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La PMP aborda con Derechos Sociales las políticas públicas sobre envejecimiento y el fortalecimiento del movimiento asociativo de las personas mayores

Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas

Un instante de la reunión de la PMP con la secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Ha mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mantenido un encuentro con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, durante el cual se han abordado las propuestas de la Plataforma y los planes del Ministerio Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en lo referente a políticas públicas para personas mayores y de envejecimiento para la presente legislatura.

Así, a la reunión con Martínez y su directora de gabinete, Miren Braceras, acudieron las vicepresidentas de la PMP, Sabina Camacho y Adela Cabezas, junto a su presidente, Lázaro González, quienes expusieron las prioridades de la Plataforma en materia de cuidados de larga duración, estrategia de desinstitucionalización, Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada, accesibilidad universal para las personas mayores y con discapacidad mayores; así como el avance en proyectos legislativos como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) y la Ley de Servicios Sociales.

Por su parte, la Secretaría de Estado ha manifestado su alineación con los planteamientos de la PMP en asuntos como la necesaria transformación del modelo residencial y el incremento de su financiación, recalcando que este es un objetivo prioritario para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En este sentido, la PMP ha venido solicitando que la financiación del sistema de cuidados se incremente hasta alcanzar un 1,5% del PIB a lo largo de la presente legislatura.

Por otro lado, la Plataforma también ha presentado una batería de propuestas dirigidas a fortalecer el movimiento asociativo y fundacional de las personas mayores, de manera que den respuesta a la situación de merma actual que sufre el sector y ofrezcan garantías de viabilidad y sostenimiento para el futuro de las organizaciones de personas mayores.

Para la PMP, dicho apoyo y fortalecimiento es imprescindible de cara a "poder llevar a cabo la función que nos corresponde de representación, defensa y promoción de los derechos e intereses generales de las personas mayores y con discapacidad mayores". En este sentido, el Ministerio ha manifestado su total compromiso político para impulsar y articular políticas de envejecimiento en esta legislatura, más allá de la dependencia, como uno de sus objetivos prioritarios; además de su disposición positiva para analizar las propuestas realizadas por PMP, de cara a su posible articulación y puesta en marcha.

Igualmente, la PMP compartió con la Secretaría de Derechos Sociales la necesidad de dignificar las condiciones sociolaborales de las personas cuidadoras, además de promover su reconocimiento social.  Además, en cuanto a la reforma de la LAPAD, las representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023 han trasladado su intención de desplegar políticas e iniciativas vinculadas a sus prestaciones, apostando de manera más decidida por el fomento de la autonomía personal.

Asimismo, de cara a las futuras elecciones europeas, la PMP ha señalado la necesidad compartida de avanzar en el desarrollo e implementación de la Estrategia Europea para las Personas Mayores; además de la apuesta para el impulso de fondos por parte de la Comisión Europea, destinados a inversiones públicas dirigidas a implementar políticas de continuidad de los proyectos vinculados al cambio de modelo residencial y de cuidados, iniciadas en la legislatura con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por último, la secretaria de Estado ha expresado la voluntad de mantener la interlocución estrecha con la PMP para trabajar sobre todas estas políticas e iniciativas, reconociendo así la condición de la Plataforma como entidad colaboradora de la Administración General del Estado y su papel de representación y defensa de los derechos de las personas mayores.