El CERMI plantea un decálogo de acción política para afrontar las demandas de las personas con discapacidad mayores

El CERMI ha planteado un decálogo de acción política para afrontar y dar respuesta a las demandas de las personas con discapacidad mayores, un segmento del envejecimiento del que no existe demasiada conciencia oficial y que apenas aparece en las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.

Este decálogo político figura expuesto y fundamentado en el artículo 'Una cierta mirada sobre el envejecimiento: Personas con discapacidad mayores', firmado por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que publica el último número -verano 2022- de la revista Tiempo de Paz, dedicado monográficamente a los derechos de las personas mayores.

Para el CERMI, el envejecimiento, fenómeno tan extendido en las sociedades actuales, presenta singularidades para ciertos grupos de población, como son las personas con discapacidad, más de cuatro millones en España.

La discapacidad no sólo es un hecho que aparece correlativamente cuanto más avanza la edad, como nos dice la experiencia, y que se evidencia en las llamadas personas mayores con discapacidad, las más visibles; sino que también existen otras manifestaciones del envejecimiento ligado con la discapacidad, más específicas y menos conocidas, como son las personas con discapacidad mayores, aquellas con una discapacidad previa originaria que envejecen, realidad que precisa un abordaje político, social y económico que dé lugar a políticas públicas de respuesta adecuada.

El artículo del presidente del CERMI incorpora una descripción general de las personas con discapacidad mayores para pasar de inmediato a enunciar y configurar los parámetros de una política pública, en forma de decálogo de iniciativas y acciones, a la altura de la demanda social de un sector de población en crecimiento cuyas necesidades no están siendo ni consideradas ni atendidas.

Decálogo de iniciativas y acciones

1ª) Las personas con discapacidad, esa parte de la diversidad humana y social sometidas a condiciones estructurales de exclusión y discriminación, que se intensifican con el avance de la edad, han de figurar con identidad propia, acusada y diferenciada, como grupo diana, en las políticas públicas sobre el fenómeno del envejecimiento y cómo abordarlo.

2ª) Las personas con discapacidad y las personas mayores -y, en concreto, las personas con discapacidad mayores- están más expuestas a la lesión y vulneración de sus derechos humanos.

Discapacidad y edad, en concurrencia mutua, son motivos de multiexclusión reforzada, por lo que deben constituir grupos de atención y actuación prioritaria contra la discriminación y la segregación.

3ª) Toda la acción pública en relación con el envejecimiento de personas con discapacidad ha de estar orientada a la autonomía personal, a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, proporcionando apoyos suficientes, sostenidos y sostenibles, y libremente elegidos que las hagan posible. Se han de revisar de modo sistemático y reconfigurar los sistemas de apoyos, atención y cuidados establecidos para la discapacidad y la edad avanzada, para replantearlos en clave de conformidad con los derechos humanos, respeto a la voluntad y las preferencias de la propia persona, inclusión social y participación comunitaria en plenitud. Esto llevará consigo el abandono de esquemas caducos como la institucionalización forzosa (verbigracia las fórmulas habitacionales de tipo residencial, cuyo nexo cohesivo de vida en común es la edad o la discapacidad, no la voluntad de construir y compartir proyectos de vida comunes basados en el afecto, la amistad o el compañerismo).

4ª) Se ha de garantizar la continuidad y la coherencia de los apoyos sociales a las personas con discapacidad en su proceso de envejecimiento. Llegar a los 65 años, edad que por convención se ha venido considerando hasta ahora el umbral de la vejez, no significa dejar de ser una persona con discapacidad, y pasar a ser una persona mayor, con recursos distintos enfocados solo a la edad, sino que se es una persona con discapacidad mayor, que ha de mantener la línea de atención. La creación de un auténtico espacio sociosanitario, del que hoy adolecemos, resulta esencial para que el apoyo se torne en más autonomía e inclusión.

5ª) Los sistemas de promoción y protección sociales en España para la discapacidad y la edad avanzada, son claramente limitados e insuficientes. Arquitecturas de protección social nuevas como el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, creado en virtud de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en situación de Dependencia, han resultado fallidas, afirmación cruda y para ciertas instancias inmoderada, pero horriblemente cierta, y requieren un replanteamiento de base, una refundación casi, para que estén a la altura de los elevados propósitos para los que se crearon en origen, defraudados en casi todos sus designios.

6ª) Afrontar el envejecimiento con garantías de éxito por parte de las personas con discapacidad, supone intervenciones estructurales previas de gran ambición. Se requieren entornos universalmente accesibles -la vivienda a estos efectos es paradigmático-, y autonomía económica, que se logra con una inclusión laboral lo más amplia posible, en empleos dignos y de calidad, que genere prestaciones públicas futuras suficientes y duraderas. También es necesario extender las fórmulas de previsión social, que doten a las personas de progresiva robustez económica. Esto cabe resumirle en la activación social y económica de poblaciones demasiado tiempo obligadas a una pasividad impuesta, al albur de instancias ajenas a sí mismas, que favorecen la dependencia sistémica.

7ª) Las personas con discapacidad, también las mayores, han de estar insertas, incluidas en la comunidad; deben vivir y desenvolverse existencialmente donde elijan, sin verse forzadas a formas de vida y de habitación separadas y segregadas, distintas de las generales de toda la ciudadanía. Hay que desplegar una enérgica estrategia de desinstitucionalización, acompañada a la par de la creación de nuevas fórmulas habitacionales inclusivas, generalizando las prestaciones como la asistencia personal.

8ª) El sistema de Seguridad Social, en la dirección que marcan los renovados y vigentes acuerdos del Pacto de Toledo, en el que las propuestas del CERMI fueron en gran parte acogidas, ha de redefinir las relaciones entre protección social y activación laboral, que han de alimentarse recíprocamente, sin rigideces, alentando siempre la máxima inclusión de la persona con discapacidad mayor.

9ª) La soledad no deseada es un mal social de extraordinaria magnitud, con un impacto desmedido en las personas con discapacidad, que se agudiza en las fases de envejecimiento.

Se hacen inevitables estrategias vigorosas contra la miseria relacional en los grupos cívicos más castigados.

10ª) España posee, en materia de discapacidad, una sociedad civil potente, pujante, tramada y cooperativa, que los poderes públicos han de tener como aliada en el despliegue de las políticas públicas de envejecimiento activo e inclusivo. Somos una herramienta útil socialmente. Úsennos, en el mejor sentido, nos dejamos.