La PMP reclama situar la vivienda y la accesibilidad en el centro de las políticas públicas para garantizar la permanencia de las personas mayores en su entorno

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado situar la vivienda, la accesibilidad y los apoyos de proximidad en el centro de las políticas públicas para garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa, en su barrio y en su entorno habitual el mayor tiempo posible. Así lo ha defendido en el diálogo organizado junto a la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘Vivienda y personas mayores: accesibilidad y permanencia en el entorno’.

En el debate, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel Huesa, han participado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; el subdirector general de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Vivienda, Anselmo Menéndez; la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio; y a la arquitecta de CEAPAT-IMSERSO, Nieves Peinado. El debate ha partido de una idea compartida: que la vivienda no es solo un espacio físico, sino también el lugar donde se sostienen la autonomía, los vínculos, la seguridad y la pertenencia comunitaria de muchas personas mayores. 

Durante su intervención, Jesús Norberto Fernández ha subrayado que la vivienda es uno de los “ámbitos esenciales para garantizar la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores” y, su vez, ha defendido que “es un derecho”, en referencia al mandato constitucional de garantizar una vivienda adecuada y adaptada. Asimismo, ha recordado que vivir y envejecer en casa sigue siendo el deseo mayoritario de las personas mayores, por lo que ha remarcado como imprescindible que los poderes públicos actúen para hacer efectivo ese derecho. 

En esta línea, el presidente de la PMP ha recalcado que ya no puede seguir tratándose la vivienda como una cuestión exclusivamente privada, sino como una responsabilidad pública vinculada a derechos y a políticas concretas. Según ha expuesto, garantizar la permanencia en el entorno exige coordinar de forma real las políticas de vivienda, sanidad, servicios sociales y cuidados, y convertir este debate en una prioridad política. “Los mayores no conocen sus derechos en esta materia”, ha advertido, al tiempo que ha defendido la necesidad de acercar la información y el acompañamiento a la ciudadanía.

En lo que respecta a la accesibilidad, Fernández ha señalado que el problema no se limita al interior de la vivienda, sino que afecta a las zonas comunes, al barrio y al conjunto del entorno urbano o rural. Por ello, ha reclamado una visión integral con respuestas que deben extenderse “de la puerta hacia dentro y de la puerta hacia afuera”, incluyendo itinerarios accesibles, espacio público, zonas verdes, servicios de proximidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

De igual manera, el presidente de la Plataforma ha abogado por avanzar hacia una ventanilla única a nivel municipal que concentre información, orientación y tramitación de ayudas para rehabilitación, accesibilidad y adaptación de la vivienda. A su juicio, los ayuntamientos deben desempeñar un papel clave en la articulación de fondos, servicios y políticas de proximidad que hagan viable el deseo de seguir viviendo en casa.

El diálogo también ha abordado la necesidad de diversificar las respuestas habitacionales. Fernández ha subrayado que “no debe mantenerse una visión rígida limitada a vivir solo en casa o ingresar en una residencia”. Ha planteado la conveniencia de ampliar y apoyar otras fórmulas, como las viviendas con apoyos, las cooperativas de cesión de uso, las fórmulas convivenciales, las experiencias intergeneracionales o las soluciones colaborativas.  De esta manera, “cada persona pueda elegir el modelo de convivencia más adecuado a su trayectoria vital, a su autonomía y a sus necesidades”, ha indicado.

Además, el presidente de la PMP también ha alertado sobre la situación de vulnerabilidad de parte de las personas mayores que viven en alquiler, especialmente en contextos de bajas rentas, turistificación, gentrificación o presión inmobiliaria. A este respecto, ha advertido de que determinadas personas mayores se están viendo empujadas a abandonar viviendas en las que llevan décadas residiendo y ha reclamado respuestas más firmes y coordinadas para prevenir desahucios, reforzar la protección social y ofrecer alternativas residenciales adecuadas.

Por su parte, Anselmo Menéndez ha explicado que la accesibilidad constituye una de las principales demandas en materia de rehabilitación residencial y ha señalado que el nuevo plan estatal 2026-2030 incorpora actuaciones y ayudas públicas orientadas a esta problemática, gestionadas por las comunidades autónomas. También ha defendido la importancia de la accesibilidad universal como horizonte de referencia y de la coordinación entre administraciones, incluyendo la utilidad de oficinas y ventanillas únicas de rehabilitación.

Desde la perspectiva jurídica, Concepción Barrio ha puesto el foco en la información, el asesoramiento y la seguridad jurídica, subrayando que existen instrumentos para planificar cómo y dónde envejecer, así como pactos convivenciales o asistenciales que pueden ayudar a afrontar situaciones de soledad no deseada o dificultades de acceso a la vivienda, siempre con garantías y con una regulación cuidadosa. También ha incidido en la complejidad de los conflictos en comunidades de propietarios y en la necesidad de promover mediación y acuerdos para facilitar actuaciones de accesibilidad.

En el plano técnico, Nieves Peinado ha alertado de que muchos de los problemas más importantes se producen dentro de la propia vivienda, donde la falta de adecuación y de accesibilidad incrementa los accidentes y empuja a muchas personas mayores a renuncias cotidianas que afectan a su autonomía y bienestar. Además, defendió la necesidad de anticiparse y de replantear el modelo de vivienda que se construye hoy, incorporando desde el inicio condiciones básicas de accesibilidad y diseño universal.

El debate ha concluido con una coincidencia general en torno a cuatro ideas centrales: la necesidad de coordinar mejor políticas y niveles de la administración; la importancia de reforzar la información y el acompañamiento a las personas mayores; la urgencia de actuar sobre la accesibilidad del parque residencial existente; y el valor de promover modelos más flexibles de convivencia, apoyo y permanencia en el entorno. 

En el cierre, Jesús Norberto Fernández ha reclamado “políticas coordinadas, vertebradas y orquestadas desde la administración más cercana al ciudadano”, insistiendo en que la vivienda debe integrarse con las políticas de cuidados, dependencia, servicios sociales; además de la necesaria coordinación con la atención primaria del sistema sanitario.