La PMP reivindica un marco legal que sancione la discriminación en la atención a las personas mayores en servicios privados y públicos

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) reivindica la urgente necesidad de desarrollo de un marco normativo legal específico que proteja los derechos de las personas mayores con discapacidad y sancione la “discriminación” que estas puedan sufrir, debido a la brecha digital, tanto en servicios privados como públicos.

Así lo manifestó el secretario general de la PMP, Miguel Ángel Cabra de Luna, en el marco del Conversatorio sobre Consumo Inclusivo, coorganizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), que cuenta con el Ministerio de Hacienda y Función Pública como financiador de la acción dentro de su estrategia de promoción del gobierno abierto.

Su participación tuvo lugar en la mesa ‘La brecha digital: una barrera al derecho a la información pública y al disfrute de los bienes de consumo’, centrada en las demandas de las personas consumidoras vulnerables en materia de inclusión financiera. En ella también intervinieron Marina Rojas, miembro de la Comisión de Consumo Inclusivo del CERMI; José Ramón Lozano, vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios, y Álvaro García Bilbao, presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI y miembro de la Junta Directiva de la PMP, que ha abordado las personas con discapacidad mayores ante la creciente digitalización.

Miguel Ángel Cabra de Luna remarcó que “aunque la digitalización haya llegado para quedarse, no puede imponerse”. Hay 4,5 millones de personas mayores de 75 años que no quieren o no pueden digitalizarse y “el problema es que toda esta implementación digital se ha hecho sin ninguna transición”, explicó. “No se puede eliminar de un plumazo la atención personal, tanto en servicios bancarios como en las administraciones públicas. Todos los servicios deben ser accesibles según las directivas europeas de consumo, no pueden generar la discriminación que se está produciendo”, aseveró.

Asimismo, también destacó los principales ejes que deben abordarse para evitar la brecha digital que afecta a las personas mayores y las personas con discapacidad mayores. Estos son: máxima accesibilidad, atención personal cuando sea requerida, personal de apoyo, simplicidad en los dispositivos tecnológicos, privacidad y formación en nuevas tecnologías.

Sin embargo, manifestó que “no es suficiente con los protocolos y códigos éticos”. Según expuso, “los nuevos desarrollos legislativos deben incluir un cuadro de infracciones y sanciones para aquellas entidades financieras, empresas de servicios o entidades públicas que incumplan con los requisitos de atención y no discriminación de los consumidores más vulnerables”.

Por su parte, Álvaro García Bilbao denunció que se ha venido produciendo un “incumplimiento efectivo de los derechos fundamentales y de inclusión financiera de las personas mayores con discapacidad”. En este sentido, coincidió con Cabra de Luna que la defensa de estos derechos mediante un marco legislativo debe afectar no solo a las entidades financieras, sino que “debe hacerse extensible a las administraciones públicas, que deberían ser un referente en estos aspectos”.

Ambos ponentes hicieron mención además de los últimos avances legislativos en la materia, los cuales están pendientes de entrar en vigor, como son la enmienda transaccional añadida a la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social, que exige al Gobierno mejoras legislativas en un plazo de tres meses, o la ley de creación de la Autoridad de Protección al Cliente Financiero. A este respecto, Cabra de Luna añadió que “se están produciendo cambios positivos, pero esos cambios ahora hay que consolidarlos. Todavía tenemos que seguir trabajando para que tanto la empresa privada como las administraciones cumplan con los derechos fundamentales de los consumidores vulnerables”.