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La PMP considera “un importante avance” la aplicación en España de las Directivas de la UE sobre accesibilidad

Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas

Una persona interacciona con una máquina de turnos.

Asegura la no discriminación de las personas mayores y con discapacidad en el acceso a todo tipo de servicios públicos y privados

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, dado que implica la ampliación en España de un marco legal que protege los derechos y asegura la no discriminación de las personas mayores y con discapacidad en el acceso a todo tipo de servicios públicos y privados.

Así, gracias a la nueva ley, se materializan en la legislación española un total de seis directivas europeas, las cuales imponen a empresas y administraciones la obligación de eliminar los obstáculos que puedan existir en el ámbito de la accesibilidad para el uso de productos y servicios.

En concreto, la PMP destaca especialmente que la nueva norma regule la utilización y acceso a todo tipo de servicios y dispositivos, entre los que se cuentan los equipos informáticos, terminales de pago, cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, máquinas de facturación, terminales de autoservicio interactivos o terminales de gestión de turno, tanto quioscos expendedores como dispositivos donde se anuncie el turno.

También equipos terminales de consumo con capacidad informática interactiva para prestar servicios de comunicación audiovisual y de comunicaciones electrónicas, lectores electrónicos, servicios de comunicación y transporte, sitios web, aplicaciones para móviles, y servicios bancarios o de comercio electrónico.

En este sentido la Plataforma, considera que esta transposición de las directivas de la UE supone un “importante avance” en una de sus principales reivindicaciones: el establecimiento de un marco regulatorio, más allá de códigos de buenas prácticas, que defienda el trato justo y preferente de las personas mayores y con discapacidad a la hora de acceder a los productos y servicios ofrecidos tanto por las administraciones públicas como por entidades privadas.