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Ángel Rodríguez Castedo: “A medida que crece la brecha digital, aumenta el desamparo y la indignación en las personas mayores”.

Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas

Ángel Rodriguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas

Ángel Rodriguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas

El aumento de la longevidad es uno de los mayores logros de la humanidad que constituye un triunfo del desarrollo. El rápido envejecimiento de la población es una de las tendencias más significativas del siglo XXI y tiene repercusiones ineludibles en todos los aspectos de la sociedad. La sociedad necesita adaptarse a esta realidad y la opinión de las personas mayores ha de consultarse constantemente. Al cambio demográfico, en cuyo centro está el envejecimiento de la población, hay que colocarlo como se hace con el cambio climático en el centro de todas las agendas y hacer de ello un nuevo campo de desarrollo económico, de creación de empleo y de calidad de vida. Se trata de salvar el planeta, pero también a los seres humanos que lo habitan.

Los datos son contundentes. Actualmente las personas mayores somos el 20% de nuestro país: uno de cada cinco habitantes. A mitad de la década de 2030, uno de cada cuatro españoles será mayor de 65 años, y ya entrando en 2050, uno de cada tres. En la UE, la situación es muy similar, y ante estas cifras, el envejecimiento es un asunto que hay que abordar ya, cuanto antes.

Desde la PMP, entendemos que la realización de los derechos de las personas mayores y la mejora de la calidad de vida requiere avances importantes en una serie de temas prioritarios para la PMP: pensiones, desarrollo pleno de autonomía personal y atención a la dependencia, la sanidad y su coordinación real con los servicios de cuidado, el desarrollo y consolidación de la sociedad con personas activas y saludables, abordar el drama de la soledad no deseada y mirar a la UE, y pedir a los responsables políticos y económicos que coloquen en su agenda como tema prioritario el alcanzar en un plazo razonable los porcentajes medios de su PIB en ingresos y gastos con la media comunitaria.

Dado que España es la cuarta economía europea, estos deberían de estar por encima de esa media y más cerca de los países más desarrollados y repartir equitativamente los beneficios del crecimiento.

 La Plataforma está llevando a cabo en los últimos meses ante la creciente y brusca digitalización en los servicios esenciales privados y públicos numerosas reuniones con las patronales bancarias, con las administraciones públicas y empresas que prestan servicios esenciales para los ciudadanos que sufren la brecha digital, insistiendo en la garantía de una atención presencial de las entidades bancarias y oficinas de las administraciones públicas acompañada de una atención telefónica humana, no robótica. Hemos pasado del “vuelva usted mañana” de Larra a “apáñeselas como pueda con el móvil” o al tan repetido “esto se hace por Internet”.

Todo es por internet y hay mucha gente, cuanto más mayor peor, que no se entienden bien con las tecnologías o no tienen a nadie que les eche una mano. Y no se puede permitir esta situación. Todo ello hace que se intensifique, no solo la exclusión financiera, sino también, y, sobre todo, la sensación personal de sentirse abandonados, humillados, inútiles. Esto se llama maltrato, edadismo.

Hay situaciones muy frustrantes cuando se digitaliza la atención a la ciudadanía sin poner a la persona en el centro. ¿Quién no ha visto a alguien gritándole a una máquina y pidiendo que le atienda una persona? Debe ser obligatorio que siempre haya una opción de que te atienda una persona frente a los sistemas robotizados.

Para cualquier usuario no nativo digital resulta a veces complicado acordarse, por ejemplo, de las claves para aceptar una operación, cuesta encontrar la pestaña adecuada, meter bien los datos, acertar cuando la tecnología se encuentra detenida o te manda un mensaje en un lenguaje desconocido.

No todo el mundo tiene un ordenador, ni a nadie quien le pueda ayudar, no siempre es fiable entregar los datos personales a cualquiera para que te preste una ayuda ante un cajero, por ejemplo. Todo ello sucede de una forma más clara y cruel en la España rural, sin sucursales, la más próxima está a varios km, sin cajeros ni dispensadores de efectivo, sin familiares ni personas que puedan ayudarles y que tienen muchos problemas de desplazamiento.

Según el Banco de España, esta población en nuestro país supone un millón y medio de ciudadanos. Ante estas realidades se hace necesario la existencia de marcos normativos que protejan los derechos de las personas mayores ante el acceso a los servicios bancarios, que no olvidemos que son unos servicios esenciales y unos servicios públicos.

La PMP va a mostrarse muy activa en este tema e instará al Gobierno y grupos parlamentarios a trabajar en un marco legislativo que ayude a acabar con la exclusión financiera de determinados colectivos que por su especial vulnerabilidad deben ser adecuadamente protegidos.

La Asamblea General de la ONU aprobó la declaración del decenio 2020-2030 como decenio del envejecimiento activo y saludable y su lema es ‘No dejar a nadie atrás’. Sin embargo, hace mucho tiempo que las entidades financieras están dejando atrás a millones de personas, fundamentalmente mayores. Pero conviene no olvidar que este proceso sistémico de exclusión no afecta solamente a los bancos, también a las grandes empresas de servicios y a determinados servicios de las administraciones públicas, y no solo afecta a las personas mayores, sino que es un espejo al que mirarnos porque afecta al conjunto de la ciudadanía.

Las entidades financieras, las grandes empresas y determinados servicios de las administraciones públicas se están convirtiendo en un terreno hostil para una gran parte de sus clientes, especialmente los de edad más avanzada. Se agranda la brecha digital y aumenta la sensación de inseguridad, desamparo entre millones de ciudadanos. Crece la indignación y sensación de impotencia.

Hay personas que se preguntan “¿quién usa ya la cartilla de un banco?”, “¿quién tiene necesidad de acudir a una entidad bancaria teniendo una app? La respuesta es millones de personas mayores y otras personas con bajos niveles de formación y de renta, que no tienen ningún tipo de acceso a las tecnologías, ni siquiera conexión a internet.

Imponer un mundo digital a todos, supone excluir a millones de personas mayores que no pueden o no disponen de internet o smartphone, o no les llega la wifi en el área donde viven, o incluso no tienen los conocimientos o carecen de las competencias digitales para operar por internet o con aplicaciones móviles. Les falta seguridad para usar las tecnologías sin miedo, conocimientos para saber que no pasa nada si se equivocan con algún dígito, o confianza a la hora de hacer operaciones en línea a la vista del preocupante avance de la ciberdelincuencia.

Según la encuesta del INE de 2021 sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación y según el informe de 2021 sobre Brecha Digital de UDP, aportan una gran cantidad de información sobre este tema.

Es evidente ante este panorama que algo no va bien y deben adoptarse medidas. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, las entidades financieras y las grandes empresas de servicios han de cambiar sus estrategias y forma de relacionarse con los ciudadanos. Los bancos deben ser capaces de recomponer la confianza perdida, adoptando medidas concretas que den respuesta a las reivindicaciones de millones de españoles, que son de sentido común.

Estamos convencidos de que la entidad que demuestre un mínimo de empatía establezca circuitos específicos para personas de más de 65 años, recupere y amplíe los horarios de atención para personas mayores e impulse ese trato personalizado, cercano, cálido, hará la mejor campaña publicitaria que se pueda imaginar.  

En segundo lugar, gobiernos y parlamentos, no solo el estatal, y otras instituciones públicas, desde el Banco de España a organismos reguladores de la competencia, pasando por defensores de los ciudadanos, deben hacer su trabajo y ocuparse de esta situación que tanto desasosiego y malestar generan. Deben buscar con hechos que sean puesto del lado de los ciudadanos.

Los ayuntamientos como administraciones más cercanas deberían poner a disposición de sus ciudadanos, previo acuerdo con las entidades financieras, las grandes empresas prestadoras de servicios esenciales y las administraciones, especialmente la de la Seguridad Social, de Sanidad, programas de formación y crear oficinas de consulta con profesionales ad hoc. Se trata de crear servicios y adaptarlos, no de eliminarlos.

Finalmente, la PMP y otras organizaciones sociales debemos comprometernos en la realización de programas de formación, vía acuerdos con las entidades citadas anteriormente, e impulsar estrategias de reivindicación de nuestros derechos como ciudadanos en defensa de un modelo de banca y de comunicación de las grades empresas y proveedores de servicios y de las propias administraciones públicas “próximo y amigable”.

No dejar a nadie atrás. Esta es la máxima que debemos perseguir. Que el avance tecnológico y digital no sea un retroceso en garantías y derechos para toda la ciudadanía, especialmente para los colectivos más vulnerables. Este debe ser nuestro compromiso. Nosotros, desde luego, trabajaremos para avanzar en ello.