La PMP llama a fortalecer el compromiso institucional de España en la elaboración de la futura Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores

La PMP celebró junto a la agencia de noticias Servimedia el diálogo ‘Los derechos de las personas mayores: hacia una Convención de la ONU’, durante el cual, su presidente, Jesús Norberto Fernández subrayó que el inicio del proceso de elaboración dicha Convención constituye “un momento histórico” y una oportunidad única para transformar la protección de los derechos de este grupo de población en todo el mundo.

En el debate, retransmitido en directo desde el estudio de Servimedia y moderado por el director general de la agencia de noticias, José Manuel Huesa, participaron la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez; el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; y la directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, Mª del Carmen Barranco.

Desde el inicio, el moderador subrayó la magnitud del reto que afronta Naciones Unidas: coordinar a decenas de países, abrir un proceso de negociación complejo y técnico y, finalmente, alumbrar un tratado vinculante que transforme la protección de derechos en todo el mundo. Recordó, además, cómo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 cambió radicalmente el marco jurídico internacional, y señaló que la nueva Convención aspira a generar un impacto similar en una sociedad global cada vez más envejecida.

“Un momento histórico largamente esperado”

Jesús Norberto Fernández abrió el debate destacando que la activación del proceso en Ginebra representa, para las organizaciones de mayores, “un momento histórico largamente esperado”. Explicó que las primeras sesiones de negociación ya han comenzado este 2026 y que continuarán en varias tandas a lo largo del año, con encuentros de cinco días en los que los Estados discutirán el contenido del futuro tratado.

Fernández recordó además que la resolución que autorizó la redacción de la Convención se aprobó en 2025 y que este año marca, por fin, el inicio efectivo del trabajo. También señaló que estos procesos son prolongados: “si la Convención sigue los tiempos de la de Discapacidad, podrían necesitarse entre cuatro y siete años”, aunque expresó el deseo de que pudiera estar lista en 2030.

Implicaciones jurídicas y administrativas de gran alcance

El presidente de la PMP insistió también en que la ciudadanía debe entender la magnitud del cambio que implicará este tratado. En sus palabras, “no se trata de un texto simbólico, sino de un instrumento jurídico que obligará a España a revisar su legislación en profundidad, desde los sistemas de cuidados y la dependencia hasta las pensiones, la sanidad, la accesibilidad o el Código Civil”. Subrayó que, cuando el Estado ratifique la Convención, todas las normas deberán interpretarse conforme al nuevo marco, lo que supone una transformación de alcance tanto jurídico como administrativo. Añadió que será imprescindible explicar a la sociedad que esta Convención “no pertenece al ámbito abstracto de la ONU, sino que afectará directamente a la vida cotidiana, al reconocimiento de derechos, al acceso a servicios, a la no discriminación y a la autonomía de las personas mayores”.

Al abordar el papel de España, Fernández destacó el giro positivo que ha dado el país en los últimos años. Recordó que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Asuntos Exteriores han incorporado la Convención como prioridad en la política internacional, y que España forma parte del grupo de 14 Estados de la Unión Europea que apoyan decididamente el proceso. Aun así, subrayó que Europa “no presenta una posición unánime y que persistirán resistencias en algunos países”, especialmente aquellos que temen el impacto financiero o administrativo que puede suponer la futura Convención. Aun así, se mostró confiado en que España siga ejerciendo un papel de liderazgo técnico y diplomático.

Europa no tiene una posición común

Isabel Martínez retomó esta cuestión aportando la perspectiva internacional de HelpAge. Señaló que, aunque se ha avanzado notablemente en los últimos años, la Unión Europea sigue dividida ante este proceso y será necesario intensificar la incidencia política para lograr un respaldo más amplio. Explicó que todavía existen gobiernos reacios al instrumento, algunos por motivos económicos, otros por la tendencia actual a cuestionar los mecanismos multilaterales y el papel de la ONU. Martínez subrayó que este contexto hace aún más urgente defender la necesidad de la Convención, especialmente en un momento en el que las políticas sociales están perdiendo peso en la agenda europea. Defendió, además, que este instrumento “es imprescindible para combatir el edadismo, cambiar la mirada hacia la vejez y garantizar que las personas mayores puedan exigir la protección de sus derechos en caso de vulneración”.

La presidenta de HelpAge insistió también en que la longevidad es un fenómeno global. Las demandas de las personas mayores en Europa, América Latina, África o Asia, dijo, son sorprendentemente similares, y por ello “un marco universal puede ayudar a impulsar cambios en todos los países”. Para ilustrar esta dimensión global, recordó que regiones como América Latina o África han ido por delante en el desarrollo de tratados regionales sobre derechos de las personas mayores, mientras que países desarrollados de Europa continúan mostrando reservas. Esta paradoja, añadió, demuestra que “el avance normativo no siempre depende del nivel de desarrollo, sino de la voluntad política”.

La jurista María del Carmen Barranco reforzó esta reflexión con una explicación detallada del valor jurídico del tratado. Barranco enfatizó que “las declaraciones internacionales no generan obligaciones, pero las convenciones sí”. La mera ratificación del instrumento obligará al Estado español a evaluar periódicamente el cumplimiento de los derechos, a establecer mecanismos de seguimiento independiente y, si así lo decide, a permitir que las personas mayores presenten reclamaciones individuales ante el órgano internacional correspondiente. Explicó que la futura Convención permitirá interpretar la Constitución y todas las leyes españolas conforme a sus principios, un cambio que ya se ha producido con la Convención de Discapacidad. Esta transformación, señaló, “será clave para combatir el edadismo normativo, cultural y social, y para visibilizar vulneraciones cotidianas que hoy permanecen normalizadas”, como la falta de autonomía en la atención residencial o las dificultades de acceso a derechos básicos.

Barranco también advirtió de que la actual fragmentación legislativa es uno de los mayores problemas del sistema español de protección de los derechos de las personas mayores. La combinación de dispersión normativa y de una estructura territorial compleja provoca desigualdades entre territorios y dificulta la garantía efectiva de derechos. La Convención, sostuvo, “ayudará a establecer un marco común”, obligará al Estado a coordinar políticas y reforzará la visibilidad jurídica de las personas mayores como sujetos de derechos fundamentales.

Necesidad de una Ley Integral

El debate se adentró posteriormente en una cuestión estratégica para la PMP: la necesidad de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores en España. Fernández recordó que la Plataforma lleva una década reclamando esta norma y que en los próximos meses presentará un anteproyecto propio a los grupos políticos. Hizo hincapié en que la reforma del artículo 50 de la Constitución es también imprescindible, pues su redacción actual “tiene un enfoque asistencialista superado y no refleja la participación, la autonomía ni la ciudadanía activa de las personas mayores”. Barranco coincidió en que el artículo 50 “no resiste una lectura de derechos humanos” y que su actualización será necesaria si España quiere alinearse con los principios de la futura Convención.

El encuentro concluyó con una reflexión compartida por los tres ponentes: la Convención no solo transformará las leyes, sino que servirá para cambiar la mirada colectiva hacia el envejecimiento. España, dijeron, vive un momento decisivo. El país cuenta con capacidad, experiencia y legitimidad para desempeñar un papel de liderazgo en Naciones Unidas, y también para iniciar una transformación interna que sitúe a las personas mayores en el centro de los derechos humanos.

Jesús Norberto Fernández cerró el debate recordando que esta Convención “es una oportunidad histórica que debemos aprovechar”, y que su aprobación marcará un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores en todo el mundo. Con este mensaje, la PMP reafirmó su compromiso de seguir impulsando, acompañando y participando activamente en el proceso internacional que ahora comienza, con el objetivo de que la Convención se convierta en una realidad lo antes posible.