El Consejo de Consumidores y Usuarios se hace eco de las demandas de la PMP respecto las necesidades de las personas mayores en los servicios privados y públicos

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha manifestado su satisfacción por el encuentro mantenido con los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU). El organismo se ha hecho eco de las reclamaciones de la plataforma respecto a la protección de los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores como consumidores y usuarios de los servicios tanto privados como públicos.

Durante la reunión la PMP ha podido compartir con el CCU algunas de sus principales reivindicaciones, como es la urgente necesidad de una legislación que proteja a las personas mayores frente a la brecha digital y la exclusión financiera. Esta nueva normativa debe contemplar que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal. En este sentido, el CCU ha manifestado que las dificultades para acceder a los servicios bancarios son especialmente preocupantes en el caso de las personas mayores y, por tanto, es necesario, entre otras medidas, el mantenimiento de una infraestructura física accesible en las entidades financieras.

Entre las demandas concretas planteadas por la PMP, que quiere ver definitivamente reflejadas en la ley y que han sido secundadas por el CCU, se encuentran la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el Servicio de Correos.

Para paliar estos problemas la PMP viene reclamando actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal específico, el cual debe obligar a las entidades financieras a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

Por su parte, la PMP también ha trasladado al CCU que su lucha contra la brecha digital, aunque actualmente está más centrada en los servicios financieros, debe hacerse extensible y tener una réplica en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también necesitan mejoras de accesibilidad a servicios esenciales, tales como el sanitario, Seguridad Social, o el de empresas de telecomunicaciones y energéticas, entre otros.

Para ello, es muy importante desarrollar políticas inclusivas en el ámbito de las tecnologías de la información (TIC). Las administraciones públicas no deben olvidar a las personas mayores en sus procesos de transformación digital y deben garantizar que todos los ciudadanos puedan relacionarse con ellas de forma presencial, junto con otras medidas que mejoren la prestación de los servicios.