La Fiscalía obliga a investigar las 34.000 muertes por COVID-19 en las residencias

La Fiscalía General del Estado ha reactivado las investigaciones penales abiertas por el fallecimiento de ancianos en residencias y geriátricos durante la primera ola de la pandemia, entre marzo y junio de 2020. El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha enviado a través de la Secretaría Técnica un oficio a los fiscales superiores donde les pide que en un mes le remitan información actualizada sobre el número de diligencias. Además, ha exigido que los familiares y allegados, a los que considera "víctimas indirectas" de la tragedia causada por el coronavirus y la falta de recursos asistenciales en estos centros, sean "oídos e informados" en dichos procedimientos.

El oficio, fechado el jueves y firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, tiene como objeto la "dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la covid-19", unos datos que les emplaza a enviar en 30 días y que deberán actualizarse trimestralmente.

En concreto, reclama a los fiscales superiores que informen sobre el número de diligencias de investigación tramitadas por los fiscales a fecha 30 de septiembre, así como sobre el número de denuncias y querellas que haya presentado el Ministerio Público desde el 1 de enero pasado.Villafañe explica que, aunque desde los primeros días de la pandemia de coronavirus "se fue elaborando un compendio diario de datos de cada comunidad autónoma con información pormenorizada de la situación y las circunstancias concurrentes en las residencias de la tercera edad", "se ha podido constatar la necesidad de contar con información de mayor calidad".

"Es preciso, por tanto, adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad", apunta el oficio.

El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado que "sorprende un poco" que la Fiscalía retome esta investigación, ya que "ha habido muchas denuncias en la Comunidad de Madrid, todas archivadas". El responsable de la sanidad madrileña ha hecho estas declaraciones tras la reunión del consejo interterritorial en Santiago y, a preguntas de los medios, ha achacado la decisión a "una intención clara de tratar de reabrir este tema".

Ruiz Escudero ha insistido en que las decisiones se han tomado "siempre con criterios técnicos" y que se realizadon más de 13.000 traslados de personas de residencias a hospitales, por lo que el gobierno madrileño continuará "en esa línea de transparencia que hemos tenido en todo momento y siempre pensando que era que era lo mejor para para las personas", por lo que, si es necesario «estaríamos dispuestos a contar lo que hicimos» a este respecto.

Ossorio: "Ya lo han superado"

Este movimiento de la Fiscalía General llega en pleno debate político en la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias y geriátricos. Con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la oposición de los grupos de izquierda enzarzados sobre la necesidad o no de poner en marcha una nueva comisión de investigación para aclarar la alta mortalidad que hubo en estos centros de la región. Según datos del Imserso, de los 34.298 ancianos residentes muertos durante la pandemia 6.891 han sido en la Comunidad de Madrid. La primera de la lista seguida de cerca por Cataluña (6.126), Castilla y León (4.408), Castilla-La Mancha (3.263) y Andalucía (3.144).

Solo entre los meses de marzo y junio de 2020, durante la primera oleada del covid-19, fallecieron unas 10.000 personas en residencias y geriátricos en toda España. Se da la circunstancia de que en esos meses de 2020 en Madrid se aplicaron unos polémicos protocolos por parte de la Consejería de Sanidad para cribar qué ancianos infectados debían ser trasladados a hospitales y cuáles no. Una decisión que dejaba en manos de los geriatras de enlace la posibilidad de que un mayor fuera asistido o no en virtud de una serie de parámetros médicos.

Estos protocolos no han dejado de estar fuera del foco político desde entonces, pero en los últimos días, coincidiendo con la publicación de un libro por parte del entonces consejero madrileño de Políticas Sociales Alberto Reyero, de Ciudadanos, se ha vuelto a poner encima de la mesa las responsabilidades derivadas por esta gestión.

En este contexto, Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, provocó el miércoles la indignación de las familias al criticar la instrumentalización de este asunto y afirmar que estos "ya lo han superado". Ossorio, que el jueves replicó que sus palabras habían sido manipuladas, salió a la palestra un día después de que Vox sorprendiera al PP al facilitar que se vote en la Asamblea de Madrid, el próximo 13 de octubre, una comisión de estudio sobre las residencias de la región.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el consejero de Sanidad madrileño, afirmando que "las palabras de vicepresidente no iban en el sentido que luego fueron interpretadas" y que "por supuesto siempre hay que estar al lado de esas familias" y que Ossorio "entiende perfectamente su dolor".

Vox y los grupos de izquierda podrían unirse para sacar adelante esta propuesta, ya que al Gobierno de Ayuso le faltan cuatro diputados para tumbar la iniciativa. Ante el revuelo levantado, Vox aseguró este viernes que no va a participar con los partidos de izquierda en "circos mediáticos revanchistas que solo generan odio y rencor", aunque pidió al PP colaboración y que sigan "trabajando juntos por el bien" de los mayores a través de una comisión de estudio, no de investigación. "Si PP y Vox tenemos la Mesa de esa comisión, podremos impedir cualquier intento de la izquierda por manipularla y convertirla en lo que no es", señalaron en un comunicado.