El CERMI presenta un decálogo de propuestas en materia de accesibilidad y medio rural

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, denunció el “estado calamitoso” en el que, a su juicio, se encuentra la accesibilidad en el entorno rural y presentó un decálogo de propuestas en materia de accesibilidad y medio rural que “favorezca la fijación de la población”.

Esas propuestas pasan, entre otras, por “fortalecer” las políticas públicas de discapacidad en el medio rural y reservar para el medio rural “en exclusiva” una partida “específica” con un porcentaje de “al menos el 10%” del futuro fondo estatal de accesibilidad universal.

Así lo reivindicó en el transcurso de la conferencia marco que dictó en la jornada sobre ‘La accesibilidad universal: aliada para fijar la población en la España rural’, organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ofreció bajo el título ‘La accesibilidad en el reto demográfico’.

Durante su intervención, Pérez Bueno subrayó que casi un millón de personas con discapacidad viven en el medio rural en España, lo que representa el 20% de toda la población con discapacidad española, el 55% de las cuales son mujeres y el 37% tiene más de 80 años y, “en general”, presentan una baja tasa de empleo (24,3%) y una brecha educativa “significativa”, dado que solo un 11,8% posee estudios superiores.

En cuanto a su “percepción” de la calidad de sus condiciones de vida y ciudadanía, mencionó el “aislamiento”, el “menor grado” de acceso a bienes y servicios “determinantes de la participación e inclusión sociales” y la existencia de entornos “extendidamente no accesibles”, siendo, dentro de toda la cadena de accesibilidad, el factor transporte “con diferencia” el “más decisivo por su ausencia y por la importancia que tiene en los problemas de accesibilidad generalizados”.

“También hay una carencia generalizada de apoyos suficientes”, abundó, convencido de que esta situación “aboca” a estas personas a “mayor pobreza y exclusión” que puede derivar en una “presión de deslocalización” y una obligación de abandonar el medio rural ante las “menores expectativas y posibilidades de llevar una vida en condiciones dignas”.

Aspectos positivos

No obstante, Pérez Bueno reconoció que “no todo es carencia en el binomio ruralidad y discapacidad”, consciente de que “hay cosas buenas, incluso muy buenas, que podrían potenciarse y maximizarse”, en relación a las redes de apoyo “espontáneas, naturales, de solidaridad mutua que no se dan con ese grado de concreción y de elevación en el medio urbano”, con una “comunitarización” de los cuidados, que puede “paliar” la posible “ausencia de cuidados formales”.

Tras puntualizar que la noción de accesibilidad y la regulación en términos de derecho positivo de la accesibilidad universal “saldrá reforzada y mejorada” si la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad “termina materializándose”, tal y como el sector “espera” y a lo que el Cermi “contribuirá en la medida de sus posibilidades”, Pérez Bueno trató de ofrecer “un diseño de cuál es la situación de la accesibilidad en el medio rural en nuestro país” a partir de las conclusiones de un observatorio de accesibilidad de Fundación ONCE de 2021 sobre accesibilidad y medio rural e hizo referencia a las dimensiones del espacio público urbanizado, edificios de uso público y transporte, y concluyó que “la situación de las condiciones de accesibilidad universal en municipios rurales es de un déficit extremo” y “significativamente peor que en el entorno urbano”, que, a su entender, “tampoco es que sea un mundo ideal” que pueda ponerse como “paradigma de perfección” en este ámbito.

A este respecto, refiriéndose a un reciente informe del Cermi en esta área, lamentó que casi el 50% de la población con discapacidad residente en el medio rural “denuncia como primera carencia de accesibilidad la ausencia de medios de transporte accesibles” y más del 40% de los residentes en pequeños municipios que tienen discapacidad manifiestan “serias dificultades” a la hora de manejarse con “autonomía” en relación a las tecnologías de la información y la comunicación.

“Todo esto contribuye también a otro elemento que hoy ya forma parte de la agenda política y de la conciencia social, que son los elevadísimos niveles de soledad no deseada percibida que presenta este grupo de población”, abundó, al tiempo que indicó que la tasa en las personas con discapacidad es del 50,6%.

Junto a ello y pese a este “estado calamitoso de la accesibilidad en el entorno rural”, quiso señalar “algo positivo”, como es la “respuesta creativa” de las personas con discapacidad a la “adversidad” del entorno y su “resiliencia adaptativa” que les permite “manejarse, también en términos de accesibilidad, en un medio hostil, incluso hostigante contra las personas con discapacidad”.

Por todo ello, estimó que la accesibilidad o la ausencia de ella “podría tener un peso significativo” a la hora de “fijar o desfijar” población con discapacidad en el medio rural, consciente de que se trata de “un derecho llave, ese derecho puerta que abre al ejercicio efectivo de casi todo el elenco de derechos humanos que deberían estar garantizados para las personas con discapacidad”.

En este sentido urgió a “tenerla presente en todas las políticas, estrategias y acciones que lleva consigo el reto demográfico” y, a continuación, expuso el decálogo del Cermi de propuestas en materia de accesibilidad y medio rural que, de implantarse, permitiría “ir mejorando y favorecer la accesibilidad como un elemento que, a su vez, haga que la deslocalización o la atracción de nuevas poblaciones no sea algo quimérico”.

Como “primera medida”, recordó que, “con la normativa actual, todo tendría que ser accesible, también el medio rural, y cuán lejos estamos de ello”; razón por la cual advirtió de que las personas con discapacidad “no pueden confiar ni fiar su futuro de emancipación solo a la aprobación de leyes declarativas que están en los diarios oficiales, pero que no dan el paso”.

La segunda medida sería incorporar e “incardinar” la discapacidad y la accesibilidad “al resto de políticas” dado que “solo actuando desde la discapacidad o desde lo que se ha considerado habitualmente que son los contornos de las políticas públicas de la discapacidad no avanzaremos lo suficiente ni con la rapidez que el apremio de estas vidas bloqueadas, truncadas, de personas con discapacidad en el medio rural precisa”.

Como tercera medida, apostó por “fortalecer” las políticas públicas de discapacidad en el medio rural, “ruralizándolas” para que no sean “el mero trasplante, la mera transferencia de lo que se hace en el entorno urbano” y, como cuarta medida, urgió a “reconfigurar y reorientar” los fondos Feder para “adaptarlos a estrategias y acciones de accesibilidad y apoyos concomitantes en el medio rural con líneas específicas reconocibles”, que, a su entender, tienen que “teñirse de social, de accesibilidad”.

A su vez, incidió en la “necesidad imperiosa” de crear fondos económicos permanentes con una asignación mínima para la accesibilidad en todas las corporaciones locales y diputaciones para “promover estrategias de accesibilidad en los municipios rurales” y llamó a reservar también para el medio rural “en exclusiva” una partida “específica”, un porcentaje, “al menos del 10%” del futuro fondo estatal de accesibilidad universal.

Como séptima medida exigió desplegar “planes de choque” en pequeños municipios rurales a través, por ejemplo, de una estrategia nacional que permita dotar de “accesibilidad básica” a sus servicios esenciales.

En paralelo, pidió “mancomunar” los servicios esenciales, para lo cual insistió en la importancia de “asegurar redes de transporte accesible y asequible” y de “reconfigurar los servicios ya existentes”, haciendo “itinerantes los servicios públicos, los recursos y los servicios de apoyo”.

Por último, explicó que, para las personas con discapacidad y personas mayores con necesidad de apoyos sería “esencial” el hecho de “generalizar” el servicio de asistencia personal en el medio rural como el “más idóneo e indicado para suplir las carencias de apoyo y accesibilidad del entorno”, servicios “mucho más inclusivos y flexibles” que las residencias o centros de día.