La PMP pide un pacto de Estado para una aplicación efectiva de la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado un pacto de Estado para una aplicación efectiva de la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia (LAPAD), de manera que se abra una nueva etapa en la que los derechos reconocidos se traduzcan en mejoras reales para la vida de las personas mayores y con discapacidad mayores.

La Plataforma considera que la reforma supone un avance relevante hacia un modelo de cuidados más personalizado, flexible y orientado a la autonomía. No obstante, ha advertido de que su verdadero alcance dependerá de su desarrollo y aplicación operativa, especialmente, de la capacidad de las administraciones para garantizar los servicios, profesionales y apoyos necesarios en todo el territorio. 

Igualmente, la PMP celebra que la ley establezca la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Es una de sus reclamaciones históricas, pero ha insistido en que para dotar de estabilidad a dicho sistema es fundamental avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB.

La Plataforma también ha reconocido que España ha avanzado: en junio de 2026, más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD y la lista de espera se había reducido un 21 % en un año. Sin embargo, 142.887 personas seguían esperando, con un tiempo medio de tramitación de 314 días. Además, el Índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura) señala que el 42 % de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes.

Por todo ello, la PMP considera imprescindible garantizar la equidad territorial y la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones, evitando que el lugar de residencia determine las oportunidades de recibir los cuidados y apoyos necesarios. Para ello, reclama una coordinación efectiva entre las administraciones públicas, criterios comunes que aseguren niveles adecuados de protección y recursos suficientes para responder a las necesidades de cada territorio.

Para la PMP, el objetivo último de esta transformación debe ser avanzar hacia un sistema de cuidados que permita a las personas vivir y envejecer donde decidan, manteniendo el mayor control posible sobre su propia vida, sus relaciones, sus rutinas y su proyecto vital. Necesitar cuidados o apoyos no puede implicar perder capacidad de elección. La Plataforma defiende un modelo centrado en la persona que respete su dignidad, derechos, voluntad y preferencias y ofrezca alternativas reales para permanecer en el hogar y en la comunidad cuando esa sea su decisión.

Más apoyos en el hogar y en la comunidad

Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, ha destacado que “lo que resulta crucial es disponer de una red de servicios suficientemente amplia, coordinada y flexible, que permita ofrecer a cada persona la atención más adecuada, respetando sus preferencias y circunstancias”.

En este sentido, aboga por reforzar los recursos domiciliarios y de proximidad, sin que ello suponga sustituir la atención residencial, que debe seguir avanzando hacia un modelo más personalizado, hogareño y conectado con la comunidad.

Por otro lado, aunque el empleo en cuidados ha crecido, se estima que España necesitará 260.000 profesionales más de aquí a 2030 para responder a la creciente demanda. Por ello, Rodríguez ha subrayado que “es imprescindible seguir ampliando los servicios, reducir la burocracia y asegurar que las personas que necesitan apoyos puedan acceder a ellos en un plazo razonable”. Si bien es cierto que el sector está creciendo (Según la EPA, el empleo en cuidados aumentó un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, pasando de 386.900 a 421.200 puestos), el desafío sigue siendo considerable: es necesario seguir incorporando profesionales para garantizar una cobertura suficiente.

Del mismo modo, la PMP pone el foco en la necesidad de disponer de plantillas suficientes, formación adecuada, estabilidad y condiciones laborales dignas. En este sentido, Rodríguez ha recordado que “la calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan las personas que la prestan”. Por tanto, “mejorar el sistema de cuidados exige actuar a la vez sobre la disponibilidad de profesionales, su capacitación y sus condiciones de trabajo, así como avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado”.

Cuidar también a quienes cuidan

Asimismo, la Plataforma considera imprescindible que la transformación del sistema reconozca y apoye a quienes cuidan tanto en el ámbito profesional como el familiar. “La responsabilidad de los cuidados tampoco puede seguir recayendo como hasta ahora en las familias, ni seguir descansando mayoritariamente sobre las mujeres”, ha advertido Rodríguez, quien reclama apoyos y recursos efectivos para evitar que cuidar implique renunciar a la propia salud, al empleo o a la vida personal. Se debe reforzar el apoyo a las familias cuidadoras con formación, asesoramiento y recursos de respiro, y repartir la responsabilidad de los cuidados entre recursos públicos, privados, comunidad y familias.

Del reconocimiento de derechos a su aplicación efectiva

En definitiva, la entrada en vigor de la reforma abre ahora una fase decisiva: convertir los avances normativos en mejoras concretas para las personas. La PMP también ha valorado especialmente el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal y otros servicios de apoyo, así como una mayor flexibilidad para adaptar los cuidados a las necesidades y preferencias de cada persona.

Como ha señalado Rodríguez, “se trata de cambios muy relevantes porque pueden facilitar el acceso a apoyos y cuidados pertinentes y continuados a las personas y simplificar algunos trámites”. Por ello la Plataforma reclama a las comunidades autónomas diligencia y recursos suficientes para hacer efectivos estos avances.

Para comprobar que estos avances se producen de manera efectiva, la PMP considera necesario establecer objetivos concretos, indicadores públicos y mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación. La evolución de las listas de espera, la cobertura, la disponibilidad de profesionales y la calidad de los apoyos deben ser referencias fundamentales para evaluar el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos y comprobar que la financiación adicional genera mejoras concretas y verificables en la atención.

Finalmente, en palabras de Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, “la efectividad y aplicación real de la reforma aprobada depende de un pacto estatal en términos de gobernanza y coordinación interadministrativa, de manera que se simplifiquen y agilicen los procesos”. De esta manera, ha añadido, “podrá llegar a medirse su alcance en la vida cotidiana de las personas, que deben recibir los apoyos necesarios a tiempo, contar con profesionales suficientes y poder decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin que una situación de dependencia suponga renunciar a la autonomía, la dignidad o la participación social”.