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La PMP valora los avances en la creación de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación
Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas

Supone un primer paso en el avance de los trabajos hacia la constitución de la Autoridad Independiente de Igualdad de Trato y No Discriminación
La Plataforma de Mayores y Pensionistas y el conjunto de sus organizaciones, han valorado de forma positiva que desde el Gobierno se haya avanzado en la propuesta de nombramiento de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, para su remisión a las Cortes Generales.
En este sentido, la Plataforma ha recordado que, tal y como consta en la Ley 15/2022, de 12 de julio, dicho nombramiento deberá hacerse efectivo previa comparecencia ante las comisiones correspondientes del Congreso de los Diputados y del Senado, previo acuerdo a través de la Comisión competente y por mayoría absoluta, en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción correspondiente de esta comunicación emitida por el Consejo de Ministros. Por tanto, espera que el nombramiento propuesto pueda recabar el mayor apoyo parlamentario posible por parte del conjunto de las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras, para avanzar en la creación de esta tan necesaria Autoridad.
Para la PMP este nombramiento “será fundamental para avanzar en los trabajos preparatorios de los reales decretos necesarios para la creación de la Autoridad Independiente”, como son el correspondiente Real Decreto de Integración de Servicios; además de la posterior aprobación del Estatuto de la Autoridad. Estas son cuestiones que la Plataforma ha abordado en varias reuniones de coordinación mantenidas el pasado año con distintos departamentos responsables del Ministerio de Igualdad.
Hasta la aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, sobre igualdad de trato y no discriminación, España no tenía una legislación general contra la discriminación. Solo contaba con la prohibición general en la Constitución y leyes sectoriales que regulaban la discriminación en ciertos ámbitos y por motivos específicos. Tampoco existía un organismo de igualdad de trato que cumpliera con los estándares mínimos recomendados a nivel europeo e internacional.
La Ley 15/2022 establece un marco legal para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Promueve la aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. Además, proporciona herramientas efectivas para combatir la discriminación, como la discriminación por edad, que podría afectar a un gran porcentaje de la población en los próximos años debido al envejecimiento progresivo de nuestra sociedad.
Este organismo, además de ser un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, es fundamental para la aplicación de la Ley. Entre sus distintas funciones, es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de trato, de realizar investigaciones sobre la existencia de posibles discriminaciones de especial gravedad, de entablar acciones judiciales en los casos más graves de discriminación y de solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa.
Tal y como ha afirmado Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, para la población mayor “esta ley es esencial en la lucha contra la discriminación por edad y el edadismo”. Se trata de la única normativa vigente que incluye los “principios necesarios para promover cambios positivos y efectivos en la forma en que la sociedad se relaciona con las personas mayores”. Asimismo, permite establecer procedimientos administrativos para sancionar este tipo de discriminación.
Finalmente, Fernández ha recalcado que “la integración de la Autoridad Independiente es indispensable”, ya que es el órgano encargado de proporcionar información, atención integral y apoyo a las víctimas de discriminación e intolerancia. Esto incluye asesoramiento, asistencia sanitaria y medidas sociales para facilitar su recuperación integral, especialmente en casos de este tipo de discriminación.
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