La PMP continúa su ronda de encuentros con representantes políticos e instituciones para abordar el problema de la exclusión financiera de las personas mayores

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha estado celebrando en los últimos meses diversas reuniones con representantes de partidos políticos, de instituciones y de asociaciones del sector bancario para reforzar sus demanda respecto a la exclusión financiera que sufren las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, causada principalmente por el cierre de miles de sucursales bancarias que se viene produciendo desde hace años.

Se trata de una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line. Por tanto, la PMP ha trasladado a cada uno de sus interlocutores cómo en estos momentos se hace especialmente necesario un marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Uno de los primeros encuentros celebrados por la PMP fue con el director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga, quien manifestó estar en línea con la defensa de los derechos de las personas mayores. En este sentido, se mostró predispuesto a ayudar en la búsqueda de instrumentos que acaben con el problema de la brecha digital y de la exclusión financiera de las personas mayores, al tiempo que aseguró que iban a trabajar en ello.

El siguiente en escuchar las demandas de la PMP fue el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, a quien la plataforma informó de su intención de reunirse con las entidades financieras para comprobar las posturas adoptadas tras el mes de plazo que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dio a los bancos para trabajar medidas que mejoren la inclusión financiera de las personas mayores.

Ante los 20.000 millones de euros de ganancia obtenidos por los grandes bancos en 2021, la PMP considera que, a cargo a estos recursos, “se debería poder solventar la atención personal para las personas mayores”. Una barrera que califican como “un problema de una gran gravedad por el maltrato que supone para miles y miles de personas mayores”.

Cabe destacar también la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien manifestó su firme compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, al tiempo que informó a la PMP de que se ha dirigido al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para trasladarle este problema y está esperando una respuesta de dicha institución sobre este tema.

De hecho, posteriormente el gobernador del Banco de España también se reunió con la PMP, un encuentro que la Plataforma ha considerado como “muy positivo” por el interés mostrado por Hernández de Cos ante los diversos temas programáticos expuestos por la PMP en la reunión y el amplio diálogo mantenido en torno a los mismos.

Por último, la PMP también fue recibida por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que se ha ofrecido como aliado en las reivindicaciones de la PMP y ha manifestado que las puertas del Ministerio de Consumo están abiertas para recibir sus aportaciones; al tiempo que ha propuesto la celebración de futuras reuniones técnicas para tratar de avanzar en la resolución de dichas demandas y, en particular, en relación con la brecha digital y la exclusión financiera de las personas mayores, como consumidores vulnerables, y en el marco de los servicios de atención al cliente.

Encuentros con partidos políticos

En lo que respecta a la consecución de un nuevo marco normativo que proteja especialmente a las personas mayores y personas mayores con discapacidad en su utilización de los servicios financieros, no podían faltar las reuniones con representantes de los principales partidos políticos. Así, la PMP se reunió con portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, además de miembros y representantes de otros partidos como Más Madrid y Podemos.

Por su parte, la portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, y el portavoz de Economía, Pedro Casares, se comprometieron durante la reunión con PMP a estudiar todas las enmiendas a las actuales leyes de protección de consumidores vulnerables para que recojan estos temas, así como a intentar llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos para promover estos cambios. Además, ambos anunciaron que están llevando a cabo otras proposiciones no de ley sobre este asunto.

Carmen Riolobos, portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular, también recibió a la PMP y se mostró  muy receptiva y concienciada respecto a dichas propuestas e, incluso, mostró su preocupación en este sentido acerca de los principales problemas sufridos por las personas usuarias de banca en la actualidad, como es el cierre de las oficinas físicas, la reducción de horarios de ventanilla, la obligación de pedir cita, la ausencia de habilidades informáticas de algunos colectivos o la complejidad de manejo de los cajeros y las aplicaciones móviles, entre otras.

En su reunión con el senador y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, la PMP no solo expuso sus reivindicaciones en materia de exclusión financiera, sino que también trasladó su preocupación en torno a otras cuestiones clave que afectan al colectivo que representa, como el grave problema de la soledad no deseada o las fuertes carencias en la atención primaria en el sistema de salud.

Gómez Perpinyá se mostró muy interesado en toda la problemática expuesta por la PMP, al tiempo que manifestó su voluntad de adoptar medidas urgentes y de contribuir al desarrollo de la ley de protección integral de las personas mayores.

Por último, el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Álex Zapico, también escuchó las demandas de la PMP en otro encuentro que se enmarca en esta campaña de incidencia política que está llevando a cabo la Plataforma, cuyo principal objetivo es desarrollar ese nuevo marco legal al que se comprometió la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

Reuniones con los bancos

Entre las demandas planteadas por la PMP destaca también la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el servicio de Correos.

En este sentido mantuvo un encuentro con representantes de las asociaciones bancarias CECA y UNACC, quienes transmitieron a la PMP su voluntad de prestar apoyo y emprender iniciativas destinadas a la formación financiera y tecnológica que faciliten una mayor accesibilidad de las personas mayores a los servicios bancarios.

Los siguientes en escuchar las demandas de la PMP fueron los representantes de la Asociación Española de Banca (AEB). Durante el encuentro mantenido con María Abascal, directora de Políticas Públicas, y el portavoz y responsable de Comunicación, José Luis Martínez Campuzano, acordaron continuar manteniendo futuras reuniones con la PMP a fin de valorar las demandas de medidas concretas que terminen de paliar el problema de la exclusión financiera de las personas mayores.

Para la PMP, lo más importante es que todas las medidas destinadas a eliminar las barreras de exclusión financiera deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad. No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en una nueva norma.