Sánchez anuncia un Real Decreto-ley que inyectará 2.218 millones más al sistema de dependencia en 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la sede del Imserso la aprobación de un Real Decreto-ley que, según ha señalado, supondrá la mayor inversión en dependencia de la democracia, con una inyección adicional de 2.218 millones de euros en 2026 y el objetivo de que la financiación estatal del sistema supere los 7.200 millones de euros en 2027.

La medida busca avanzar en el compromiso de que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, una responsabilidad que, según el documento de trabajo, ha recaído históricamente en mayor medida en las comunidades autónomas. El texto añade que la inversión estatal se ha multiplicado casi por cinco desde 2018, pasando de en torno a 1.300 millones de euros a la cifra récord prevista para el próximo año. 

La reforma modifica el llamado “nivel mínimo” de financiación, lo que se traducirá en una actualización de las cuantías que reciben las comunidades autónomas por cada persona atendida. A partir del 1 de julio, las ayudas mensuales previstas pasarán de 290 a 660 euros en el caso del Grado III (gran dependencia), de 130 a 260 euros en el Grado II (dependencia severa) y de 76 a 90 euros en el Grado I (dependencia moderada). 

Según el mismo documento, este incremento beneficiará a más de 1,6 millones de personas en España. Además, la reforma persigue tres grandes objetivos: reducir las listas de espera, garantizar mejores cuidados y dignificar las condiciones laborales de quienes trabajan en este ámbito. El texto sitúa en más de 265.000 personas la lista de espera actual del sistema. 

El Real Decreto-ley incorpora asimismo cambios de carácter estructural en el modelo de atención. Entre ellos, elimina trabas burocráticas y suprime el régimen de incompatibilidades que impedía, por ejemplo, compatibilizar la ayuda a domicilio con la asistencia a un centro de día. También establece una “pasarela” automática entre dependencia y discapacidad, de modo que quienes tengan reconocido un Grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que en los Grados II y III ese reconocimiento ascenderá al 65%.

El anuncio se ha producido tras un encuentro celebrado en la sede del Imserso entre el presidente del Gobierno, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y personas con discapacidad, en situación de dependencia y cuidadoras, convocado con el objetivo de conocer de primera mano su realidad y compartir la acción del Gobierno para fortalecer sus derechos y hacerlos efectivos en la vida cotidiana. 

En dicha reunión, facilitada por  el director general de Derechos de las Personas con Discapacid, Jesús Martín, y por la directora general del Imserso, Mayte Sancho, participaron la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez; el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández; Laura Sánchez Beltrán, joven con grandes necesidades de apoyo y funcionaria del Ministerio; Noelia Lopez Aso, mujer jubilada con gran dependencia; Alejandra Padilla, madre de Isabella Arias; e Isabella Arias, joven con parálisis cerebral y gran dependencia.

“Estamos ante un gran paso desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, especialmente porque se avanza hacia una reclamación histórica: que la Administración General del Estado (AGE) financie el 50% del sistema junto a las Comunidades Autónomas (CCAA)”, ha manifestado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández. “Pero además conviene recordar algo esencial: cuando hablamos de dependencia, hablamos sobre todo de personas mayores. Hoy, prácticamente tres de cada cuatro beneficiarios del sistema son mayores, es decir, más de 1,2 millones de personas. Por eso, esta financiación debe traducirse en mejores servicios, menos listas de espera y una gestión territorial eficaz, homogénea y equitativa en toda España”, ha concluido Fernández.