Elma Saiz insiste en que el sistema público de pensiones es sostenible y que las reformas seguirán adelante

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo celebró en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados el 30º aniversario de su constitución. Bajo el título ‘El Pacto de Toledo y la solidaridad intergeneracional como garantía de futuro del sistema de protección social’, el encuentro se concibió como un espacio de reflexión sobre un "gran hito colectivo que mejoró nuestra sociedad y que ha sentado las bases de nuestro estado del bienestar".

La inauguración estuvo a cargo de Isaura Leal, secretaria primera, y Mercè Perea, presidenta de la Comisión. Ambas reivindicaron el espíritu de diálogo y acuerdo en tiempos de crispación, señalando que el Pacto es un referente que demuestra que "se puede llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría". Perea atribuyó el buen hacer de la comisión, durante 30 años, a cuatro sustantivos clave: lealtad, generosidad, responsabilidad e inteligencia.

Joan Coscubiela, exdiputado y sindicalista, calificó los 30 años del Pacto de Toledo como "la gran anomalía en positivo del clima de crispación que vive este país". Coscubiela y otros expertos coincidieron en que el sistema de seguridad social español es "la envidia del mundo". Subrayó que el consenso parlamentario del Pacto se ha mantenido y fortalecido gracias al proceso de concertación social tripartita con sindicatos y patronales.

Desactivando el conflicto intergeneracional

Un eje central de la jornada fue la defensa de la solidaridad intergeneracional como elemento estructural del sistema. Mercè Perea insistió en que la solidaridad intergeneracional "no es una opción, es una obligación colectiva".

Varios ponentes, incluyendo a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Joan Coscubiela, calificaron el debate sobre la lucha entre jóvenes y mayores de "artificial" y "tramposo". Rego aseveró que las tensiones que existen "no son tensiones entre edades," sino que son "lucha de clases," generadas por un orden económico que convierte "la estabilidad en un privilegio".

No obstante, Iván Campuzano, expuso datos que reflejan la desafección. Informó que cerca del 60% de los jóvenes menores de 35 años no cree que cobrará una pensión o que será digna, y que un 30% de las personas a menos de 10 años de jubilarse comparten esa preocupación. Campuzano señaló que un gran reto es la autocrítica de los políticos, dado que uno de cada dos españoles no sabe cómo se pagan las pensiones.

La exministra Magdalena Valerio recordó que la longevidad y la baja natalidad son grandes retos, pero que la Seguridad Social ha mantenido su sostenibilidad (financiera, social, jurídica y política) a lo largo de las décadas a través de la evaluación y la adopción permanente de medidas legislativas.

Una conclusión transversal de los expertos fue la interconexión directa entre el mercado laboral y la financiación de las pensiones. El exdiputado Iñigo Barandiarán articuló la ecuación "insoslayable": "Trabajo, salario, cotización".

Juan Carlos Aparicio enfatizó que "las pensiones se pagan con dinero, con prosperidad, con riqueza". El exministro advirtió que una sociedad debe ser competitiva para ser viable, aunque también insistió en que, si no es solidaria, "no merece la pena ser vivida". Aparicio también recordó que el Pacto de Toledo exige un seguimiento continuo para adaptarse a los cambios del mundo.

Desde la perspectiva sindical juvenil, Carlos Entenza (CCOO) y Belén Guirado (UGT) hicieron hincapié en la precariedad laboral. Entenza insistió en que el mayor catalizador de desigualdad intergeneracional es el sistema económico y el mercado laboral, y que "sin salarios decentes, muy difícilmente va a haber ingresos". Argumentó que la clave de la sostenibilidad reside en que los jóvenes tengan "carreras de cotización reales, estables y más derecho".

Belén Guirado introdujo el problema de la vivienda como la "verdadera grieta de cohesión social", señalando que 2,5 millones de jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión. Argumentó que a una generación que no puede pagar el alquiler hoy, no se le puede exigir confianza en su pensión futura.

Los jóvenes ponentes ofrecieron propuestas concretas que los futuros miembros de la comisión deberían considerar:

• Estatuto del Becario y Contrato de Relevo: Desbloqueo del Estatuto del Becario, asegurando la cotización de las prácticas no laborales. También pidieron recuperar y extender el Contrato de Relevo, considerado una "mayor expresión de solidaridad intergeneracional" en el plano laboral.
• Igualdad Efectiva: Belén Guirado propuso garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral y de las pensiones, asegurando rentas mínimas suficientes en el ámbito contributivo y no contributivo para dignificar la subsistencia.
• Bases Máximas de Cotización: Elena Taramundi sugirió abolir la acotación a las bases máximas de cotización, argumentando que no responden a los fenómenos sociales actuales.

Magdalena Valerio, por su parte, detalló los avances en la separación de fuentes de financiación. Recordó que el Artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social establece que los gastos no contributivos deben financiarse exclusivamente con impuestos. Señaló que el cumplimiento de esta recomendación del Pacto de Toledo ha resultado en una transferencia de la hacienda pública a la seguridad social de más de 48.000 millones de euros el año pasado. Valerio también mencionó la necesidad de explorar mecanismos complementarios de financiación (como mejoras en el Impuesto de Sociedades o control del fraude fiscal y laboral) si la digitalización y la IA reducen la masa salarial.

Igualmente, Valerio afirmó que, dado el bajo nivel de natalidad, tendrán que venir "hijos y nietos de otros países, inmigración regular, a ser posible, segura, ordenada," ya que es un proceso imparable. La Ministra Saiz corroboró que la población extranjera explica el 70% del incremento de la población activa entre 2018 y 2024.

Mensaje de confianza

La jornada concluyó con las intervenciones de la ministra Sira Rego, y la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Rego cargó contra los "agoreros del sistema", afirmando que quienes insisten en que el sistema está condenado al fracaso, "se equivocan siempre en la misma dirección y siempre a favor de los mismos intereses". Recordó que el déficit real del sistema, gracias a las reformas de 2021, es del 0,4% para 2025, lo que supone ser "10 veces menor" de lo que pronosticaban instituciones como Fedea (3,45%) o el Círculo de Empresarios (4,01%).

Por su parte, Saiz reafirmó que "el consenso no es un adorno institucional, es la garantía de estabilidad de presente y también de futuro". Destacó los datos positivos del mercado laboral, que sustentan la confianza en el sistema:

• Se están "acariciando los 22 millones de afiliados a la seguridad social".
• La temporalidad general ha caído al 12%.
• La tasa de temporalidad juvenil está en niveles mínimos, por debajo del 20% (frente al 50% en 2018).
• La edad real de jubilación se ha acercado a la legal (65,3 años).
• Las jubilaciones anticipadas han caído a menos del 30%.

Igualmente, Saiz enfatizó que el sistema es sostenible, y que las reformas seguirán adelante, manteniendo el compromiso de la Administración con el "espíritu de diálogo valiente y de consenso generoso".

El debate puso de relieve que el Pacto de Toledo ha sido y sigue siendo un pilar fundamental de la democracia. El sistema de pensiones fue definido no como una "promesa individual”, sino como “un pacto social de compromiso de una sociedad". Los participantes instaron a los miembros actuales de la Comisión a emprender la cuarta renovación con la firmeza del consenso y la visión de futuro, entendiendo que las decisiones que no se tomen hoy, "mañana nos costarán el doble".