Las reivindicaciones de la PMP consiguen que el Congreso pida al Gobierno mayor accesibilidad y formación digital para las personas mayores

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha conseguido a través de sus reivindicaciones que el Congreso de los diputados pida al Gobierno que impulse la alfabetización digital de las personas mayores para garantizar su acceso a todos los servicios públicos y privados, además de reclamar dispositivos electrónicos accesibles y más agentes de inclusión social.

En el marco de la campaña de incidencia política llevada a cabo por la PMP, que trata de hacer visible entre partidos políticos e instituciones la exclusión que sufren las personas mayores en un mundo digitalizado, especialmente en lo que respecta a la banca y servicios financieros, la mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado este miércoles, en la Comisión de Política Territorial, una proposición no de ley del PSOE para reclamar la toma de medidas respecto a este problema, que afecta a un sector mayoritario de la población.

Aunque la mayoría de los portavoces han respaldado la iniciativa, han lamentado la falta de concreción y han hecho hincapié en la necesidad de que no desaparezca la atención presencial en determinados servicios.

Con este nuevo avance obtenido gracias a su campaña, la PMP se congratula por la respuesta obtenida a sus reclamaciones, pero incide en que continuará reuniéndose con representantes políticos e instituciones para que todas sus demandas encuentren una solución “lo antes posible”. Además, considera también muy necesario un eficiente proceso de supervisión, de manera que todas las medidas tomadas en este sentido sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.

No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través del nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.