La MERP y el Pacto de Toledo debaten sobre el blindaje constitucional de las pensiones en el Congreso de los Diputados

La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados acogió un debate impulsado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo. El objetivo del encuentro fue avanzar en el blindaje constitucional de las pensiones y reforzar las garantías del sistema público como pilar del Estado del bienestar y de la solidaridad entre generaciones.

La jornada reunió a juristas, representantes políticos y organizaciones sociales, y puso de manifiesto que convertir las pensiones en un derecho fundamental es una reforma técnicamente viable siempre que exista voluntad política. A lo largo del debate se insistió en la necesidad de combatir los discursos que cuestionan la sostenibilidad del sistema público y en la importancia de ofrecer certezas a la ciudadanía frente al “negocio del miedo” en torno al futuro de las pensiones.

Doce años de trabajo y un amplio respaldo social

La apertura del diálogo corrió a cargo de Sara García, portavoz de la MERP, quien recordó que la plataforma suma ya más de 530 entidades de muy diversa índole, desde sindicatos hasta asociaciones vecinales, culturales y organizaciones sociales. Subrayó también el respaldo ciudadano expresado a través de 2,6 millones de firmas recogidas en apoyo al blindaje de las pensiones. 

García incidió en la idea de que en España “hay 49 millones de pensionistas”, al incluir no solo a quienes ya perciben una pensión, sino también a quienes lo harán en el futuro. Con este enfoque quiso enfatizar que la defensa del sistema público no concierne únicamente a las personas mayores, sino al conjunto de la sociedad, y reclamó una implicación activa de la juventud para desactivar cualquier intento de enfrentar generaciones.

El sistema público, en el centro del Estado del bienestar

En el saludo institucional, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la diputada socialista Mercè Perea, definió el sistema público de pensiones como un “activo económico redistributivo de primera magnitud”. Alertó sobre las “amenazas sibilinas” que buscan orientar el modelo hacia sistemas privados y defendió la importancia de la transparencia y el rigor informativo para reforzar la confianza de las generaciones más jóvenes en el sistema.

Perea agradeció el trabajo sostenido de la MERP desde su constitución en 2013 y valoró especialmente la apuesta de la plataforma por informar a la ciudadanía y por evitar que se consolide un clima de desinformación interesada sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas.

Una propuesta jurídicamente viable para el blindaje

La mesa de expertos ofreció las claves técnicas para hacer posible el blindaje. El catedrático de Derecho del Trabajo, José Luis Tortuero, defendió que el sistema público de pensiones es el “centro neurálgico” del Estado de bienestar y forma parte del “ADN individual y colectivo” de la sociedad. A su juicio, las garantías actuales en la Constitución son insuficientes y es necesario reforzar explícitamente el sistema de reparto y la participación económica del Estado para asegurar su sostenibilidad a largo plazo.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, planteó una vía concreta para mejorar la protección sin necesidad de recurrir a una reforma constitucional agravada. Propuso modificar el artículo 53 de la Constitución para otorgar a las pensiones el mismo nivel de protección que a los derechos fundamentales. Esto permitiría su exigibilidad directa ante los tribunales y abriría la puerta al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de vulneración. López Garrido insistió también en que la Constitución debe garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, especialmente frente a episodios de alta inflación.

Posicionamientos políticos en el marco del Pacto de Toledo

Los portavoces de los grupos presentes en el Pacto de Toledo expusieron sus posiciones en torno al blindaje constitucional. La diputada socialista Ana Cobo recordó que esta medida ya formaba parte del programa electoral del PSOE en julio de 2023 y explicó que las reformas adoptadas en los últimos años se han centrado en reforzar los ingresos del sistema —a través de las cotizaciones y de la cuota de solidaridad— para afrontar el reto demográfico del baby boom sin necesidad de recortar prestaciones.

El diputado del Partido Popular, Miguel Ángel Paniagua, ratificó el compromiso de su formación con el Pacto de Toledo, aunque expresó dudas sobre si la mera incorporación de las pensiones a la Constitución garantiza su efectivo cumplimiento, citando como ejemplo el derecho a la vivienda. Aun así, se mostró dispuesto a seguir debatiendo cómo articular un blindaje que sea realmente operativo y eficaz. 

Águeda Micó, representante de Compromís, insistió en que el blindaje jurídico debe ir necesariamente acompañado de una sólida sostenibilidad económica. Defendió una reforma fiscal ambiciosa que grave los beneficios récord de la banca y las grandes fortunas, como vía para financiar un sistema público robusto. Asimismo, alertó sobre los “metarrelatos” que tratan de enfrentar a jóvenes y mayores, y reivindicó el sistema de pensiones como un mecanismo clave de redistribución de la riqueza.

Brecha de género, viudedad y situaciones de injusticia acumulada

En el turno de preguntas, representantes de distintas organizaciones trasladaron al panel político y técnico preocupaciones concretas. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, preguntó por la posibilidad de incluir formalmente el debate sobre el blindaje constitucional en la próxima renovación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. 

José Luis Fernández, presidente de CEOMA, defendió la sostenibilidad del actual nivel de gasto en pensiones sobre el PIB y reclamó la creación de un grupo de trabajo específico para abordar la reforma constitucional. En el ámbito de la igualdad, María del Mar, representante de Kellys Unión, denunció la brecha de género en el sistema, recordando que el 70 % de las pensiones más bajas corresponden a mujeres y pidiendo una atención especial a colectivos vulnerables como las camareras de piso o las personas LGTBIQ+.

También tomó la palabra Elena de León, de Internacional Feminista, quien criticó la discriminación que sufren las parejas de hecho en el acceso a las pensiones de viudedad y exigió las mismas condiciones que para el matrimonio. A su vez, Elena, de Asjubi40, expuso la situación de alrededor de 900.000 personas penalizadas de por vida pese a haber cotizado más de 40 años, una realidad que calificó de injusticia que el sistema debe corregir. 

Cohesión social y administración de la riqueza

En la parte final del acto, el coportavoz de la MERP, Joanen Cunyat, recordó la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución —referido a los derechos de las personas con discapacidad— como ejemplo de que es posible alcanzar amplios consensos sociales en materia constitucional cuando existe un objetivo compartido. Subrayó que “riqueza hay”, citando el crecimiento del PIB, y señaló que el verdadero debate reside en cómo se administra esa riqueza para garantizar derechos como las pensiones públicas. 

El encuentro concluyó con la idea común de que el blindaje constitucional de las pensiones es una herramienta clave para ofrecer certezas y seguridad a la ciudadanía y para reforzar la cohesión social entre generaciones, más allá de las diferencias ideológicas. En el cierre, Sara García agradeció la participación de ponentes y asistentes y reafirmó el compromiso de la MERP de seguir trabajando, en diálogo con los grupos parlamentarios, para que el blindaje de las pensiones sea una realidad en futuros acuerdos.

Puede accederse al video completo del debate en este enlace.