España refuerza su apoyo a una Convención de la ONU sobre los derechos de las personas mayores en una jornada celebrada en el IMSERSO

El salón de actos del Imserso ha acogido una jornada dedicada al proceso de elaboración de la futura Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas Mayores, en la que se ha subrayado la necesidad de contar con un marco jurídico internacional específico para este grupo de población, que en 2050 representará en torno a un tercio de la población española.

“Envejecer es una cuestión de derechos humanos”

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha abierto el encuentro y ha defendido que “envejecer es una cuestión de derechos humanos y no de asistencia”. Ha calificado la futura Convención como un “importante motor” para transformar las políticas públicas y ha insistido en que la longevidad es una “conquista democrática”, pero que ese avance solo será completo si se garantiza la dignidad y la autonomía de las personas mayores.

Martínez ha señalado la necesidad de superar la “visión asistencialista” y de reconocer a las personas mayores como “sujetos de derechos con capacidad para decidir”. En este marco, ha destacado que las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia constituyen pilares fundamentales de esta estrategia y ha recordado que el Gobierno confía en poder aprobarlas antes del verano.

El papel del IMSERSO

La directora general del Imserso, Mayte Sancho, ha descrito el proceso que ahora se inicia como “fructífero, cocreador y rompedor”, y ha subrayado que su objetivo principal es garantizar de forma efectiva los derechos de quienes envejecen.

Sancho ha puesto el acento en la importancia de que todas las políticas públicas integren la perspectiva del envejecimiento y ha destacado la colaboración entre administraciones, organizaciones sociales y mundo académico en la definición de la futura Convención.

La voz del movimiento asociativo

La jornada ha contado con una amplia representación del movimiento asociativo de las personas mayores. La presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez Lozano, ha recordado que aún no existe una protección “universal e integral” de los derechos de las personas mayores y ha celebrado que España cuente con un Gobierno que “apuesta decididamente” por este proceso, dando voz a quienes serán sus protagonistas.

Durante su intervención, el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha trazado un paralelismo entre el proceso que dio lugar a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el que ahora se abre para crear este instrumento internacional para las personas mayores. Ha recordado que la primera contó con un apoyo prácticamente unánime de los Estados, mientras que en el caso de la Convención para las personas mayores persisten diferencias relevantes, especialmente dentro de la Unión Europea, donde existen “dos bloques”. Aproximadamente la mitad de los países se muestran favorables y, la otra mitad, entre ellos Estados de gran peso como Francia, Alemania, Holanda, o los países nórdicos, sostienen que antes de crear un instrumento internacional debería producirse un mayor desarrollo de las normas nacionales.

Por otro lado, Fernández ha remarcado otra diferencia fundamental, señalando que “en el caso de la Convención de la Discapacidad se produjo una gran participación de la sociedad civil organizada, sin embargo, en este caso y en estos momentos, se percibe en la posición defendida por algunos países una restricción a la participación del tercer sector”.  En este sentido, ha destacado que el proceso de desarrollo de la futura Convención para las Personas Mayores “no va a ser tan fácil y rápido como el que desembocó en la Convención de la Discapacidad, no se nos va a regalar nada; y la sociedad civil debe ganarse su sitio y su voz”.

Aportaciones académicas y jurídicas

En el ámbito académico, Aída Díaz-Tendero, vocal del patronato de HelpAge International España, ha expuesto el recorrido realizado hasta llegar al inicio de la redacción de la Convención, repasando las principales etapas del debate internacional sobre los derechos de las personas mayores. 

En el plano jurídico, el catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III, Carlos Ramón Fernández, ha presentado diez razones que, a su juicio, justifican la urgencia de impulsar este instrumento internacional, entre ellas la necesidad de clarificar obligaciones de los Estados, evitar vacíos de protección y dar coherencia al conjunto del sistema internacional de derechos humanos en materia de envejecimiento.

Participación ciudadana y movilización global

Para reforzar la participación social en este proceso, Belén Martínez, responsable de incidencia y formación HelpAge International España, ha presentado el proyecto Global Rally 2026. Ha explicado cómo la ciudadanía española ha intervenido ya en las fases previas de la redacción de la Convención y ha detallado las acciones previstas para seguir impulsando el movimiento social a favor de este nuevo marco de derechos.

Martínez ha insistido en la importancia de mantener informadas y activas a las organizaciones de personas mayores, así como a la población en general, para que la Convención refleje sus necesidades y prioridades.

Próxima cita en Ginebra

El cierre de la jornada ha corrido a cargo de Manuel Veguín, consejero internacional y para Iberoamérica del Imserso, quien ha anunciado que los días 18 y 20 de febrero se celebrará en Ginebra la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo intergubernamental encargado de la Convención.

Según ha explicado, España acudirá a esta cita con el objetivo de “liderar las políticas globales de envejecimiento”, en coherencia con el compromiso expresado por todos los ponentes durante esta jornada.