Simplificar para acercar: la PMP y Gobernanza Pública continúan trabajando para eliminar barreras administrativas

La Plataforma de Mayores y Pensionistas comparte con la Administración y diversas entidades propuestas para simplificar los procedimientos públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y eliminar las barreras burocráticas que dificultan el ejercicio de los derechos de las personas mayores y pensionistas.

Realizar un trámite administrativo no debería convertirse en una carrera de obstáculos. Sin embargo, para muchas personas mayores, la complejidad de los procedimientos, la falta de información, las dificultades de acceso a los canales digitales o la obligación de aportar documentos que la propia Administración ya posee pueden convertirse en barreras que limitan el ejercicio de sus derechos.

Una colaboración para reducir las cargas administrativas

Con el objetivo de avanzar hacia una Administración más sencilla, accesible y cercana, la PMP celebró el pasado 28 de octubre un encuentro en línea con representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública y de la Subdirección General de Organización y Procedimientos, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En la sesión participaron también la Asociación Derecho a la Autonomía Personal (ADAP), entidad vinculada a la PMP, junto con otras organizaciones del entorno de ADAP: la Federación Francesc Layret, que agrupa a 23 asociaciones de discapacidad y envejecimiento de la provincia de Barcelona; la Federación Provincial UDP Cuenca; NATSAL, y LongevidadLab, de la Universidad de Valencia.

El encuentro se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en 2023 para identificar, reducir y eliminar las cargas administrativas que dificultan la relación de las personas mayores con los servicios públicos.

Durante la reunión, la PMP compartió el trabajo desarrollado a lo largo de estos tres años, que ha permitido identificar situaciones cotidianas en las que la burocracia puede convertirse en una barrera y formular propuestas concretas para superarlas.

El proceso ha incluido sesiones divulgativas para explicar qué se entiende por carga administrativa, una revisión documental y de fuentes secundarias, así como consultas a personas mayores y entidades del sector.

Este trabajo se concreta cada año en un conjunto de propuestas que se canalizan a través de fichas técnicas en las que se identifica cada carga administrativa, se analiza la problemática que genera y se plantean posibles soluciones adaptadas a las necesidades de las personas mayores y pensionistas.

De media, se elaboran y presentan unas diez propuestas por ejercicio, orientadas a simplificar los procedimientos administrativos y facilitar el acceso efectivo a los servicios públicos.

La conclusión es clara: reducir las cargas administrativas no consiste únicamente en eliminar formularios o reducir el número de documentos que deben presentarse. Es necesario revisar cómo funcionan los servicios públicos, aprovechar mejor la información de la que ya dispone la Administración, reforzar la coordinación entre organismos y ofrecer distintas vías de atención para que todas las personas puedan realizar sus gestiones en condiciones de igualdad.

En definitiva, se trata de adaptar la Administración a las necesidades de la ciudadanía, en lugar de obligar a las personas a adaptarse a procedimientos que, en ocasiones, resultan complejos o inaccesibles.

Propuestas concretas para facilitar los trámites

Durante la sesión, la PMP expuso algunos ejemplos concretos de las cargas administrativas identificadas y presentadas en el ejercicio anterior, vinculadas a distintos trámites que afectan directamente a las personas mayores y pensionistas.

Entre ellas, destacó las dificultades asociadas al cambio de domicilio fiscal, para el que se propuso ofrecer atención telefónica asistida y facilitar la verificación de identidad en el propio domicilio cuando fuera necesario.

También se abordó la solicitud de pensiones no contributivas, planteando evitar la exigencia del certificado de empadronamiento cuando la Administración pueda consultar directamente esta información.

En cuanto a la presentación de reclamaciones a RENFE, se propuso disponer de formularios sin límites de espacio que permitan explicar adecuadamente los hechos.

Estos ejemplos ilustran cómo la identificación de las barreras administrativas puede traducirse en soluciones concretas orientadas a simplificar los trámites y facilitar la relación de las personas mayores con la Administración.

Una vía de escucha activa de las necesidades de las personas mayores

Por su parte, desde la Dirección General de Gobernanza Pública se puso en valor la línea de trabajo establecida con la PMP a través del convenio de colaboración, que constituye un instrumento para canalizar la escucha activa de las necesidades, problemáticas y dificultades que encuentran las personas mayores en su relación con la Administración General del Estado (AGE).

Asimismo, se destacó la acogida positiva de numerosas propuestas trasladadas en este marco y su implementación por parte de los organismos competentes de la AGE, poniendo de relieve la utilidad de esta colaboración para impulsar mejoras concretas en los procedimientos y servicios públicos.

La Dirección General trasladó nuevamente su disposición a mantener una actitud abierta y receptiva ante nuevas propuestas e iniciativas que contribuyan a simplificar los trámites, mejorar la atención y fortalecer la relación entre la Administración y la ciudadanía.

Una atención más humana, accesible y eficaz

Las entidades participantes aprovecharon el encuentro para poner en común las dificultades que encuentran las personas mayores y con discapacidad al relacionarse con la Administración y reclamar mejoras que permitan avanzar hacia una atención más humana, accesible y eficaz.

En este sentido, insistieron en que la accesibilidad universal debe estar presente en todos los procedimientos y canales de atención. También subrayaron la necesidad de mejorar el trato ofrecido a las personas mayores, así como de proporcionar información más clara sobre las competencias de cada organismo y los servicios a los que debe dirigirse la ciudadanía para resolver sus gestiones habituales.

Conocer cómo se organiza la Administración no debería ser un requisito previo para acceder a un servicio público.

Entre las propuestas planteadas destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad y la atención presencial, eliminando la cita previa obligatoria para las personas mayores de 65 años, incorporando asistentes administrativos que puedan acompañarlas en sus gestiones y garantizando una atención telefónica prestada por personas, con una línea específica para mayores.

El objetivo es que quienes encuentran dificultades para utilizar los canales digitales puedan acceder a los servicios públicos sin obstáculos añadidos.

Procedimientos más sencillos y un lenguaje más claro

También se propuso avanzar hacia unos procedimientos más sencillos, evitando que la ciudadanía tenga que aportar documentos que ya obran en poder de la Administración e impulsando la tramitación de oficio de las pensiones de jubilación y viudedad.

Las organizaciones defendieron, además, la utilización de un lenguaje claro y de recursos de Lectura Fácil en formularios, comunicaciones y resoluciones.

La simplificación debe alcanzar tanto a los pasos que hay que seguir como a la manera de explicar los trámites y sus consecuencias.

Una digitalización que no genere nuevas exclusiones

En cuanto a la digitalización, las organizaciones señalaron la importancia de ofrecer alternativas a Cl@ve y a los certificados electrónicos, explorar sistemas de validación mediante voz o SMS y disponer de un portal sencillo, adaptado a las necesidades de las personas mayores, dentro de la Carpeta Ciudadana.

La digitalización debe facilitar la relación con los servicios públicos, no convertirse en una nueva fuente de exclusión para quienes tienen dificultades para desenvolverse en entornos digitales.

En este contexto, también se puso de relieve la necesidad de reforzar la coordinación interinstitucional mediante herramientas que permitan a las distintas administraciones colaborar de manera más eficaz, identificar las barreras que encuentran las personas mayores en sus gestiones y promover mejoras en los procedimientos a partir de la experiencia real de la ciudadanía.

Se trata de favorecer una Administración capaz de detectar y corregir las dificultades de acceso a sus servicios, con independencia del organismo o nivel administrativo al que corresponda cada trámite.

Una ventanilla única municipal

Asimismo, volvió a ponerse sobre la mesa una de las reivindicaciones compartidas por las organizaciones del movimiento asociativo de personas mayores: la creación de una ventanilla única municipal que permita centralizar la información y facilitar la realización de trámites, evitando desplazamientos innecesarios y la necesidad de acudir a diferentes organismos para resolver gestiones relacionadas.

Esta medida contribuiría a acercar la Administración a la ciudadanía, especialmente a quienes tienen dificultades de movilidad, encuentran obstáculos en el entorno digital o necesitan apoyo para completar sus procedimientos.

Evitar la indefensión ante las notificaciones electrónicas

Otro de los asuntos destacados durante la jornada fue la indefensión que pueden generar las notificaciones exclusivamente electrónicas, especialmente cuando una persona no utiliza habitualmente los medios digitales o desconoce que tiene una comunicación pendiente.

En el caso de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), se propuso establecer un sistema de doble notificación, digital y postal, para las personas mayores de 65 años, así como evitar sanciones por retrasos que no les sean imputables.

La finalidad es prevenir que las dificultades de acceso o comprensión de los canales electrónicos terminen teniendo consecuencias económicas o administrativas para las personas afectadas.

La PMP considera que simplificar la burocracia es una condición necesaria para garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas mayores.

Para ello, resulta fundamental escuchar a quienes encuentran más dificultades, incorporar su experiencia al diseño de los procedimientos y asegurar que las mejoras lleguen a la atención cotidiana.

“La burocracia no puede ser una barrera cuando se trata de ejercer derechos”, recuerda la PMP, que continuará trabajando con la Administración y las organizaciones del sector para impulsar soluciones concretas y avanzar hacia unos servicios públicos más accesibles, comprensibles y adaptados a las distintas necesidades de la ciudadanía.

Porque una Administración verdaderamente cercana no es solo la que ofrece servicios, sino la que garantiza que todas las personas puedan acceder a ellos en condiciones de igualdad.