La PMP plantea sus demandas a Economía para una mejor atención a las personas mayores en las entidades financieras

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha planteado sus demandas al secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, para una mejor atención en las entidades financieras a los más de diez millones de personas mayores y pensionistas en nuestro país.

Así, durante la reunión, que la PMP ha calificado de “muy positiva”, ha trasladado su preocupación y denuncia la barrera de trato y atención personal en las entidades financieras que están sufriendo las personas mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se está produciendo desde hace años. Una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.

En este sentido, la Plataforma ha informado de su intención de reunirse con las entidades financieras para comprobar las posturas adoptadas tras el mes de plazo que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, dio a los bancos para trabajar medidas que mejoren la inclusión financiera de las personas mayores. Ante los 20.000 millones de euros de ganancia obtenidos por los grandes bancos en 2021, la PMP considera que, a cargo a estos recursos, “se debería poder solventar la atención personal para las personas mayores”. Una barrera que califican como “un problema de una gran gravedad por el maltrato que supone para miles y miles de personas mayores”.

Entre las medidas que la PMP ha propuesto, destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Otras demandas planteadas son la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural, donde la PMP ha reclamado contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías.

Asimismo, la PMP ha demandado que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otros.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad. No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que, según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas que sean reguladas a través de un nuevo marco legal que obligue a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, que contemple un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

Para la PMP, “hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la ciudadanía”.