Más de un tercio de los hogares españoles se encuentran en edificios poco o nada accesibles

OTIS, en colaboración con ILUNION Accesibilidad, han presentado el estudio ‘Más allá del ascensor. Movilidad accesible y barreras en edificios y viviendas’, que combina diferentes perspectivas de análisis sobre esta realidad.

El Informe parte de la revisión de estudios previos y del análisis de fuentes estadísticas, integrando las experiencias y problemática de las personas que se encuentran con dificultades para salir de sus viviendas a través de una aproximación cualitativa. Incluye, además, entrevistas con profesionales, una entidad asociativa y responsables de políticas públicas.

“La eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad son una parte fundamental de nuestra actividad, por eso hemos querido llevar a cabo este informe, para ofrecer una visión real del parque de viviendas en España. El ascensor se sitúa como un elemento clave para la accesibilidad, pero por sí solo resulta insuficiente: aún con ascensor, se pueden presentar diferentes barreras, no solo arquitectónicas, sino también actitudinales”, ha afirmado João Penedo, consejero delegado de Otis Mobility S.A. durante el acto de presentación del estudio. “El estudio nos muestra claros ejemplos del impacto que esto tiene sobre la vida de las personas y lo importante que es de cómo entre todos debemos trabajar para mejorar la situación”.

Por su parte, Patricia Otero, directora de experiencia de cliente de ILUNION y directora de ILUNION Accesibilidad, ha señalado en el evento que “la falta de accesibilidad afecta directamente a la calidad de vida de millones de personas en nuestro país que cuentan con alguna discapacidad; supone un riesgo y sobreesfuerzo físico diario, así como una privación de derechos en el que debería ser el lugar más seguro para una persona. Esto se traduce en un mayor sentimiento de frustración y eleva el riesgo de aislamiento social de un colectivo vulnerable”.

Factores clave: antigüedad de las viviendas y nivel de ingresos

Actualmente, el 34,3% de las viviendas principales se encuentran en edificios que los residentes no consideran de fácil acceso, y solo el 20,8% de las viviendas están preparadas para las condiciones propias del envejecimiento. Dos factores resultan determinantes en la probabilidad de que el edificio sea considerado accesible por sus residentes: la antigüedad de la construcción y el nivel de ingresos.

Respecto al primero de estos factores, la falta de accesibilidad es más común en los edificios construidos entre 1951 y 1980 que no tienen ascensor. En los bloques de pisos, el 47,1% de las viviendas en edificios construidos antes de 1951 tienen ascensor, porcentaje que aumenta hasta el 92,3% para los edificios construidos después de 2010. Aun así, en cuanto a la “accesibilidad legal”, un 9,8% de los edificios residenciales construidos después de 2010 se perciben como no accesibles, porcentaje que asciende al 28,7% entre los unifamiliares. El conocimiento disponible indica que los incumplimientos de la accesibilidad legal se encuentran aún más extendidos.

Por otro lado, cuanto mayor es el nivel de ingresos, mayor es la percepción de accesibilidad de las viviendas situadas en bloques de pisos. En estos, la proporción de viviendas situadas en edificios con ascensor es del 57,6% cuando los ingresos mensuales netos del hogar son inferiores a 1.000 euros. Este porcentaje asciende al 82,8% para los hogares con ingresos netos superiores a 2.500 euros mensuales. En contrapartida, en las viviendas unifamiliares (chalets, adosados, etc.), la accesibilidad empeora en las viviendas construidas entre 1981 y 2010, en relación a otras más antiguas.

El régimen de tenencia es también otro factor clave. Los hogares en bloques de viviendas de tres y más alturas en régimen de alquiler tienen ascensor en un 62,7% de los casos, por debajo de las viviendas en propiedad. También se observa que, la probabilidad de que el edificio sea considerado accesible aumenta conforme lo hace el tamaño del municipio donde está situado.

Personas mayores y con discapacidad, las más afectadas

En cuanto a grupos demográficos más afectados, en torno al 30% de la población de más de 65 años vive en bloques de viviendas sin ascensor, generando una importante barrera de movilidad y autonomía en el día a día de estas personas. Respecto a las diferencias de género, las mujeres tienen más probabilidades de experimentar limitaciones graves en su actividad diaria relacionadas con la accesibilidad, por su mayor esperanza de vida. Además, también enfrentan en mayor medida estas barreras, dado que también son las principales responsables de tareas de cuidado.

Además, casi un millón de personas con discapacidad (el 22,5%) han realizado adaptaciones en su vivienda, edificio o en el entorno próximo para facilitar la accesibilidad; y 285.000 (el 6,6%) han tenido que cambiar de vivienda por motivo de su discapacidad. Cien mil de ellas lo hicieron para evitar las barreras de acceso que tenían en su anterior domicilio. El principal problema se encontraba en el portal del edificio, escaleras, ascensor y garaje.

El estudio recoge también el análisis realizado por expertos de colegios de arquitectura, del sector empresarial, de entidades representantes de personas con discapacidad y de responsables de políticas públicas de vivienda y rehabilitación. Todos ellos coinciden en los avances llevados a cabo en los últimos años, pero señalan en que persisten carencias en el parque de viviendas mayoritario, construido con anterioridad al Código Técnico de Edificación y su modificación de 2010, que introdujo cambios en la normativa de accesibilidad.

El consultor social de ILUNION Accesibilidad y coordinador e investigador principal del estudio, Luis Bascones, ha afirmado que “si bien el marco legal presenta avances como la exigencia de accesibilidad en la nueva construcción y en el parque de viviendas actual, la propia Ley de Propiedad Horizontal presenta aspectos controvertidos, como la posibilidad por parte de las comunidades de paralizar reformas si se supera el límite de 12 mensualidades”.

Algunos de los puntos más criticados en cuanto a la oferta de ayudas son la falta de conocimiento sobre las mismas, los criterios planteados o la complejidad y dilatación en el tiempo de los trámites. Una alta proporción de las personas consultadas ha experimentado dificultades y demoras, y considera que se piden requisitos muy exigentes y complejos. En consecuencia, resulta difícil de captar, comprender y alcanzar un criterio para la toma de decisiones en comunidades de vecinos. A ello se suma que, a menudo, las comunidades de vecinos o propietarios no comparten la prioridad de hacer accesibles los edificios y lo ven como un gasto excesivo.

Diferencias entre Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas con más viviendas principales en edificios de fácil acceso son País Vasco (73,3%), Navarra (72,9%), Asturias (72,4%), La Rioja (72%) y Castilla y León (70,3%). En contraste, Canarias, Ceuta y Baleares tienen menos del 60% de viviendas en edificios de fácil acceso.

Respecto al acceso al ascensor, Asturias (16,6%), Navarra (17,8%), La Rioja (18,7%) y Aragón (19,9%) tienen la mayor proporción de viviendas en bloques de tres o más alturas con presencia de este elemento. También destacan las ciudades con más de medio millón de habitantes (19,1%), los edificios construidos después de 2010 (5,5%), las viviendas compradas, tanto con pagos pendientes (20,7%) como totalmente pagadas (21,0%), y los hogares con ingresos mensuales netos superiores a 2.500 euros (14,9%). Por el contrario, Canarias (45,3%) y Baleares (43,5%) tienen las mayores proporciones de viviendas en bloques de tres o más alturas sin ascensor. Esto también ocurre en municipios con menos de 50.000 habitantes (38,3%), edificios construidos antes de 1951 (46,5%), viviendas heredadas o donadas (39,5%), y hogares con ingresos mensuales netos inferiores a 1.000 euros (38,0%).

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