La PMP celebra la aprobación de Ley de Servicios de Atención a la Clientela para su tramitación parlamentaria

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha celebrado el anuncio realizado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de la aprobación de Ley de servicios de Atención a la Clientela para su tramitación parlamentaria urgente, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada este martes.

Así, después de que en días previos la PMP, junto al CERMI, la Fundación ONCE y las organizaciones de consumidores CECU, FACUA y OCU, reclamasen la tramitación inmediata de esta ley, que había decaído a las puertas de su aprobación en el Senado el año pasado por la convocatoria anticipada de elecciones generales, se da por fin luz verde a la tramitación parlamentaria urgente de una norma que pretende garantizar eficazmente los principios de accesibilidad universal, igualdad de trato y no discriminación para consumidores vulnerables y personas mayores a la hora de acceder a los servicios de atención a la clientela.

En este sentido, entre los principales aspectos que incorpora la ley, y que fueron aportados por la PMP para la inclusión en su articulado, destaca la definición de los tiempos de espera, la atención profesional y personalizada, o la inclusión de los problemas derivados de la falta de accesibilidad y adaptabilidad de los servicios a las capacidades de las de personas mayores y mayores con discapacidad.

De este modo, la Plataforma ha acogido “con gran satisfacción” el mantenimiento del texto anterior, que incluye sus aportaciones realizadas en la pasada legislatura, y que incorpora medidas como la limitación del tiempo de espera a tres minutos para que los usuarios sean atendidos telefónicamente; que estos tengan la opción de prescindir de los sistemas automatizados para ser atendidos por un profesional especializado; o la obligación para las entidades financieras de asegurar los canales presenciales, atendiendo al principio de prestación personalizada.

La PMP ha solicitado el máximo consenso político para la tramitación de esta importante y urgente norma, la cual ya acumula un retraso de diez años. Además, ha apelado a que “se siga la senda y espíritu de su anterior paso por las Cortes Generales”, donde hubo un amplio acuerdo por parte de todos los grupos con representación parlamentaria a la hora de impulsar su tramitación en los aspectos esenciales, con el fin de blindar la protección de las personas consumidoras de nuestro país.