El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia dio luz verde este martes al cambio de modelo de cuidados impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que establece la atención “libre de sujeciones” y aspira a incrementar el número de trabajadores de residencias para personas mayores y con discapacidad o en situación de dependencia.

Las entidades financieras “han olvidado” diseñar productos y servicios relevantes específicos para las personas mayores, a las que “han convertido en un coste”, como si al cumplir los 65 años una persona “no estuviera en condiciones de seguir invirtiendo, de emprender, de mover su dinero”.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha remitido a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados un escrito de alegaciones con un total de diez enmiendas al Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobado el pasado 31 de mayo por el Consejo de Ministros.

El ámbito de los cuidados de larga duración, definidos por la OMS como “las actividades llevadas a cabo por otros para que las personas que han tenido una pérdida importante y permanente de la capacidad intrínseca o corren riesgo de tenerla, puedan mantener un nivel de capacidad funcional conforme con sus derechos básicos, sus libertades fundamentales y la dignidad humana”  es variado y complejo y tiene una doble cara: hay alguien que recibe cuidados y alguien que da cuidados.