"Me motiva trabajar por las personas más débiles, ser un ‘abogado de pobres’ y de causas inicialmente perdidas"

Incansable defensor de los derechos de las personas con discapacidad, ha sido honrado con el prestigioso galardón del Foro Justicia y Discapacidad. Con más de 30 años de dedicación en Fundación ONCE y CERMI, su trayectoria es un testimonio de compromiso y lucha por la justicia y la igualdad. Este reconocimiento no solo celebra sus logros personales, sino también su impacto profundo en la vida de muchas familias. En esta entrevista, comparte sus motivaciones, desafíos y sueños por un mundo más inclusivo.

¿Qué significa para usted recibir el galardón 'A una trayectoria personal’?

Es un orgullo ser acreedor de este Premio, pues reconoce el trabajo profesional de toda una vida en favor de un colectivo vulnerable como son las Personas con Discapacidad y sus Familias. De otro lado es un reconocimiento a todos los Operadores Jurídicos y Juristas de todo tipo y condición.

¿Qué le motivó inicialmente a dedicarse a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad?

Trabajar por las personas más débiles. Cómo se decía antes: ser un “abogado de pobres” y de causas inicialmente perdidas; hay situaciones humanas tendentes a la injusticia, que con ingenio y constancia pueden revertirse, logrando que la balanza se incline a favor de los que sufren desigualdades, para lograr su inclusión social. La litigación estratégica es un elemento fundamental para avanzar en la aplicación práctica de los derechos reconocidos por las Leyes. 

Mi experiencia como directivo de Fundación ONCE (más de 30 años) y de director de los Servicios Jurídicos del CERMI (más de 20 años) han marcado mi devenir personal y profesional, sin lugar a dudas.

A lo largo de su carrera, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que ha enfrentado en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad? Y de qué logro/s se siente más orgulloso de haber formado parte.

Es un largo elenco de acciones que han jalonado mi vida. Las citaré a “vuelapluma”. Haber participado en la elaboración de la norma que derogó el término “subnormalidad” en el ordenamiento jurídico español, recién nombrado Subdirector General de Estudios y Normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1983); trabajar en el desarrollo reglamentario de la LISMI, década de los 80; proponer – con otros compañeros – la LIONDAU (Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (2003); el impulso de la Convención (2006) y de cuantas acciones normativas se han derivado de ella; participar en el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (2013); la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (2021), trabajo que nos llevó varios años –una década diría– en la Comisión Jurídica del Real Patronato de la Discapacidad, y por supuesto mi modesta colaboración en la reforma del artículo 49 de la Constitución. En el ámbito comunitario también he participado en diversas Directivas y Reglamentos relacionados con las personas con discapacidad, que por no ser prolijo, no cito.

Usted jugó un papel relevante en la negociación del contenido del la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Podría compartir con nosotros cómo fue ese proceso y cuáles fueron los principales obstáculos y logros?

Constituimos con el CERMI un amplio Grupo de Trabajo en el Real Patronato de la Discapacidad con una amplia Comisión (de la Academia, la Administración y del Movimiento Asociativo y Corporaciones profesionales del ámbito jurídico), donde elaboramos propuestas concretas para fijar la posición de los entonces 28 Estados Miembros de la Unión Europea a través del Gobierno Español. Conseguimos desatascar varios Artículos e impulsar algunos nuevos de gran interés.

Ver el libro: Cabra de Luna, Miguel A., Bariffi, F. y Palacios, A.: Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad: La Convención Internacional de Naciones Unidas, Editorial Fundación Ramón Areces, Madrid, 2007.

El principal escollo en el proceso de la Convención fue que el artículo 12 de la Convención, referente al “Igual reconocimiento como personas ante la Ley”, al que varios Estados se oponían como el Vaticano y determinados países árabes, que finalmente apoyaron su actual redacción, lográndose finalmente un consenso.

También fue decisiva la posición de Estados Unidos, cuya negativa inicial, varió tras la intervención decidida, ante su hijo, de la madre del presidente Bush, Jr. a instancias de Luis Gallegos Chiriboga, presidente sobre los debates sobre la Convención en Naciones Unidas y ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador.

En fin, que fue un duro e interesantísimo proceso que ha significado muchos avances a favor de las Personas con Discapacidad y su Familias.

¿Cómo ha visto evolucionar la implementación de esta Convención en España desde su ratificación en 2008?

Lo primero que hicimos fue analizar el impacto de la Convención en nuestro ordenamiento jurídico a través de Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III (hoy denominado “Gregorio Peces Barba”) en un Informe de varios volúmenes que, financiado por Fundación ONCE y el Plan de I+D+i, le fue entregado a la Presidencia del Gobierno y que sirvió de guía para el Informe definitivo que aprobó el Consejo de Ministros y que posteriormente pasó por las Cortes.

Este informe que hacía propuestas concretas normativas, sirvió de base para la modificación de todas las leyes y normas reglamentarias contrarias a la Convención.

El artículo 12 de la Convención de la ONU ha sido una pieza clave en su trabajo. ¿Por qué considera tan importante el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad?

Es el nudo gordiano de la Convención en los países occidentales, que habían avanzado mucho en prestaciones y en la no discriminación, pero nada en el ejercicio de los Derechos Civiles de las Personas con Discapacidad, basándose en viejas concepciones derivadas del Derecho Romano que conceptuaba a aquellas como “capitidisminuídas”.

¿Cómo ha impactado la Ley 8/21 de reforma de la legislación civil y procesal en el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica?

Ha impactado de lleno en la vida de las personas con discapacidad, que tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y a su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de su vida, dejando de ser considerados “incapacitados”, sometidos a la tutela de una tercera persona que sustituía su voluntad.

Ahora las Administraciones Públicas han de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las personas con discapacidad tienen derecho a su autonomía, a trabajar y a vivir su vida de una forma independiente, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero.

En definitiva, derecho a regir sus vidas con los apoyos necesarios. Son personas con plenitud de derechos, no “un cero a la izquierda”.

Sin embargo hay que criticar contundentemente que han surgido determinadas posiciones reglamentarias restrictivas en España en las Administraciones de la Seguridad Social (prestación familiar con hijo a cargo mayor de edad) y del ámbito tributario (deducciones en el IRPF) que están cercenando la cabal aplicación de la Ley, produciendo “daños colaterales”, (como se dice en los conflictos bélicos “fuego amigo”, que a veces es el peor), que implican el vaciamiento de lo establecido por el legislador, produciendo efectos perversos muy negativos para las personas con discapacidad y sus familias, condenándolas a la pobreza y a la desprotección social, impidiendo su vida independiente de una forma injusta y contraria a los mandatos de la Ley.

Una vez más el ahorro de gasto público, está generando un retroceso inaudito en la aplicación de la ley. Espero podamos revertir pronto los efectos de esta interpretación torticera tan perjudicial para las personas con discapacidad y sus familias.

Usted está vinculado al campo del tercer sector y la economía social. ¿Cuál es la importancia de estos sectores en la inclusión y apoyo a las personas con discapacidad?

Son sectores de gran importancia, que suponen procesos de “autogestión social”, claves para la inclusión y el apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.

El grito de muchos padres “¿y después de nosotros qué?” no debe quedar sin respuesta. Todos estamos concernidos.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus principales objetivos y proyectos para continuar mejorando la vida de las personas con discapacidad?

Hoy el gran reto es el cumplimiento efectivo de los derechos. Hemos dado un gran salto adelante, desarrollando un “cuadro de derechos” impresionante, pero hemos de poder ejercitarlos con plenitud. Como decimos los juristas: “El papel del BOE lo aguanta todo”. Hemos de pasar de la proclamación de derechos, a los hechos cotidianos. Todos, sin excepción, estamos obligados a cumplir las Leyes en sus justos términos. Hay que perseverar en la defensa y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Hay un reto adicional en las actuales circunstancias: dos terceras parte de las personas con discapacidad son mayores de 65 años (porcentaje que se irá incrementando paulatinamente con el trascurso del tiempo) y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre las necesidades presentes y futuras del colectivo. La convergencia y alianzas del Movimiento Asociativo de las Personas con Discapacidad con las Organizaciones de Mayores y Pensionistas es evidente.

Ver el libro: García Bilbao, A., Pérez Sánchez, P.: Las Personas con Discapacidad Mayores en España. Grupo Editorial Cinca. Colección CERMI, Madrid, 2023.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las instituciones y a la sociedad en general sobre la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué consejo les daría a las nuevas generaciones de juristas y activistas que desean trabajar en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad?

Los avances sociales son posibles y necesarios. Hay que seguir peleando sin excluir a nadie. Pueden producirse recortes y retrocesos y no podemos permitirlos. Los derechos de las personas con discapacidad y sus familias pertenecen al núcleo duro del Estado del Bienestar y así hay que ponerlos en valor de una forma permanente.

La calidad democrática de nuestra sociedad se mide por este tipo de indicadores, que hay que preservar. Les deseo a las nuevas generaciones de juristas y activistas que tengan valores y arrojo para consolidar y seguir progresando en pro del colectivo, con pasión, constancia y talento, sin olvidarse de los demás grupos sociales, que también han de ser tenidos en cuenta con un enfoque solidario.