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Las personas mayores quieren escribir su propia Convención
Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas
Imagen de la jornada sobre el papel de España en la futura Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores celebrada por la PMP en el Congreso de los Diputados
La PMP activa a sus organizaciones para convertir el futuro tratado internacional en un proceso de participación, conciencia de derechos y movilización social
Las personas mayores no quieren asistir como espectadoras a la elaboración de la futura Convención Internacional sobre sus derechos. Quieren participar, ser escuchadas y contribuir directamente a definir el tratado que deberá proteger su autonomía, su capacidad de decisión y su plena ciudadanía.
Este fue el principal mensaje del workshop celebrado el pasado 16 de julio por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), en el marco de la reunión de su Junta Directiva. La sesión, moderada por el presidente de la Plataforma, Jesús Norberto Fernández, reunió a representantes de la dirección de la PMP, de sus comisiones de trabajo y de organizaciones de referencia del movimiento asociativo de las personas mayores y de la discapacidad.
El encuentro partió de la intervención de Isabel Martínez Lozano, presidenta de la Fundación HelpAge International España, quien explicó los antecedentes y la situación actual de las negociaciones internacionales. Su exposición permitió constatar que la futura Convención no es una aspiración reciente, sino el resultado de décadas de reivindicación y de trabajo sostenido por las organizaciones de personas mayores.
La negociación ha entrado ahora en una fase decisiva. El grupo de Naciones Unidas encargado de redactar el tratado inició sus sesiones en Ginebra durante el mes de julio. Sobre la mesa se encuentran cuestiones fundamentales: la lucha contra la discriminación por edad, la autonomía personal, el derecho a decidir, los cuidados, la vivienda, la protección social, la salud, la justicia, la participación y los mecanismos que deberán garantizar el cumplimiento efectivo de la Convención.
Pero el workshop no se limitó a analizar lo que sucede en Naciones Unidas. La conversación se centró en una pregunta mucho más cercana: ¿qué pueden hacer las organizaciones de personas mayores para influir en este proceso?
La respuesta fue clara. No basta con apoyar la aprobación del tratado ni con elaborar documentos técnicos desde los órganos de dirección. La futura Convención necesita construirse desde la base, escuchando a las personas mayores en los barrios, los pueblos, los centros de mayores, las asociaciones y los territorios.
De la asistencia a los derechos
Una de las ideas que atravesó todas las intervenciones fue la necesidad de superar la visión asistencial que todavía acompaña con frecuencia al envejecimiento.
Las personas mayores no son únicamente receptoras de cuidados, prestaciones o servicios. Son titulares de derechos, con capacidad para tomar decisiones, participar en la vida pública y orientar las políticas que afectan a sus vidas.
La Convención puede convertirse, por ello, en mucho más que un tratado internacional. Puede ser una herramienta para combatir el edadismo, cuestionar el paternalismo y generar una nueva conciencia de derechos entre las propias personas mayores.
Durante el workshop se subrayó que muchas situaciones discriminatorias siguen aceptándose como consecuencias inevitables de la edad. La pérdida de capacidad de decisión, la exclusión digital o el trato paternalista no siempre se reconocen como vulneraciones de derechos. Cambiar esa percepción será uno de los grandes desafíos del proceso.
Escuchar también a quienes no están organizados
El vicepresidente de la PMP y presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, destacó la necesidad de llegar a las personas mayores que no participan habitualmente en organizaciones. Los centros de mayores, los ayuntamientos y las redes locales pueden desempeñar un papel esencial para ampliar la conversación.
Manuela Carrión, vicepresidenta de la PMP y representante de Fundación ONCE, defendió una estrategia territorial que tenga en cuenta la diversidad de las personas mayores: las diferencias entre el medio rural y el urbano, los distintos grupos de edad, las situaciones de discapacidad o dependencia y las distintas condiciones sociales.
Desde el CERMI, Álvaro García Bilbao ofreció la experiencia acumulada por el movimiento de la discapacidad, que durante años ha trabajado para convertir a las personas afectadas en protagonistas de sus propias reivindicaciones. El aprendizaje resulta valioso, aunque también se insistió en que el movimiento de personas mayores debe construir su propio modelo de participación.
Un Pacto por la Convención
El workshop permitió identificar varias líneas concretas de actuación. Entre ellas, la elaboración de materiales divulgativos accesibles, la organización de debates territoriales y sectoriales, la implicación de universidades y sociedades científicas y el refuerzo de la interlocución con administraciones públicas y partidos políticos.
Juan Ignacio Vela, presidente de la Comisión de Inclusión Digital de la PMP, propuso impulsar un Pacto por la Convención abierto al conjunto de la sociedad. La iniciativa partiría de una idea sencilla: los derechos de las personas mayores no afectan únicamente a quienes hoy han alcanzado una determinada edad. El envejecimiento es una realidad colectiva y una cuestión de ciudadanía.
La tecnología ocupó también un espacio destacado. Miguel Ángel Cabra de Luna, secretario general de la PMP, y Marta Rivas, presidenta de la Asociación de Eméritos de IBM, advirtieron sobre los posibles sesgos por edad en la inteligencia artificial y defendieron que las personas mayores participen en el diseño y entrenamiento de las nuevas herramientas digitales.
Octubre, siguiente estación
El workshop del 16 de julio no fue un punto de llegada. Fue el comienzo de un proceso de trabajo.
La PMP prepara para octubre una acción con sus asociaciones miembro y con las presidencias de sus comisiones. El objetivo será convertir las reflexiones del workshop en prioridades, responsabilidades y compromisos concretos.
Ese trabajo deberá sentar las bases de un Plan de Acción para 2027, articulado en torno a la participación, la sensibilización, la elaboración de propuestas, la incidencia institucional, la construcción de alianzas y la inclusión digital.
La Convención se negociará durante varios años. Mantener la movilización exigirá continuidad, coordinación y capacidad para trasladar un debate internacional a la vida cotidiana de las personas.
La PMP tiene ante sí una oportunidad histórica: ayudar a que las personas mayores no sean únicamente las destinatarias de la futura Convención, sino quienes contribuyan activamente a escribirla. Porque una Convención sobre los derechos de las personas mayores no puede construirse sin su voz. "Nada sobre nosotros sin nosotros".
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