El Congreso aprueba definitivamente la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva, tras su paso por el Senado, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, culminando así uno de los principales procesos legislativos en materia de derechos sociales de los últimos años. La norma introduce cambios relevantes para reforzar la autonomía personal, ampliar prestaciones y servicios, reducir cargas burocráticas y avanzar hacia un modelo de cuidados más centrado en la persona y basado en los derechos.

La reforma incorpora, además, medidas destinadas a reforzar la sostenibilidad financiera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), al establecer en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema. Este cambio se suma al refuerzo presupuestario aprobado este verano para incrementar la aportación estatal a la dependencia.

La votación en el Congreso contó con la presencia en la tribuna de invitados de representantes del movimiento social de la discapacidad y de otras organizaciones vinculadas al ámbito de los derechos sociales. Entre ellos se encontraba el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, en representación del movimiento asociativo de las personas mayores.

En materia de dependencia, la reforma introduce modificaciones orientadas a ampliar el catálogo de servicios y prestaciones, agilizar la tramitación administrativa y adaptar mejor los apoyos a las necesidades y preferencias de cada persona.

Entre las principales novedades figura la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, lo que permitirá combinar distintos recursos y apoyos según las circunstancias individuales. Asimismo, la asistencia personal pasa a consolidarse como un servicio ordinario del sistema y se amplían las posibilidades de la ayuda a domicilio, que podrá prestarse también fuera del entorno doméstico para facilitar actividades cotidianas y la participación en la comunidad.

La reforma reconoce además nuevas realidades de cuidados al ampliar la consideración de las personas cuidadoras, fortalece la protección de quienes ejercen esta labor y convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo para todas las personas con dependencia reconocida. También reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver los procedimientos de reconocimiento de la dependencia.

Avances en accesibilidad, inclusión y derechos 

En el ámbito de la discapacidad, la reforma actualiza la legislación para desarrollar los principios recogidos en el nuevo artículo 49 de la Constitución y reforzar derechos vinculados a la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad para personas con dependencia ya reconocida, con el objetivo de simplificar trámites administrativos y reducir demoras. La accesibilidad universal pasa a configurarse como un derecho exigible y se prevé la puesta en marcha de un programa estatal para financiar actuaciones que eliminen barreras físicas, sensoriales y cognitivas.

La norma también incorpora medidas para facilitar obras de accesibilidad en edificios residenciales, reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo para niños y niñas con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, prohíbe expresamente prácticas discriminatorias en los seguros por razón de discapacidad y regula la figura del facilitador procesal para garantizar la protección de derechos en el ámbito judicial.

Participación de la sociedad civil

A lo largo de la tramitación parlamentaria, numerosas organizaciones sociales trasladaron propuestas y observaciones para mejorar el texto. Entre ellas, la Plataforma de Mayores y Pensionistas defendió diferentes iniciativas orientadas a reforzar la efectividad de los derechos, impulsar los apoyos comunitarios, favorecer la permanencia en el entorno habitual y garantizar una financiación suficiente y estable para el sistema de dependencia.

La PMP valora la reforma como un avance histórico hacia un sistema más justo, inclusivo y centrado en las personas, al tiempo que subraya la importancia de que su desarrollo reglamentario y su aplicación efectiva permitan traducir los nuevos derechos reconocidos en mejoras tangibles para la ciudadanía.