La PMP pide voluntad política para lograr la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores antes de 2030

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados la jornada ‘España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos’, que ha contado con la participación de responsables institucionales, representantes del movimiento asociativo, especialistas del ámbito jurídico y portavoces parlamentarios. El encuentro ha situado el foco en el impulso del nuevo proceso internacional para redactar un instrumento jurídicamente vinculante en Naciones Unidas y en la necesidad de que España adopte un papel activo. 

En la apertura del acto, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha señalado que el proceso internacional hacia la Convención será “complejo” y “largo”. Sin embargo, ha pedido que “no procrastinemos”, instando a todos los actores implicados a trabajar para que la aprobación del texto de la Convención no se prolongue más allá de 2030.

Asimismo, Fernández ha advertido de que España no puede quedarse “con los brazos cruzados” mientras se negocia este importante tratado, al tiempo que ha defendido el impulso de medidas a nivel interno, como es el desarrollo de una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, de manera que se afronten definitivamente las brechas y discriminaciones que afectan a las personas mayores y que siguen presentes.

Por su parte, la directora general del IMSERSO, Mayte Sancho, ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el 3 de abril de 2025 la resolución para iniciar la redacción de la Convención. Ha destacado que España, a través del IMSERSO, ha apoyado el proceso “desde sus inicios”, incluso en momentos de “reticencia” en Europa.

Sancho ha defendido que la Convención puede ser “un instrumento” para diseñar “una sociedad más igualitaria, más justa” que garantice “el derecho a envejecer con salud, con bienestar y con dignidad”. Además, ha avanzado que España quiere desempeñar un papel “pionero y líder” en el reconocimiento del derecho a un envejecimiento saludable, con una participación activa en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental y en las consultas de Naciones Unidas para definir los principios y la estructura del futuro texto.

La Convención como palanca contra el edadismo

A continuación, la directora de Derechos Humanos de AGE Platform Europe, Nena Georgantzi, ha ofrecido una ponencia en la que ha contextualizado el proceso de elaboración de la convención como un campo de derechos humanos “emergente” con décadas de reivindicación. Ha subrayado que, pese al principio universal de igualdad, “el disfrute de todos los derechos humanos disminuye con la edad” por el edadismo, que describió como una discriminación “aceptada” socialmente y con amplio margen de justificación en normas y prácticas.

Georgantzi ha señalado, asimismo, que una Convención no se reduce a un simple texto, sino que transforma valores en obligaciones jurídicas, funciona como “espejo” para confrontar la distancia entre valores proclamados y realidad, y crea herramientas para la participación y el acceso a la justicia, elevando la conciencia social y facilitando la denuncia y la reclamación de derechos. También ha detallado que, tras la reunión organizativa celebrada en febrero en Ginebra, el proceso entra en una fase de definición de principios y estructura, con sesiones previstas y un trabajo que debe reforzarse a nivel nacional y local para fortalecer las capacidades de la sociedad civil.

Mesa del movimiento asociativo: derechos, dignidad y empoderamiento

La primera de las mesas redondas de la jornada ha girado en torno al papel de la sociedad civil. El representante de AGE Platform Europe, Ángel Yagüe, ha vinculado la necesidad de la Convención a una “transición demográfica sin precedentes”. Ha insistido en la urgencia de “combatir el edadismo”, apelando al potencial transformador del futuro tratado en cuanto a marcos normativos, conciencia social y empoderamiento de la población mayor.

La presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, ha descrito la Convención como un “cambio de paradigma para la longevidad en el siglo XXI” y ha recordado que no es una “ocurrencia”, sino una reivindicación con décadas de recorrido. Ha aseverado que, aunque ya existe un posicionamiento favorable en España, es imprescindible “remover normas, obstáculos y conductas” y desplegar una pedagogía “de arriba abajo y de abajo arriba” para que responsables públicos y personas mayores comprendan y exijan sus derechos, especialmente en lo relativo a la dignidad vulnerada cotidianamente.

Por su parte, el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Gregorio Saravia, ha calificado de “urgente” y “necesaria” la Convención en un momento complejo para el sistema internacional de derechos humanos. Además, ha pedido “redoblar esfuerzos” para que la negociación avance, subrayando la importancia de incorporar la perspectiva de las personas mayores con discapacidad y sus necesidades específicas.

En esta mesa también ha participado el referente del Programa de Personas Mayores, con Discapacidad y Cuidadoras, Joaquín Pérez Gil-Delgado, quien ha recalcado que, más allá del instrumento jurídico, es clave el “convencimiento” social y el empoderamiento de las propias personas mayores para “luchar por nuestros derechos”. También ha alertado del impacto de la brecha digital y de la desaparición de canales presenciales que dificultan el acceso efectivo a prestaciones y trámites, situando la dignidad y el trato adecuado como algunos de los derechos más vulnerados en el día a día.

Del “papel” a las garantías de cumplimiento

En la mesa de debate sobre el marco jurídico de la futura Convención, la fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, ha precisado que el valor añadido de la Convención sería “instrumental”, ya que aportará “mecanismos de verificación, impulso y progresividad, además de evaluaciones y observaciones interpretativas que ayuden a reducir la divergencia entre lo que reconocen los derechos y la realidad efectiva”. Igualmente, ha identificado como “preocupantes” la infradenuncia y la interiorización del abuso y la discriminación; además de advertir de déficits persistentes en los cuidados de las personas mayores.

La presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación, María Teresa Verdugo, ha defendido que la Convención permitiría sistematizar y “blindar” derechos y obligaría a medirlos con datos e indicadores. En el plano interno, ha destacado que la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación incluye la edad como motivo específico de discriminación y ha explicado el papel previsto de la Autoridad: atención a víctimas, mediación y reparación, posibles acciones judiciales, estudios y estadísticas, recomendaciones generales y, especialmente, el impulso del régimen sancionador para que “discriminar no salga gratis”.

La catedrática de Filosofía del Derecho, Ana María Marcos, ha enfatizado que reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos exige personalizar el sujeto de derechos y abordar la autonomía de forma “encarnada y relacional, evitando paternalismos sin dejar de garantizar apoyos y cuidados”. Ha explicado, además, que el reto social exige una nueva mirada que trate a las personas mayores con dignidad, sin infantilización, y que active también el valor social de la experiencia y la participación.

El catedrático de Derecho Internacional Público, Carlos Ramón Fernández, ha precisado que el desarrollo de la Convención se encuentra en “un momento inicial” y todavía no cuenta con un cronograma cerrado, además de señalar como posibles obstáculos la falta de un respaldo fuerte y unificado de la Unión Europea y la necesidad de consensos amplios entre regiones y culturas. Ha destacado, además, el potencial transformador del tratado para adaptar el derecho a una sociedad más envejecida y ha detallado que, una vez aprobada, la Convención implicaría obligaciones estatales de respeto, garantía y protección, así como mecanismos de seguimiento mediante comités e interpretaciones que orienten la legislación, las políticas y las prácticas.

Compromiso institucional y parlamentario

El último de los debates ha contado con la participación de varios representantes de grupos parlamentarios, quienes mostraron, desde distintos enfoques, su apoyo al avance de la futura Convención y a la necesidad de reforzar la garantía efectiva de los derechos de las personas mayores. Durante el coloquio, el Grupo Popular ha puesto el foco en la sostenibilidad y financiación de las políticas públicas; el Grupo Socialista ha defendido una perspectiva basada en derechos y el liderazgo internacional de España en el impulso de la Convención; Sumar ha incidido en la necesidad de fortalecer las alianzas internacionales y asegurar recursos públicos suficientes; mientras que Vox ha destacado prioridades vinculadas a la dependencia, la calidad asistencial y la accesibilidad. 

España mantendrá el impulso pese a un contexto internacional complejo

En la clausura de la jornada, el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Eduardo Ramón Merino de Mena, ha descrito un contexto internacional complejo —falta de financiación en Naciones Unidas, menor implicación de algunos actores y reticencias en parte de la UE—, pero ha reafirmado que “España seguirá impulsando el desarrollo de la Convención”.

Finalmente, Merino de Mena ha recordado el compromiso de España con los principales tratados internacionales de derechos humanos y ha recalcado la utilidad del sistema de recomendaciones para transformar mejoras en políticas y legislación, concluyendo con una llamada a recuperar el espíritu de la Declaración Universal de 1948: dignidad, igualdad y fraternidad como base para avanzar y no retroceder en derechos.

En conclusión, la jornada organizada por la PMP ha servido para reforzar el consenso institucional y social sobre la necesidad de avanzar hacia un marco internacional específico que garantice los derechos de las personas mayores y sitúe la dignidad, la igualdad y la no discriminación en el centro de las políticas públicas ante el reto global del envejecimiento.