compromiso sin respaldo económico

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores manifiesta su rechazo al anteproyecto de Ley de Dependencia aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Esta iniciativa, aunque pretende mejorar la atención a las personas dependientes en nuestro país, nace con una carencia fundamental: la ausencia de un plan de financiación claro y sostenible.

Desde nuestra Federación, manifestamos nuestra profunda preocupación por esta grave omisión que compromete seriamente la viabilidad y efectividad de la ley. Un marco legislativo sin el correspondiente respaldo económico corre el riesgo de convertirse en una mera declaración de intenciones sin impacto real en la vida de los ciudadanos.

Principales deficiencias identificadas:

• Ausencia total de un marco presupuestario que garantice la implementación efectiva de las medidas propuestas. 
• Falta de concreción sobre las fuentes de financiación y su distribución entre administraciones públicas. 
• Carencia de un estudio económico que evalúe el coste real de las prestaciones contempladas.
• Inexistencia de mecanismos de sostenibilidad financiera a medio y largo plazo. 
• Omisión de partidas específicas para la formación de profesionales y mejora de infraestructuras.
• No consideración de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que los copagos deben ser considerados como tasas y no como precio público, lo que tiene importantes implicaciones en la protección de los derechos de las personas dependientes. 

La experiencia con la anterior Ley de Dependencia de 2006 nos ha enseñado que sin una financiación adecuada, las listas de espera se multiplican, las prestaciones se reducen y miles de personas quedan desatendidas. No podemos permitir que la historia se repita.

Exigencias inmediatas:

• Incorporación urgente de un plan de financiación detallado y realista antes de la aprobación definitiva de la ley.
• Establecimiento de un fondo específico con dotación suficiente para garantizar la cobertura universal.
• Compromiso vinculante de incremento presupuestario progresivo durante los próximos cinco años.
• Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria.
• Aplicación correcta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de copagos, estableciéndolos como tasas y no como precio público, garantizando así mayor protección jurídica y económica para las personas dependientes.

"Un derecho sin recursos para hacerlo efectivo es una promesa vacía. Las personas en situación de dependencia y sus familias merecen más que buenas palabras; necesitan compromisos reales respaldados por inversión pública suficiente y un marco jurídico que les proteja adecuadamente".

Hacemos un llamamiento al Gobierno para que reconsidere este anteproyecto y lo complete con un marco financiero adecuado y las correcciones jurídicas necesarias. Asimismo, instamos a todos los grupos parlamentarios a que, durante la tramitación legislativa, exijan las garantías económicas necesarias para hacer de esta ley una herramienta verdaderamente transformadora.

Las más de 1,4 millones de personas dependientes en España y sus familias no pueden seguir esperando por una atención que constantemente se promete, pero nunca se financia adecuadamente ni se regula con las garantías jurídicas suficientes. 

Este artículo ha sido publicado primero en el diario 65 y Más.