La Dirección General de Gobernanza Pública presenta los avances de sus convenios con diferentes organizaciones para lograr la reducción de las cargas administrativas

Desde la puesta en marcha en 2008 del Plan de Acción para la Reducción de Cargas Administrativas, la Administración General del Estado ha potenciado la participación del sector empresarial y social en la política de reducción de cargas administrativas, a través de la firma de convenios con organizaciones empresariales y entidades representativas del tejido social.

Mediante estos convenios, se vienen detectando y abordando cargas administrativas susceptibles de ser reducidas en procedimientos gestionados por diferentes departamentos ministeriales y organismos públicos vinculados o dependientes de los mismos.

La experiencia positiva de los años anteriores, impulsaron a continuar con la firma de estos acuerdos de colaboración en 2023, aumentando la cifra de entidades con las que se firma convenio hasta siete. Ese año se incorporaron, como novedad, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Una vez más, los convenios en su anualidad de 2023 han permitido la celebración de jornadas con empresarios y entidades representantes de distintos sectores sociales y puntos de la geografía española. En dichos encuentros sus asistentes, con la intermediación de las organizaciones firmantes, han tenido la oportunidad de trasladar directamente a la Administración Pública, a través de representantes de la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuáles son las barreras de carácter administrativo más importantes que encuentran, así como sus propuestas de solución y la puesta en común de buenas prácticas. En la elaboración del V Plan de Gobierno Abierto estarán presentes, por tanto, las futuras reuniones y encuentros, así como sus resultados, que se realicen en futuros ejercicios.

Propuestas de la PMP

PMP considera el convenio como un fundamental instrumento de colaboración. Siendo su primer año, resalta que el convenio no es solo una oportunidad de mejora de los servicios: es un vehículo para garantizar los principios y derechos de colectivos con necesidades específicas, como son las personas mayores y con discapacidad mayores. Según sus datos, una de cada tres personas mayores ha percibido un trato deficiente por parte de la administración pública en el pasado, y uno de cada dos dicen lo mismo de servicios prestados por entidades privadas.

En este sentido, cabe destacar que la PMP presentó un total de diez propuestas en el marco de este convenio, de las cuales, en el informe de resultados constan nueve como ya implantadas en la actualidad. Entre los temas abordados en dichas propuestas destacan: 

• Unificar en una misma modalidad de aplicación de apoderamientos todos los trámites con la Administración, tanto estatal como autonómica y municipal.
• Actualización en la tarjeta sanitaria de las enfermedades y tratamientos importantes a tener en cuenta si la persona se encuentra desplazada fuera de su domicilio y no puede acudir a su hospital de referencia.
• Acceso y homogeneización de toda la información médica de la Seguridad Social, sin necesidad de tener que conectarse a diferentes plataformas en función del hospital al que se esté accediendo, incluso dentro de la misma Comunidad Autónoma.
• Reducir el tiempo de espera de atención telefónica en los centros de atención primaria evitando el desplazamiento a los centros de las personas mayores.

El informe completo con los resultados de estos convenios para la anualidad 2023 elaborado por la Dirección General de Gobernanza Pública puede consultarse y descargarse en este enlace.