El reto sociodemográfico en España y en Europa

La PMP ha participado en un encuentro organizado por la Asociación Española de Fundaciones para analizar el reto sociodemográfico en España y en Europa. Durante el mismo, el secretarío general de la Plataforma, Miguel Ángel Cabra de Luna, expuso una visión integral sobre los desafíos del envejecimiento, la despoblación y la desigualdad territorial, así como las propuestas estratégicas de la organización para avanzar hacia un modelo de cohesión social más justo, inclusivo y basado en derechos. A continuación, se reproduce íntegramente su intervención.

Es un honor para mí intervenir hoy en este foro que aborda uno de los mayores desafíos estructurales de nuestro tiempo: el reto sociodemográfico en España y en Europa. Un reto que no es abstracto ni distante, sino una realidad tangible que condiciona la vida cotidiana de millones de personas y las oportunidades de nuestro futuro colectivo.

Hablamos de un desafío que interpela directamente a los principios de equidad, cohesión territorial y derechos humanos, y que exige respuestas políticas valientes, integrales y sostenibles, alejadas de planteamientos coyunturales o fragmentados.

El contexto demográfico en España y Europa

España, al igual que la mayoría de los países europeos, atraviesa una profunda transformación demográfica marcada por un envejecimiento acelerado de la población, tasas de natalidad persistentemente bajas y una distribución territorial profundamente desigual.

Hoy, cerca de uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más ─a finales de 2025, la población de 65 años o más ya superaba los 10 millones de personas, representando más del 20% del total de habitantes─ y esta proporción seguirá aumentando en los próximos años, con efectos directos sobre la estructura económica, el mercado laboral, los sistemas de protección social y la organización de los servicios públicos.

La esperanza de vida supera ya los 84 años, situando a España entre las sociedades más longevas del mundo. Sin embargo, este logro convive con una realidad preocupante: durante 2024 se registraron 318.000 nacimientos en nuestro país con una tendencia continuista durante el año pasado, lo que consolida un saldo vegetativo negativo que se mantiene de forma continuada.

Estas tendencias no son exclusivas de nuestro país. En el conjunto de la Unión Europea, la mayoría de los Estados miembros presentan tasas de fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo, lo que obliga a repensar en profundidad políticas públicas clave: desde el empleo y los cuidados, hasta la vivienda, la movilidad o la cohesión social.

No obstante, en España este fenómeno adquiere una intensidad particular, y lo hace, sobre todo, desde una clara dimensión territorial.

Despoblación y desigualdad territorial: el papel de los municipios rurales

El reto demográfico no se distribuye de forma homogénea. Los datos más recientes muestran que el 66 % de los municipios rurales españoles ha perdido población en la última década, entre 2014 y 2023. Esta tendencia es aún más acusada en los municipios de menos de 5.000 habitantes, donde 4.753 localidades ─el 70 % del total─ han visto reducirse su población. (Datos del informe Perfil ambiental de España 2023 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

En estos territorios vive una parte fundamental de nuestra ciudadanía. De hecho, más de 7.700 municipios rurales concentran alrededor del 30 % de población mayor de 65 años, lo que evidencia un doble desafío estructural: despoblación y envejecimiento simultáneos.

La pérdida de población rural no es solo una cuestión estadística. Tiene consecuencias profundas en la vida social, la economía local y el acceso efectivo a derechos. La baja densidad y la dispersión territorial dificultan la sostenibilidad de infraestructuras esenciales ─sanidad, transporte, servicios sociales, comercio de proximidad─ y generan entornos donde las personas mayores enfrentan barreras adicionales para ejercer derechos básicos en condiciones de igualdad.

En el medio rural, estas dinámicas se ven agravadas por la escasez de servicios públicos accesibles, lo que incrementa la pérdida de autonomía, el aislamiento social y la soledad no deseada entre las personas mayores. Un fenómeno que la Plataforma de Mayores y Pensionistas ha identificado reiteradamente como prioritario, tanto en análisis propios como en distintos foros organizados para abordar esta temática, en los últimos años.

Este proceso no es ajeno a otros países europeos, que también han visto cómo el éxodo urbano y la concentración de población en grandes áreas metropolitanas han vaciado amplios territorios rurales. Por ello, el reto sociodemográfico es también, de manera ineludible, un reto territorial.

Respuestas estratégicas y políticas públicas. Hoja de ruta de la PMP

Frente a esta compleja realidad, España cuenta con marcos de acción relevantes, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, cuyo desarrollo la PMP apoya firmemente y en el que queremos contribuir de manera activa y estructurada. En reuniones mantenidas con el Secretario General para el Reto Demográfico, Francesc Boya, subrayamos la necesidad de incorporar de forma transversal la perspectiva de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad en el diseño de esta Estrategia, garantizando un enfoque basado en derechos, evidencia y experiencias reales de vida.

En este sentido, hemos habilitado un canal de trabajo conjunto con la Secretaría General que valoramos muy positivamente, al suponer un avance significativo en términos de cooperación institucional y de reconocimiento del papel del movimiento asociativo de personas mayores. En este contexto, la PMP ha ofrecido su red territorializada de organizaciones como un instrumento clave para articular sinergias, identificar déficits y detectar carencias en el acceso a servicios esenciales que afectan de manera especialmente acusada a las personas mayores y a las personas mayores con discapacidad en entornos rurales.

En este ofrecimiento, la PMP ha sugerido asimismo la conexión de su red territorializada con los Centros de Innovación Territorial (CIT), subrayando su contribución al impulso de soluciones innovadoras y adaptadas a las realidades locales, y promoviendo la creación de espacios compartidos de colaboración que permitan afrontar de manera coordinada y eficaz respuestas ajustadas a las necesidades reales de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad.

Asimismo, la participación activa de la PMP en el Foro para la Cohesión Territorial refuerza este compromiso, al facilitar el traslado directo de las demandas, necesidades y propuestas del colectivo de personas mayores a los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional, contribuyendo a la definición de políticas públicas más equitativas, inclusivas y sensibles a la diversidad territorial.

Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas hemos planteado una hoja de ruta clara y consensuada, centrada en cuatro ejes fundamentales:

• El acceso a servicios públicos y sistemas de cuidados de calidad en zonas rurales, evitando cualquier forma de discriminación por razón del lugar de residencia.
• La lucha contra la soledad no deseada, impulsando modelos comunitarios, redes de proximidad y enfoques intergeneracionales.
• La reducción de la brecha digital, clave para garantizar la inclusión social, la autonomía personal y la participación plena en la sociedad.
• La coordinación interinstitucional con enfoque intergeneracional, para que las políticas de envejecimiento se integren de forma coherente con las de juventud, empleo, educación, vivienda y desarrollo territorial.

El reto sociodemográfico no puede abordarse con medidas aisladas ni con respuestas parciales. Requiere un enfoque integral, sostenible y basado en derechos humanos.

Esto implica reconocer que las personas mayores no son sujetos pasivos de políticas asistenciales, sino agentes activos de la sociedad, con capacidades, experiencia y un papel clave en la cohesión social y territorial.

Por ello, defendemos una Estrategia Demográfica que impacte transversalmente en:

• La educación y la formación a lo largo de la vida.
• La participación comunitaria y la inclusión social.
• La generación de oportunidades económicas y laborales para las personas mayores.
• La garantía de servicios públicos básicos con criterios de accesibilidad universal, proximidad, calidad y equidad territorial.

Quiero concluir recordando que este reto es colectivo. Exige la implicación coordinada de las Administraciones públicas, del Parlamento, de las comunidades autónomas y los municipios, de la sociedad civil organizada y del conjunto del tejido asociativo.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas está preparada para colaborar de manera activa, leal y constructiva con todos los actores implicados -Gobiernos central y autonómicos, administraciones locales, Parlamento y sociedad civil-, aportando propuestas viables, contrastadas y orientadas a resultados. 

Nuestro compromiso es que la voz de las personas mayores, especialmente de quienes viven en territorios rurales, no solo sea escuchada, sino que se refleje en acciones concretas que transformen realidades.

La España que queremos ─y que nuestra sociedad necesita─ es aquella que no deja a nadie atrás, que garantiza igualdad de oportunidades con independencia de la edad o del territorio, y que reconoce en cada persona mayor una fuente de dignidad, experiencia y valor social. Juntos podemos construir una sociedad más cohesionada, con territorios vivos, servicios accesibles y oportunidades para todas las generaciones.