Jesús Norberto Fernández: "Un país que empobrece a sus pensionistas está debilitando su propia base económica"

En un contexto de envejecimiento acelerado, aumento del coste de la vida y persistencia de desigualdades económicas, España afronta un reto estructural: garantizar pensiones dignas y un sistema de cuidados sostenible sin comprometer el crecimiento económico ni la cohesión social. La precariedad económica de parte de la población mayor tiene un impacto directo sobre el consumo interno, la estabilidad financiera y el equilibrio intergeneracional.

Por ello, Líder Actual entrevista a Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y con amplia experiencia en la planificación y gestión de programas para personas mayores en el IMSERSO, quien ofrece un análisis riguroso sobre las consecuencias macroeconómicas de la pobreza en la vejez, las brechas en el sistema de pensiones y las medidas necesarias para garantizar sostenibilidad fiscal, equidad territorial y oportunidades de empleo activo en un escenario de nueva longevidad.

El informe señala que aproximadamente la mitad de los pensionistas percibe ingresos por debajo del umbral de pobreza. Desde un enfoque económico, ¿qué efectos tiene esta vulnerabilidad sobre el consumo interno, el ahorro y la estabilidad del sistema financiero?

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), y a la vista de los datos aportados por el informe elaborado por la EAPN en 2024 así como de las proyecciones para 2025, debemos hablar de que un 36 % de las personas pensionistas se sitúa por debajo del umbral de la pobreza algo que no constituye únicamente una grave injusticia social, sino también un problema económico de primer orden.

Desde el punto de vista del consumo, los pensionistas destinan prácticamente todos sus ingresos a bienes y servicios básicos. Las pensiones actúan como un estabilizador automático de la economía. Cuando esas rentas son insuficientes, el consumo interno se resiente, se debilita la demanda y se frena la actividad económica, especialmente en los sectores locales y de proximidad. En términos de ahorro, la pobreza en la vejez es una pobreza estructural. Quien llega a la jubilación con ingresos insuficientes no tiene margen para ahorrar ni para hacer frente a imprevistos. Esto obliga a muchos hogares a "desahorrar" o a depender del apoyo familiar, trasladando la vulnerabilidad a otras generaciones y aumentando la desigualdad acumulada.

Finalmente, esta situación también tiene efectos sobre la estabilidad del sistema financiero, dado que una economía con amplias capas de población mayor en situación de fragilidad es una economía más inestable. La falta de ingresos suficientes incrementa el riesgo de impagos, reduce la confianza en el sistema y empuja a soluciones financieras privadas que no son viables para rentas bajas.

Por eso insistimos en que garantizar pensiones dignas no es un gasto improductivo, sino una inversión en cohesión social, crecimiento económico y estabilidad financiera. Un país que empobrece a sus pensionistas está debilitando su propia base económica.

La PMP reclama un Plan Estratégico para la "nueva longevidad". ¿Qué indicadores económicos deberían guiar este plan para asegurar que las políticas de pensiones y cuidados sean sostenibles a medio y largo plazo?

Para la PMP, un Plan Estratégico para la "nueva longevidad" no puede limitarse a una hoja de ruta meramente administrativa. Debe estar guiado por indicadores económicos claros, sólidos y orientados simultáneamente a la sostenibilidad del sistema de pensiones, al fortalecimiento del sistema sanitario y su coordinación con los servicios sociales, así como la decidida ampliación de los cuidados de larga duración y sin olvidar el resto de las áreas del bienestar y la participación efectiva de las personas mayores.

En primer lugar, y en línea con la pregunta anterior, es imprescindible contar con un conjunto de indicadores que midan la equidad y la cobertura del sistema: las tasas de pobreza entre pensionistas, las brechas de género en las pensiones y la proporción de personas mayores que viven por debajo del umbral de riesgo de pobreza.

Como venimos señalando, aproximadamente un tercio de los pensionistas percibe ingresos inferiores a 841 euros mensuales, una realidad marcada por profundas desigualdades, especialmente entre mujeres y entre distintos territorios. Medir estas brechas y actuar decididamente para reducirlas es una condición básica para que cualquier plan responda de verdad a la "nueva longevidad".

En segundo lugar, los indicadores de empleo y actividad económica de las personas mayores deben formar parte central de la evaluación estratégica. La sostenibilidad de un sistema público de pensiones depende, en buena medida, de la capacidad del conjunto de la población en edad laboral para cotizar.

En este sentido, organismos como la OCDE han subrayado que mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones laborales de las personas de mayor edad contribuye a reforzar la sostenibilidad del sistema y a aliviar las tensiones derivadas del cambio demográfico. Asimismo, resulta esencial incorporar indicadores relacionados con el sistema sanitario y de cuidados y atención a la dependencia, como la cobertura de los servicios de atención a largo plazo, su calidad y la disponibilidad de profesionales.

La ausencia de un sistema público de cuidados bien dimensionado, coordinado con el sistema sanitario y con enfoque territorial, incrementa la vulnerabilidad de las personas mayores y genera una carga económica y social que, a medio y largo plazo, resulta claramente insostenible.

Por último, el plan debe apoyarse en indicadores fiscales y financieros, como la capacidad de los fondos públicos para responder al cambio demográfico o la eficiencia en el uso de los recursos destinados a políticas de envejecimiento activo, salud y dependencia. Estos indicadores no solo permiten evaluar la sostenibilidad presupuestaria, sino también diseñar mecanismos de ajuste que preserven la equidad intergeneracional y contribuyan al crecimiento económico. 

En definitiva, un Plan Estratégico para la nueva longevidad debe basarse en un enfoque integral que combine sostenibilidad financiera, equidad social y calidad de vida. Desde la PMP defendemos de forma consistente que la justicia social y la cohesión intergeneracional son tan esenciales como los cálculos contables para garantizar, a medio y largo plazo, los sistemas públicos de pensiones, de salud y de cuidados, sólidos, justos y sostenibles.

La brecha de género en pensiones persiste. Desde el punto de vista del crecimiento económico y la productividad, ¿qué consecuencias tiene para la economía nacional que las mujeres mayores acumulen menor renta y patrimonio que los hombres?

La brecha de género en pensiones es la expresión final de una desigualdad estructural sostenida a lo largo de toda la vida. Como ha demostrado entre otros/as María Ángeles Durán, el sistema económico se ha construido sobre la apropiación invisible del trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por las mujeres, un trabajo imprescindible para sostener la vida y la economía, pero que no se reconoce ni se remunera.

Que las mujeres mayores acumulen menos renta y patrimonio no es una anomalía, sino el resultado lógico de un modelo que penaliza las trayectorias laborales interrumpidas por los cuidados y que traslada los costes del bienestar social a los hogares, y dentro de ellos, a las mujeres.

Esta desigualdad tiene consecuencias económicas claras: menos autonomía económica, menos capacidad de consumo y mayor riesgo de pobreza en la vejez, lo que debilita la demanda interna y empobrece al conjunto de la economía.

Además, esta brecha también supone una pérdida de productividad social, porque invisibiliza y devalúa aportaciones esenciales que, como recuerda Durán, si fueran contabilizadas, representarían una parte muy significativa del PIB. No reconocerlas implica aceptar un modelo de crecimiento que se sostiene sobre la desigualdad y la precarización femenina.

Además, esta situación incrementa la dependencia económica de las mujeres mayores y refuerza relaciones de desigualdad en la vejez, trasladando costes al sistema público y a las familias. Por eso, cerrar la brecha de género en pensiones no es solo una cuestión de equidad, sino una condición necesaria para un modelo económico más justo, más eficiente y más sostenible.

Garantizar pensiones dignas para las mujeres es reconocer su aportación histórica a la economía y avanzar hacia un sistema que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. Por ello, cerrar la brecha de género en pensiones no es solo una cuestión de justicia social, sino una decisión económica estratégica: mejora el consumo, refuerza la productividad y contribuye a un modelo de crecimiento más inclusivo y sostenible.

Los costes de vivienda, energía y cuidados presionan los ingresos fijos de los mayores. ¿Qué medidas fiscales o regulatorias podrían implementarse para aliviar esta presión sin comprometer la sostenibilidad del sistema de pensiones? 

Los costes de la vivienda, la energía y los cuidados están erosionando de forma creciente los ingresos fijos de las personas mayores y no mayores, con efectos que van más allá de lo económico: afectan a su dignidad, autonomía y bienestar cotidiano.

Los análisis sobre desigualdad y bienestar muestran que los sistemas fiscales y de prestaciones pueden marcar una diferencia real cuando se diseñan para proteger a quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, en lugar de impulsar solo incentivos generales que rara vez llegan a quienes más lo necesitan. 

Por ello, podrían plantearse medidas fiscales y regulatorias que actúen de forma directa y eficaz como: exenciones o reducciones fiscales específicas en el impuesto sobre la vivienda o tasas locales para pensionistas con bajos ingresos; bonificaciones en los suministros básicos (electricidad, gas, agua); o la regulación de precios y apoyos al acceso asequible en vivienda y/o refuerzos en las ayudas a cuidados y dependencia, garantizando así que tanto los servicios públicos como las prestaciones complementarias disminuyan la carga económica que enfrentan muchas familias y personas mayores y favoreciendo la permanencia en su entorno.

Propuestas como estas, no solo aliviarían la presión inmediata sobre los ingresos de las personas mayores, sino que también contribuirían a una sociedad más cohesionada y justa. La desigualdad, como subrayan los estudios de bienestar y política pública, no se combate con recetas generales, sino con acciones que reconozcan la diversidad de situaciones y respeten la autonomía de las personas. 

En definitiva, se trata de que las políticas fiscales y regulatorias se orienten a proteger a quienes más lo necesitan, evitando que factores como la vivienda, la energía o la falta de apoyos para los cuidados conviertan una renta fija, legítimamente ganada, en un patrimonio insuficiente para vivir con dignidad.

El debate sobre confrontación generacional se describe como "ficticio". En términos de política económica, ¿cómo se pueden diseñar medidas que favorezcan la equidad intergeneracional y a la vez incentiven el empleo juvenil y la productividad?

Como venimos sosteniendo, no se trata de enfrentar jóvenes y mayores, sino de construir un sistema que sea justo y sostenible para todos. Para ello, es fundamental garantizar pensiones dignas que aseguren la autonomía de las personas mayores, al tiempo que se promueven políticas que faciliten el empleo juvenil y la formación, favoreciendo trayectorias laborales estables y de calidad.

Asimismo, la inversión en servicios públicos, cuidados y atención a la dependencia beneficia a todas las generaciones: permite que los jóvenes accedan al empleo y reduce la carga sobre las familias, fortaleciendo la productividad y la cohesión social.

Unas políticas fiscales y redistributivas equilibradas aseguran que los recursos se compartan de manera justa, evitando que la carga del cambio demográfico recaiga de forma desproporcionada sobre las generaciones más jóvenes. De este modo, se construye un modelo económico y social sólido, inclusivo y verdaderamente intergeneracional, donde nadie queda atrás.

La atención a la autonomía personal y los cuidados de larga duración está subdesarrollada. ¿Qué impacto económico tendría una inversión estructural en servicios de cuidado, tanto en términos de empleo como de reducción de costes sociales asociados a dependencia y salud?

La inversión en atención a la autonomía personal y cuidados de larga duración no solo es una cuestión social, sino también una oportunidad económica clara. Los datos recientes del Ministerio de Derechos Sociales muestran que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ya presta más de 2,2 millones de prestaciones, con un 56 % en el entorno domiciliario, y ha aumentado el número de personas atendidas a 1,56 millones.

Esta expansión refleja una demanda creciente que puede transformarse en motor de empleo y crecimiento. Se estima que para mantener y ampliar la cobertura será necesario incorporar más de 260.000 profesionales de cuidados en los próximos años, lo que representa una oportunidad directa de generar empleo estable y de calidad, especialmente en sectores feminizados que históricamente han estado poco valorados y remunerados.

Además, un sistema de cuidados robusto permite reducir costes indirectos en salud y dependencia, al prevenir hospitalizaciones y sobrecargas familiares, liberando recursos públicos que pueden invertirse en inversión productiva o políticas de apoyo al empleo juvenil. Por tanto, fortalecer los servicios de cuidado no solo mejora la calidad de vida y autonomía de las personas mayores, sino que representa un sector estratégico de crecimiento económico, creación de empleo y eficiencia en el gasto público, con efectos positivos para el conjunto de la economía.

En el contexto de envejecimiento poblacional, ¿qué riesgos financieros corre el sistema de pensiones si no se adoptan políticas integrales que combinen revalorización de ingresos, eficiencia en los servicios y fomento del empleo activo?

Sin reformas que aseguren pensiones dignas, servicios públicos eficientes y empleo continuo, el sistema de reparto corre el riesgo de volverse financieramente insostenible, generar tensiones fiscales y aumentar la interdependencia económica entre generaciones.

Insistimos en que la alternativa no es recortar derechos, sino diseñar políticas que fortalezcan el empleo activo y la cohesión social, garantizando que las pensiones sigan cumpliendo su función de protección social sin erosionar las cuentas públicas ni el tejido productivo.

La PMP propone un enfoque holístico que combine pensiones, cuidados y servicios. Desde la óptica económica, ¿cómo se puede priorizar la inversión pública para maximizar el bienestar de las personas mayores sin comprometer la solvencia fiscal?

Desde la óptica económica, siguiendo la misma línea de las anteriores respuestas, queda claro que la longevidad puede convertirse en un motor de oportunidad si la inversión pública se orienta estratégicamente (priorizando pensiones dignas, servicios de cuidados y atención a la autonomía) se genera empleo estable, se reducen costes indirectos en salud y dependencia y se protege el poder adquisitivo de las personas mayores.

De este modo, se maximiza su bienestar y, al mismo tiempo, se potencia la actividad económica, el consumo y la productividad, garantizando la solvencia fiscal y fortaleciendo la cohesión social. Por ello, desde PMP insistimos en que invertir en pensiones, cuidados y autonomía de las personas mayores no es un gasto, es transformar la longevidad en empleo, consumo y crecimiento sostenible.

La desigualdad territorial en pensiones y servicios sociales se menciona como un desafío. ¿Qué estrategias económicas podrían reducir esta brecha y mejorar la eficiencia del gasto público en distintos territorios?

La desigualdad territorial en pensiones y servicios sociales sigue siendo un desafío que afecta tanto a la cohesión social como a la eficiencia del gasto público. 

Reducir la desigualdad territorial en pensiones y servicios públicos requiere transitar de un modelo de "gasto inercial" (repetir presupuestos año tras año) hacia una gestión basada en resultados y convergencia regional. Para que el gasto sea eficaz, no basta con "gastar más", sino con cerrar la brecha de eficiencia que, según el FMI, alcanza hasta el 30% en economías avanzadas.

La desigualdad en las pensiones suele ser el reflejo de una desigualdad previa en el mercado laboral (salarios más bajos en ciertas regiones). Es preciso mantener los incrementos de las pensiones mínimas y no contributivas, dado que las pensiones contributivas dependen de las cotizaciones históricas y elevar los niveles mínimos actúa como un suelo de protección que beneficia el proceso de convergencia territorial.

Para que los servicios públicos sean equitativos, es necesario que la "capacidad fiscal" de los territorios no determine la calidad de dichos servicios. Es necesario incrementar la financiación de la Ley de Dependencia por encima del 1% del PIB, reconvirtiendo el actual nivel acordado en auténticos fondos de nivelación y convergencia y reforzar los mecanismos de transferencia que compensen a los territorios con menor densidad de población o mayor envejecimiento, donde el coste de prestación por habitante es mucho más alto (el “coste de la insularidad” o la “dispersión”).

Además, proponemos establecer estándares mínimos de calidad y carteras de servicios comunes en toda España. El objetivo es que una persona dependiente en una zona rural de la "España Vaciada" reciba la misma intensidad de cuidado que alguien en una gran metrópolis.

Hay que implementar análisis sistemáticos para identificar duplicidades entre administraciones (local, regional, nacional). Esto permite reasignar recursos de áreas de bajo impacto a servicios críticos en zonas rezagadas y promover el uso de tecnologías permite prestar servicios avanzados (telemedicina, trámites digitales) en zonas rurales o aisladas, reduciendo los costes fijos de mantener infraestructuras físicas infrautilizadas.

Por ello, la PMP considera imprescindible retomar y profundizar este debate, avanzando en la financiación redistributiva, estándares mínimos homogéneos y priorización de inversión en territorios con menor cobertura, para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde viva, y asegurar así un uso equilibrado y eficaz de los recursos públicos en todo el país.

De cara a los próximos años, ¿qué cambios demográficos y económicos considera críticos para asegurar que el sistema de bienestar para mayores sea sostenible, equitativo y compatible con el crecimiento económico del país?

Mantener el Estado de Bienestar en un país con una pirámide poblacional invertida como España requiere una transformación estructural que deje de ver el envejecimiento como una "carga" y empiece a gestionarlo como un motor económico. Entre 2025 y 2045, el sistema recibirá la mayor presión histórica debido a la jubilación escalonada de la generación baby boom. La tasa de dependencia se disparará (se estima que llegará al 53% en 2050), lo que nos obliga a blindar el sistema público ahora.

Como presidente de la PMP, mi visión para los próximos años se centra en entender que no estamos ante una “·crisis de envejecimiento”, sino ante una nueva longevidad que requiere un cambio de paradigma estructural en España.

La clave para conciliar un Estado del bienestar reforzado con el crecimiento económico reside en un cambio de modelo productivo basado en la productividad, la longevidad activa y la sostenibilidad y progresividad fiscal.

Para lograr este equilibrio entre la protección de los mayores y la competitividad, proponemos una serie de ejes estratégicos:

En primer lugar, ante el desafío de la Longevidad hay que anticiparse y prepararse para el proceso acelerado del envejecimiento de nuestra sociedad en los próximos 20 años y verlo no solo como un coste, sino como una oportunidad si se adapta el mercado laboral. Proponemos asegurar la prolongación de la vida laboral más allá de los 55 años con recualificación permanente para que los trabajadores mayores sigan siendo competitivos, e incentivar la jubilación demorada de forma voluntaria y fomentar que las personas de más de 65 años sigan contribuyendo a la economía, reduciendo la brecha entre la edad real y la legal de jubilación.

En cuanto al crecimiento económico, debe estar basado en la productividad, para costear el incremento del gasto en pensiones, sanidad y cuidados (que se estima subirá significativamente para 2045), España debe "crecer mejor" y debe modernizar el tejido empresarial fomentando que las pymes crezcan en tamaño, ya que las empresas más grandes suelen ser más competitivas, exportan más y ofrecen mejores salarios.

Para asegurar la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar, debe rediseñarse para ser eficiente sin recortar derechos. Se propone una reforma fiscal profunda para equiparar la recaudación española a la media europea (aumentando la presión fiscal de forma progresiva) y combatir la economía sumergida.

En relación con el reto demográfico, este no se resuelve únicamente “teniendo más hijos/as”, ya que los efectos de un aumento de la natalidad no se reflejarían hasta dentro de al menos 20 años. Es imprescindible, además, una gestión eficaz de la población actual, mediante políticas públicas que incentiven de forma real y sostenida la natalidad. Estas deben incluir ayudas económicas directas y, sobre todo, garantizar una mayor estabilidad laboral que facilite la emancipación de los jóvenes y la posibilidad de desarrollar un proyecto vital y familiar.

Por otro lado, hay que consensuar y gestionar una adecuada gestión de las migraciones, porque la economía española necesita atraer talento extranjero de forma ordenada y legal para cubrir el vacío en la población activa. Se estima que el crecimiento de la población nacida en el extranjero es el principal factor que compensa la caída de la tasa de actividad. 

Por último, insistir en que debemos convertir la atención a mayores en un sector industrial potente. El cuidado de dependientes no debe ser solo gasto público, sino una fuente de empleo cualificado. En cuanto al sistema de cuidados de larga duración, debemos recordar que, por cada millón de euros invertido en atención a la dependencia, se estima la creación de más de 30 puestos de trabajo, con un retorno fiscal (vía impuestos y seguridad social) cercano al 60%.

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Esta entrevista ha sido realizada y publicada por el portal Líder Actual