La PMP reclama una nueva ordenación del territorio y una política decidida que garantice igualdad real para las personas mayores en el medio rural

La PMP reclamó una respuesta política decidida para garantizar que las personas mayores que viven en el medio rural accedan a los mismos derechos y servicios que quienes residen en entornos urbanos. Así lo defendió durante el diálogo que celebró junto a la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘Personas mayores, derechos y servicios públicos en el medio rural’.

En el coloquio, retransmitido en directo desde el estudio de Servimedia y moderado por el director general de la agencia de noticias, José Manuel Huesa, participaron la presidenta de la Confederación Nacional de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) y comisionada de Mujeres Mayores y Mundo Rural de la PMP, Carmen Quintanilla; el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; la directora general de Políticas contra la Despoblación, Ángeles Marín; y la directora general de Igualdad y Políticas Locales de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Cristina Montalvá.

Una desigualdad que se mide en servicios que no llegan

Desde el inicio, Jesús Norberto Fernández planteó el problema sin rodeos. “La diferencia entre vivir en el medio rural o en el urbano se ha convertido en una desigualdad real y tangible”, afirmó. Cifras como los más de 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes, o los cerca de 1,5 millones de personas que viven en pueblos diminutos, ofrecen una dimensión demográfica clara, pero para la PMP el problema es más profundo: “es una cuestión de silencios, de calles sin voces jóvenes, de hogares donde los servicios públicos ya no llegan”.

Fernández describió un panorama que miles de mayores conocen bien. En algunos pueblos pequeños, el médico acude una vez a la semana; en otros, ni siquiera hay transporte público para acudir a una consulta en la cabecera de comarca. Los servicios sociales dependen de estructuras externas que no siempre alcanzan la vida cotidiana de quienes más los necesitan. Y la desaparición de oficinas bancarias ha dejado a muchos mayores “literalmente aislados”, obligándolos a desplazamientos imposibles o a depender de terceros incluso para trámites elementales.

“No se puede construir un país que garantice la igualdad si el acceso a los derechos depende del código postal”, señaló el presidente de la PMP. 

El rostro femenino del envejecimiento rural

Carmen Quintanilla añadió la perspectiva humana y, muy especialmente, la perspectiva de las mujeres mayores. “Sin servicios no hay territorio, y sin territorio no hay igualdad”, señaló, recordando que en España existen 411 municipios donde toda la población tiene más de 65 años, y otros tantos en los que no queda una sola persona joven.

Quintanilla reconstruyó la trayectoria vital de las mujeres mayores del medio rural, que durante décadas han sostenido la vida comunitaria con su trabajo, sus cuidados y su resiliencia. Hoy, muchas de ellas se encargan de familiares dependientes ante la falta de recursos públicos y lo hacen con edades avanzadas: mujeres de 60 años cuidando a madres de 90, en entornos donde no hay servicios sanitarios estables ni apoyos domiciliarios suficientes.

Asimismo, Quintanilla señaló que dos de cada tres personas que abandonan el medio rural son mujeres, atraídas por la posibilidad de un empleo o expulsadas por la falta de oportunidades. “El empleo es el primer pilar de la igualdad”, remarcó. Y añadió otra reivindicación clave: “La España rural no es la España vaciada; es la España donante”, la que preserva biodiversidad, territorio, identidad y soberanía alimentaria.

La visión institucional: avances, límites y la necesidad de coordinación

Por su parte, Ángeles Marín reconoció que los últimos años han traído avances significativos, especialmente a raíz de la estrategia estatal y los fondos europeos que han permitido financiar proyectos de innovación en municipios de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, admitió que el reto sigue siendo lograr que esa financiación llegue a los lugares “más pequeños y más vulnerables”, aquellos con menos capacidad administrativa para gestionar ayudas.

Marín defendió la necesidad de modernizar la prestación de servicios a través de la tecnología —telemedicina, monitorización domiciliaria, teleasistencia avanzada— y avanzó que el Gobierno presentará una nueva estrategia que sitúe la equidad territorial en el centro de las políticas públicas.

La representante de la FEMP, Cristina Montalvá, aportó una mirada complementaria desde lo local. Desde su experiencia, recordó que los ayuntamientos son la puerta de entrada a los derechos y que muchos de ellos destinan porcentajes desproporcionados de sus presupuestos a la atención social, sin poder cubrir otras necesidades esenciales. Subrayó que “o las políticas se diseñan desde la realidad del territorio, o se quedarán en buenas intenciones”, e insistió en que la coordinación entre administraciones y la financiación adecuada son las claves para sostener cualquier estrategia sólida frente al envejecimiento rural.

Hacia un nuevo modelo de cuidados y de territorio

La PMP utilizó el debate para plantear no solo problemas, sino caminos. Fernández defendió que la atención a las personas mayores debe convertirse en un yacimiento de empleo en los pueblos: desde la rehabilitación de viviendas hasta la profesionalización de los cuidados. Quintanilla, por su parte, subrayó que una ordenación del territorio moderna es imprescindible para revertir la desigualdad y garantizar vivienda asequible, transporte adecuado y servicios públicos capaces de sostener la vida en comunidad.

Ambos coincidieron en que el futuro pasa por modelos comarcales de gestión, capaces de llevar servicios allí donde no es viable mantenerlos a nivel municipal; por el impulso de tecnologías que permitan vivir en casa el mayor tiempo posible; y por la creación de figuras profesionales clave, como gestores de caso, que coordinen recursos sanitarios, sociales y comunitarios.

El debate concluyó con una convicción compartida: España no puede permitirse que envejecer en el medio rural sea sinónimo de renunciar a derechos. Quintanilla cerró con un mensaje lleno de esperanza: “Nuestros pueblos tienen futuro. Mientras haya mujeres, habrá futuro”. Y Fernández añadió un llamamiento: “El medio rural no es un problema; es una oportunidad. Pero solo será una oportunidad real si garantizamos los derechos de quienes ya viven allí”.