Rechazo total de pensionistas y sindicatos al 'plan Escrivá' por endurecer el cálculo de la pensión

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el socio de gobierno, Unidas Podemos; los grupos políticos Más Madrid, Ciudadanos y PP; los movimientos y plataformas de pensionistas; los sindicatos UGT y CCOO, el consenso de los expertos... Todos muestran su rechazo unánime a la última propuesta del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que pretende ampliar los años de cálculo de las pensiones, aumentándolos desde los 25 actuales hasta los últimos 30 cotizados, pero eligiendo los 28 mejores de entre esos 30.

La extensión del periodo de cómputo supondría endurecer el acceso a la jubilación, recortar derechos y rebajar la cuantía de las pagas futuras (denuncian Podemos y Más Madrid), además de tratarse de "un disparate" que implica "meter miedo" a empresarios y trabajadores, según Ciudadanos, y ser una "ocurrencia", a decir del PP, que también insta al ministro a convocar el Pacto de Toledo.

El temor a futuros recortes lo comparten tanto las principales asociaciones de pensionistas, así como los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para quienes la ampliación "no es una medida necesaria y además no figura en las recomendaciones del Pacto de Toledo". Igualmente, fuentes oficiales de CEOE avisan de que la propuesta de Escrivá se sitúa "extramuros del Pacto de Toledo y supone ir contra el consenso político casi unánime allí logrado. Lo que el Pacto recomienda es analizar el impacto del cómputo en las nuevas carreras profesionales, en carreras irregulares; además de evaluar los efectos de la entrada en vigor de los 25 años de cómputo; y eso aún no lo ha hecho el Ministerio".

La tormenta política y el malestar causados han sido tales, que varios grupos han exigido la convocatoria del Pacto de Toledo para debatir esta propuesta. Hay que recordar que esta comisión parlamentaria se halla descabezada, ya que la anterior presidenta, Magdalena Valerio, ha dimitido de su cargo para aceptar la presidencia del Consejo de Estado.

Pensionistas: "Dañará la pensión y la brecha de género"

Las plataformas, movimientos y asociaciones de pensionistas manifiestan su oposición rotunda a la intención del Gobierno de ejecutar una ampliación de los años a contar para hallar la cuantía de la pensión.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE @CoespeOficial), saludan "la posición de Unidas Podemos y de CCOO, contraria a las medidas de Escrivá, pero exigimos también que se posicionen para paralizar otras medidas que están negociándose de manera oscurantista y sin debate público, pues son medidas que introducen privatización en el sistema de pensiones, y de recortes y privatización en la Seguridad Social. El 14 de diciembre nos volveremos a movilizar ante el Congreso de Diputados exigiendo el cumplimiento del contrato que adquirió el bloque progresista que sostiene al gobierno de coalición", recuerda Damián Rodríguez, portavoz estatal de COESPE.

"Denunciamos los intentos de privatización a través de los planes privados de empleo (empresas), y a través de las medidas que reducen las pensiones a medio plazo. Ampliar el tiempo para el cálculo de las pensiones, así como ampliar la edad de jubilación, da como resultado una reducción mínima del 6%-8% de las pensiones públicas", sostiene el representante de COESPE.

Por su parte, la Asociación para la Jubilación Anticipada Sin Penalizar con 40 o más años cotizados (ASJUBI40 @asjubi40), expone que implicaría "una bajada de la pensión futura, y no es de justicia social que se empeoren las condiciones a los trabajadores. Todo esto sucede porque los gobiernos han ido vaciando la hucha de las pensiones, cogiendo dinero para pagar cuestiones no relacionadas con las pensiones", denuncia Santiago Menchero, portavoz de ASJUBI40. "Lo que tienen que hacer los políticos y gobiernos es rellenar esa hucha y dejar de meter miedo, porque las pensionas son sostenibles, y si puntualmente hay necesidades de liquidez, que se destine en los Presupuestos Generales del Estado. Es intolerable que el ministro pretenda empeorar la forma de vida de los pensionistas futuros", sentencia Menchero.

Desde ASJUBI40 insisten en que, de aprobarse el aumento de años para calcular la pensión, "se produciría un nuevo recorte a las pensiones, que conjuntamente con la ampliación de los años necesarios para poder acceder al 100% de una pensión, y con el retraso de la edad de jubilación, es un hachazo que merma considerablemente las pensiones futuras. Además, consideramos que la ampliación del número de años va a agravar considerablemente la brecha de género".

Asociaciones de jubilados temen "más pobreza"

La Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP (@UJP_UGT) también rechaza el plan del Gobierno. Su Comisión Ejecutiva alerta de que, "para una gran mayoría de futuros jubilados, va a significar, si finalmente se ejecuta, una rebaja de las pensiones y evidentemente todos los sindicatos nos oponemos. Esta ampliación del periodo de cotización conlleva recortes y más pobreza a las pensiones del futuro. Creemos, como ha dicho nuestro secretario general, Pepe Álvarez, que Escrivá 'ha vuelto a equivocarse, sobre todo, porque este debate no es necesario en este momento y no aporta nada'. Es preciso poner sobre la mesa una reforma integral que realmente fortalezca nuestro sistema público de pensiones, que incremente los ingresos y desarrolle un plan contra la pobreza de las pensiones, medidas de reforma que eliminen la injusticia de equidad entre hombres y mujeres, que den una solución a los afectados con largas carreras de cotización, o los contratos relevo".

Por su parte, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (@MayoresUDP) advierte asimismo de que "cualquier cambio de planteamiento debe hacerse negociado y consensuado con los agentes sociales, atendiendo a las realidades de los trabajadores y sus carreras laborales", resalta Antonio Serratosa, vicepresidente de UDP, recordando que es "un planteamiento inicial que tendrá que tratarse en el Pacto de Toledo. El reto es corregir las desigualdades del actual sistema, en tres líneas clave: reducir la brecha de género; cotizar por lo que efectivamente se cobra (y que lo que se cobre esté en consonancia con lo que fijan los convenios de cada sector); y proteger a quienes se ven expulsados del mercado en el tramo final de vida profesional activa".

Tal como señala Serratosa, "una persona de 55-60 años que se queda sin trabajo después de cotizar 35-40 años sufre una penalización severa en su pensión. En cambio, un profesional que entre más tarde en el mercado laboral y cotice los mismos años en igual categoría, jubilándose a los 65-67 años, podrá disponer de una pensión máxima si es el caso..."

La ampliación "se salta el Pacto de Toledo"

Un problema añadido al plan para extender la cotización es que carece del aval del Pacto de Toledo. Según recuerda la Federación de Pensionistas de CCOO, el Gobierno ha declarado reiteradamente que no era necesario aumentar el período de cálculo, ya que la solvencia del sistema público de pensiones estaba garantizada sin modificarlo, por lo que este cambio de posición no les parece comprensible. "La última posición del Gobierno de proponer el aumento del período de cálculo de las pensiones nos parece negativa. Las recomendaciones de Pacto de Toledo no contemplan en absoluto aumentar el período de cálculo. Además, las reiteradas declaraciones del ministro Escrivá han sido en el sentido de que, en el supuesto de que el Gobierno propusiera alguna modificación, el resultado sería neutro", expone Juan Sepúlveda, secretario general de Pensionistas de CCOO. Esta organización, además, pone de relieve que "el Gobierno no tiene garantía de que sea aprobado por el Congreso. Lo que sí es seguro es que muchos futuros pensionistas se verían perjudicados en sus pensiones".

La falta de aval por parte del Pacto de Toledo es otro de los argumentos que destaca Ángel Rodríguez Castedo, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (@PlataformaPMP), quien advierte de que "corresponde esperar al criterio y análisis por parte de la Mesa de Diálogo Social, pero como plataforma que representa los intereses legítimos del colectivo de personas pensionistas, creemos que no es el momento oportuno para abrir este debate, precisamente en el último año del periodo transitorio que contemplaba la reforma del 2011. Habrán de hacerse los análisis técnicos, las proyecciones y los estudios pertinentes por parte de los expertos en la materia para concluir, en primer lugar, cuál ha sido el efecto final y el impacto que ha tenido sobre nuestro sistema esa primera ampliación del período de cálculo hasta los 25 años cotizados".

Rodríguez Castedo acentúa que, para ellos, el debate "sigue estando en la redistribución justa de la riqueza, algo que impacta no solo sobre las pensiones, sino que lo hace en cuestiones tales como la sanidad. Nuestras preocupaciones van dirigidas a cómo fortalecer nuestro sistema público de pensiones, garantizando unas pensiones mínimas dignas, reduciendo la brecha de género y mejorando las pensiones no contributivas".

Entre el "globo sonda" y los "nuevos recortes"

Para Txomin Lorka, miembro de la Asamblea de Pensionistas de Bizkaia, en un mercado de trabajo con más de un 34% de paro juvenil y una gran precariedad laboral, "ampliar los años cotizados para calcular la pensión solo tienen un objetivo: reducir la pensión. Hay que volver a los 15 años anteriores a la reforma de 2013. No tiene justificación ejecutar nuevos recortes; la reforma que hay que hacer es la de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios, elevando de manera sustancial las pagas mínimas, acabando con la brecha de género en salarios y pensiones, y garantizando las pensiones públicas dignas y suficientes".

Otras voces del colectivo de pensionistas y jubilados, como el Movimiento Pensionista de Madrid (MPM @MPM_MADRID_), consideran que la propuesta es "un globo sonda más a los que nos tiene acostumbrados el ministro Escrivá, para medir el nivel de aceptación o rechazo, tanto de los agentes sociales como de la calle, redes y medios", en palabras de Pedro Cabrera, miembro del MPM. Ahora bien, de convertirse en realidad, "sería sin duda alguna un nuevo recorte a las pensiones", remacha, al tiempo que recuerda que "es inaceptable que a estas alturas, en la Mesa de Diálogo Social sobre las Pensiones, sigan sin estar representados los directamente afectados, es decir, los pensionistas. Solo están la patronal, CEOE y CEPYME, y los sindicatos CCOO y UGT. Ninguno de ellos nos representa", denuncia Cabrera en nombre del MPM.

Los expertos defienden contar más años, sin elegir

Si los pensionistas, sindicatos y gran parte de los partidos políticos rechazan de plano la medida recién avanzada por el ministro Escrivá, los expertos también la critican, en su caso, por poco ambiciosa y, sobre todo, por la posibilidad de escoger los 28 mejores años cotizados, o lo que es lo mismo, descartar los dos peores años.

Para Enrique Devesa (@DevesaCarpio), profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, en principio, subir a 30 años el periodo de cómputo de la carrera laboral es positivo. "El problema es eliminar dos años, con lo cual no se gana en contributividad del sistema. Van a salir beneficiados aquellos que tengan periodos cortos de desempleo y quienes reciban salarios altos al inicio de su carrera laboral", detalla.

En términos agregados, Devesa considera que la extensión de 25 a 30 años "tendrá un efecto agregado neutral, es decir, que el promedio de las pensiones no se va a ver afectado. Ahora bien, una cuestión clave es qué va a pasar con la integración de las lagunas de cotización, que pueden mejorar para los autónomos… Habrá que ver cómo avanza la negociación, pero esto suena, de nuevo, a pérdida de contributividad del sistema, porque no reflejará exactamente las cotizaciones de este colectivo".

En este escenario, una eventual extensión del periodo de cálculo a 30 años cotizados, descartando los dos peores, no ayudará a frenar el fuerte crecimiento del gasto en pensiones previsto en los próximos 25 años, y que se estima que alcanzará el 16,6% del PIB en 2050.

Según puntualiza José Antonio Herce (@_Herce), doctor en Economía y socio fundador de LoRIS Retirement, para apuntalar la sostenibilidad del sistema, "caminar hacia los 30 años es lo que se debería hacer. Preferiblemente, abarcar toda la vida laboral, sin opción a elegir los mejores años. Ahora bien, puede suceder que escoger los 28 mejores sea una medida que proporcione margen para mejorar las cuentas del sistema público de pensiones".

En el escenario planteado, para los futuros pensionistas, lo más beneficioso sería que el Gobierno diera a elegir 25 años entre los últimos 30 cotizados, y para el sistema, lo más rentable sería contar los últimos 30 años sin elegir ni descartar ningún periodo, explica Herce, quien considera que el efecto agregado del cambio que propone Escrivá será neutro para el sistema, "aunque habrá que esperar a conocer los cálculos y datos que maneja el Ministerio, entre otros factores, ¿a cuántas personas beneficiará en su pensión la posibilidad de descartar los peores años? Además, falta por saber por qué se plantean precisamente los 28 mejores años cotizados".

La ampliación del periodo de cálculo "no necesariamente tiene que suponer un recorte de pensión generalizada para todos los futuros jubilados. A los trabajadores cuya curva de salarios es descendiente con la edad, permitirles escoger los mejores años (descartar los peores) les beneficiará. Y el que pierde es el sistema", argumenta Herce. 

Descartar los peores años "daña la contributividad"

Rafael Doménech (@rdomenechv), responsable de Análisis Económico de BBVA Research, argumenta que la posibilidad de ampliar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión inicial "es una medida que va en la dirección apropiada, no tanto para mejorar la sostenibilidad del sistema sino para mejorar su contributividad y equidad. A partir de una pensión mínima, quien más haya cotizado debe tener derecho a pensiones mayores, independientemente de cuándo lo ha hecho".

Para este experto, lo ideal sería ir aumentando gradualmente el periodo de cálculo, hasta tener en cuenta toda la carrera laboral, "como ocurre con un sistema de reparto sobre la base de cuentas nocionales o individuales. Además, el aumento del número de años no debería verse neutralizado por la posibilidad de elegir los 28 mejores de cotizaciones, perjudicando la contributividad y la equidad. La mayor parte de los pensionistas (un 74%) se jubilaron en 2020 con 35 o más años cotizados. De hecho, aunque la reforma de 2011 estableció el aumento de la edad ordinaria de jubilación en función de los años cotizados hasta los 67 años, respetando los 65 años para carreras largas, muchas personas se han seguido jubilando a los 65 años porque han cotizado 35 años o más".

Para los expertos consultados por 65YMÁS, la propuesta del Gobierno se queda corta y tiene bastantes puntos débiles. Tal como advierte el catedrático y subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), la extensión del cálculo y la eventual elección de años cotizados "tiene el objetivo de aumentar la contributividad, de forma que un trabajador a quien le vaya mal al final de la vida laboral, si puede elegir los mejores años, o descartar los peores, no se le reduzca tanto la pensión, y de alguna manera pueda compensar esos últimos malos años con otros buenos o menos malos. El problema es que es una propuesta que se queda corta: en esta segunda parte de la reforma de las pensiones, el ministro Escrivá debería plantear medidas que mejoren la sostenibilidad del sistema, y con este tipo de planteamientos, en el mejor de los casos, el efecto será neutro, pero puede suceder incluso que la elección/descarte de periodos cotizados impacte de manera negativa".

Según Conde-Ruiz, "claramente, la reforma que correspondería hacer ahora sería avanzar hacia el cómputo de toda la vida laboral, para conseguir un sistema de pensiones mucho más contributivo".

Las mujeres, "las más perjudicadas"

La profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III y ex viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Eva Blázquez (@emblazq), argumenta que, si el cómputo se amplía hasta 30 años de cotizaciones, es casi seguro que se contabilizarán varios años de los primeros tiempos de vida laboral, cuando las bases de cotización suelen ser inferiores. Así que, "si para calcular la pensión, nos retrotraemos al principio de la carrera laboral, es muy probable que se nos reduzca la pensión futura. Y existe otro problema, el de las lagunas de cotización, puesto que, cuanto más tiempo cotizado se tome en cuenta, más lagunas de cotización van a existir, y en estos casos, las más perjudicadas serán las mujeres, que tenemos unas carreras más irregulares que los hombres, fundamentalmente por los años de cuidado de los hijos".

"Los 15 últimos años laborales son muy peligrosos"

Polémica y polvareda mediática rodean siempre los anuncios del ministro Escrivá. En este sentido, Mariano Jiménez (@MjimenezLash), presidente de OCOPEN y director general en Cpps Asesores, resalta la "tremenda polémica que surge cada vez que se plantea este tema. Hace meses causó un terremoto hablar de extender el cómputo hasta 35 años y ahora que se habla de aumentarlo a 30, pero eliminando los dos peores, es decir, elegir los 28 mejores años, vuelve a estallar la polémica. Lo preocupante es que vuelva a provocar tal revuelo, cuando la extensión es de solo tres años respecto a la regulación actual, pero muy inferior a la que sería idónea (tener en cuenta toda la vida laboral) para mejorar la contributividad y el equilibrio actuarial. Habría que introducir este tipo de medidas de racionalidad actuarial, pero se invalidan incluso antes de empezar a analizarlas".

Quizá gran parte de la polémica se deba a los recelos que suscita cualquier modificación de la pensión a futuro. Tal como asegura Pau Monserrat (@pmonserrat), economista y profesor asociado de la UIB y CEO de Futurfinances.com., la propuesta de Escrivá "es una medida que, nos guste o no, va encaminada a reducir nuestras pensiones y a alargar la edad de jubilación, porque en definitiva, si se extiende el plazo para computar los años de contribuciones de cara a la pensión, se estarán abarcando más años correspondientes a los comienzos laborales, que suele ser cuando se obtienen menores ingresos, por tener empleos junior, falta de experiencia, etc.".

Monserrat argumenta que una extensión como la planteada perjudicaría al trabajador medio, que hasta hace unos años solía ganar sus mejores nóminas en la etapa previa a la jubilación. Sin embargo, resalta que "ahora ya no existe el trabajo para toda la vida, y los últimos 15 años laborales son muy peligrosos, porque si nuestra empresa quiebra, o hace un ERE, o nos despide, aunque sea de modo improcedente, corremos el riesgo de no volver a trabajar, o hacerlo de modo precario. Para estas personas, el contar 30 años y elegir 28 sí podría ser beneficioso".

Calviño confía en pactar pronto con los agentes sociales

En medio del revuelo político, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha salido en defensa del trabajo del Gobierno en materia de pensiones, resaltando los avances en la segunda fase de la reforma de pensiones y confiando en que pronto habrá un acuerdo con los sindicatos y la patronal.

"Yo creo que estamos avanzando y espero que cuanto antes podamos tener un acuerdo con los agentes sociales", ha reafirmado la vicepresidenta, pese a las duras críticas vertidas, precisamente, por esos mismos agentes sociales y también por su socio de Gobierno, Unidas Podemos, a la propuesta planteada por el ministro José Luis Escrivá.