“Los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital”

Me gustaría compartir una anécdota que viví hace unos días en una entidad bancaria. Una señora le decía a la empleada del banco que le agradecía su apoyo a la hora de hacer sus operaciones, y ella le dijo que tendrá que venir más veces porque con internet no se entera. La empleada le espetó: “pues con que lo haga en su casa dos veces, no va a tener ningún problema”.

Me quedé atónita. La señora se dio la vuelta y se fue. Y la pregunta que nos hacemos ante esto es cómo es posible que una persona que acude a un banco a gestionar su dinero no encuentre una ayuda, una cara amable, que le trate con dignidad y humanidad.

¿Qué está ocurriendo? Y esto es algo que ya Robert N. Butler EN Estados Unidos en 1969 denominó edadismo, es decir, la discriminación social de las personas mayores, muchas veces por estereotipos, incluso reforzados por los medios de comunicación.

La discriminación por razón de edad es una cuestión de ética en primer lugar, jurídica, política y social, de primer orden, y requiere un compromiso por parte de la sociedad, de los políticos, máxime cuando se combina con otras discriminaciones por razón de sexo, de raza o de discapacidad.

Cada vez vivimos más años, y esto es un logro. Se habla ya de la revolución de la longevidad. En España tenemos personas de más de 64 años a 9,38 millones en enero de 2021. Esto significa que la sociedad está cambiando, que es un logro sin precedentes y esto nos va a obligar a todos a lo que ya se denomina el envejecimiento activo y saludable, la participación de estas personas en la sociedad, y, sobre todo, el respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales.

Pensar la vejez como un tiempo de vida, como un tiempo de autoconsciencia que recoge toda una vida, pero que participa también en los momentos sociales y políticos de la sociedad en la que estamos viviendo.

No se trata de vivir más, sino de vivir mejor.

Un informe del Ministerio de Sanidad y Política Social de 2021 decía que el 53% de las personas mayores inician nuevas actividades después de los 65 años, a diferencia de que, en 1993, solamente un 5% lo hacían. También el 43% quiere participar activamente en la sociedad española; un 28% pertenece a alguna organización, y un 8% concretamente, a organizaciones de voluntariado.

Las personas mayores tienen una clara voluntad de autonomía, y así se expresa que el 87% desea vivir en su casa, solo, acompañado de sus familiares, de los que ya disfruta el 89%.

Además, no podemos olvidar que los mayores han jugado un papel importantísimo en el desarrollo económico y social de este país. Hay una deuda, pero, sobre todo, tenemos aquí una crisis económica de 2008 en España y la misma pandemia, donde fueron las propias personas mayores con sus pensiones las que sostuvieron muchísimas familias que se quedaron en paro.

Pero no solamente es el desarrollo o contribución económica, es, sobre todo, su contribución a la sociedad, a las relaciones personales, familiares, laborales que han creado a lo largo de su vida y a la sabiduría que acumulan sus años y a su experiencia.

Precisamente, como anécdota, la Reina Isabel II, recientemente fallecida, rechazó ser distinguida el año pasado con 95 años como la anciana del año porque dijo textualmente “uno solo es tan viejo como se sienta” y rechazó el galardón.

Sin embargo, mientras que, en las sociedades primitivas, la vejez, las personas mayores eran veneradas como algo valioso, las personas aportaban conocimiento, experiencia, una memoria institucional, muy útil para la capacidad de adaptación a los tiempos, incluso para la supervivencia de esas sociedades a las que pertenecían, también hoy, por ejemplo, tenemos Japón, que es una sociedad profundamente puntera en tecnología y respetuosa con sus mayores, en la actualidad los mayores están siendo discriminados en nuestra sociedad.

Esta discriminación se puede ver en tres elementos: actitudes hacia las personas mayores, que se les considera como una carga; prácticas discriminatorias hacia esas personas (se toman decisiones por ellas, se anula su autonomía y voluntad);  o políticas y prácticas institucionales como las que denunciamos en la jornada ‘Mayores y Brecha Digital’ de la PMP, que contribuyen a perpetuar esos estereotipos: restringir el acceso a determinados servicios y también a determinados tratamientos sanitarios, una cuestión muy grave.

A esta situación se une que la sociedad no solo está cambiando en su demografía, sino también en lo tecnológico. Estamos ya en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, donde las tecnologías digitales convergen con disciplinas como la física, la química, la biología y otras ciencias naturales en la automatización de los procesos productivos y los servicios que tienen lugar tanto en el terreno empresarial como en la vida cotidiana, lo que se denomina el internet de las cosas.

Se está transformando nuestra percepción del tiempo, del espacio y de la relación, creando en muchas ocasiones un mundo paralelo al mundo real. Lo digital no diferencia espacio y tiempo.

Las entidades de las personas mayores ya vienen denunciando desde 2009 la necesidad de un acceso universal al mundo digital. El gran problema llegó, precisamente, con la irrupción de los teléfonos móviles en 2012-2014 porque su uso generalizado colocó a determinadas personas fuera de juego.

Todos los servicios, instituciones y administraciones se proveían sus servicios a través del teléfono móvil. Pero esta digitalización, como digo, no es solo financiera, sino también es sanitaria y, además, es para proveer servicios que son esenciales.

Aquel famoso real decreto que tanto citamos los juristas 10/2020 del 29 de marzo, en pleno COVID, cuando se decía que los servicios esenciales eran tales como, por ejemplo, las entidades bancarias.

Pues bien, esta transformación digital de la sociedad, imparable a estas alturas, requiere de una transición. La tecnología, tan necesaria para el desarrollo económico, social y personal, siempre debe ser un medio para garantizar una mejor calidad de vida, pero su implantación no puede hacerse a costa de pasar por encima de la dignidad y de los derechos fundamentales de parte de la sociedad.

Hay que establecer protocolos de transición de servicios, que garanticen la atención inclusiva en sectores tan vitales como los que acabo de nombrar. Se requieren compromisos claros por parte de las instituciones privadas y públicas, para la capacitación de las personas mayores, pero, a la vez, la disponibilidad de medios presenciales para realizar determinadas gestiones. Y esto es una tarea imprescindible de las administraciones públicas. Creo que es importantísimo que el Ministerio de Consumo, que tan protagonista es en muchos sectores en este momento, coja también esta bandera para garantizar que todos puedan acceder a determinados bienes y servicios.

También el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital establece en su página web la hoja de ruta para llevar a cabo, precisamente, una transición digital, humanista e inclusiva, y establece miles de millones de euros para desarrollar un plan nacional de competencias digitales a fin de garantizar la inclusión digital, y nombra, precisamente, entre estas personas a las personas mayores.

Es evidente que el mundo analógico ha quedado atrás y que entramos en el mundo digital, pero hay que establecer unos marcos éticos y jurídicos en este mundo digital porque no puede suponer una discriminación de facto a un sector de la población porque esto vulnera el artículo 10 de nuestra Constitución que establece que la dignidad de toda persona y sus derechos inherentes son el fundamento de la paz y de la convivencia pacífica.

Estos marcos éticos y jurídicos están ya establecidos en muchas de las leyes y de los convenios a los que se ha adherido España, tanto a nivel nacional como a nivel europeo e internacional.

Paso a citar algunos de ellos. Por ejemplo, el artículo 2k del Real Decreto legislativo 1/2013 del 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, recoge textualmente: “los programas de digitalización, la formación, no es suficiente, lo que debe garantizarse es el servicio presencial con una infraestructura paralela de acompañamiento. Solo esto va a garantizar la accesibilidad universal de bienes y servicios”.

Pero es que la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que viene a recoger la Ley 2007 de Acceso de los Ciudadanos por vía electrónica a la Administración Pública establece de un modo claro en el artículo 14 el derecho de las personas a ser asistidas presencialmente en el uso de medios electrónicos en su relación con la Administración.

Pero la Ley orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales también dice que hay que garantizar el derecho del acceso universal a internet, pero para ello es necesario el derecho a la educación digital. Recientemente, Ursula Von Der Leyen, en julio de 2021, declaró en Lisboa que se establece la protección de los derechos digitales con los valores europeos.

¿Cuáles son los valores europeos? La igualdad de oportunidades y la no discriminación en la transición digital. Los derechos del mundo real deben ser trasladados al mundo digital. Así también lo establece la Recomendación adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 16 de abril de 2014 cuando estableció una guía de derechos humanos para los usuarios de internet, cuyo primer derecho es: derecho de acceso y no discriminación.

La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que tiene carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, en su Carta sobre los derechos de internet, dice: “Internet solo podrá convertirse en una herramienta de empoderamiento de todos los pueblos si se reconoce, en primer lugar, el acceso a internet por todos y por todas”.

Una de las estrategias que consigna, precisamente, la Organización Mundial de la Salud en su informe final sobre edadismo para reducirlo consiste en que los Gobiernos establezcan políticas públicas y leyes que aborden la discriminación y también la desigualdad por motivos de edad, y el derecho relativo a los derechos humanos.

Por último, el Manifiesto de Viena sobre humanismo digital de 2019, que está firmado por miles de líderes mundiales, nos dice: “Hay mucho en juego y el desafío de construir una sociedad justa y democrática con todos los seres humanos en el centro del progreso tecnológico debe abordarse con determinación y con ingenio científico. Es el momento adecuado para reunir los ideales humanistas con pensamientos críticos sobre el progreso tecnológico”.

Es decir, debemos configurar las tecnologías de acuerdo con los valores y las necesidades humanas, en lugar de permitir que las tecnologías den forma a los humanos.

Precisamente, el Gobierno de España aprobó la Carta de los Derechos Digitales el 14 de julio de 2021 y también hace referencia a una digitalización humanista, es decir, con inclusión digital. Y dice que “España se tiene que colocar a la vanguardia internacional en la protección de los derechos de la ciudadanía”.

Pues bien, tanto en el punto 9 como en el punto 12 hace referencia a que los poderes públicos tienen que impulsar políticas dirigidas a garantizar el derecho a la no exclusión digital, y habla precisamente, de las brechas digitales por edad. Y, asimismo, también dice que tiene que garantizar la plena ciudadanía digital de todos los colectivos en riesgo de exclusión social, en particular, de las personas mayores.

Tal como en el siglo XV surgió el Humanismo Renacentista poniendo en el centro de todo ser humano a la persona, hoy en día es necesario valorar a las personas por encima de la tecnología. Tanto el denominado Humanismo Digital, como el Humanismo Tecnológico abogan por desarrollar el desarrollo tecnológico, pero siempre en línea con los valores y las necesidades humanas, poniendo siempre la tecnología al servicio de las personas.

Somos conscientes de que estamos abordando muchísimos cambios en todos los ámbitos. La transformación digital de la sociedad es un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin embargo, lo que no cambia es el sujeto, es decir, la persona. Primero el que hace esas tecnologías es una persona; los que recibimos esas tecnologías somos personas. Al final, el inmenso poderío digital del planeta no tiene otra realidad que los seres humanos.

Si los algoritmos no conocen límite alguno, las personas, el cuerpo, la carne, nuestras existencias y nuestra dignidad constituyen un límite ineludible que no deben traspasar las tecnologías.

Es necesario reivindicar el fundamento de los derechos y el de la convivencia social y pacífica que es la dignidad humana, como dice el artículo 10 de nuestra Constitución. El desarrollo económico y social y la productividad no puede pasar por encima de lo valioso, lo único, lo irrepetible que es una persona y su dignidad. Estamos ante un riesgo tremendo de confundir el progreso y el avance con la velocidad, con el brillo de lo eficiente y vulnerar desde ahí los derechos de las personas, que, en este caso, son las personas mayores, pero mañana puede ser cualquier persona que no responda al último descubrimiento tecnológico.

Podríamos afirmar que ignoramos mucho pretendiendo saber y controlar todo. Si nos olvidamos del cuidado de la humanidad, de la vulnerabilidad intrínseca que nos constituyen todas las fases de la vida, nos abocamos a una sociedad vacía y pobre.

Está en juego la humanidad misma, la dignidad, el tomar en serio la configuración de la sociedad del conocimiento, pero unida a la sociedad del cuidado en la que se complemente con esta, que se fomenten valores cívicos derivados también del cuidado del otro, de los vínculos con los otros, la idea del nosotros y la articulación de políticas públicas de solidaridad en la que se priorice la persona como centro de las mismas.