La I Convención Europea de la Dependencia fija en Madrid las bases para transformar el modelo de cuidados de larga duración en Europa

La I Convención Europea de la Dependencia reunió los días 1 y 2 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a representantes institucionales, profesionales y personas expertas de distintos países para analizar los desafíos de los cuidados de larga duración y avanzar hacia un modelo europeo más preventivo, integrado y centrado en las personas. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) formó parte del Comité Científico Asesor del encuentro.

Organizada por la Fundación Economía y Salud, la Convención nació con la voluntad de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, identificar modelos de éxito y promover actuaciones capaces de garantizar unos servicios de calidad, asequibles y accesibles. Sus conclusiones se recogerán en un informe consensuado que será presentado ante el Parlamento Europeo y los gobiernos de la Unión Europea.

El encuentro puso de manifiesto que el envejecimiento de la población europea exige abordar la dependencia como uno de los grandes retos sociales, sanitarios y económicos de las próximas décadas. Durante las dos jornadas se analizaron cuestiones como la sostenibilidad de los sistemas, la coordinación sociosanitaria, la prevención, la financiación, la innovación, la transformación de los servicios, la situación de los profesionales y el apoyo a las personas cuidadoras.

Los cuidados de larga duración, una prioridad social y económica

El presidente de la Fundación Economía y Salud, Alberto Giménez, abrió la Convención recordando la magnitud del cambio demográfico que afronta Europa. Según los datos expuestos durante su intervención, más de 27 millones de ciudadanos europeos tienen actualmente más de 80 años, una cifra que podría superar los 50 millones en 2050. Para entonces, alrededor de 38 millones de personas necesitarán cuidados de larga duración.

Alberto Giménez defendió la necesidad de superar una visión de la dependencia centrada exclusivamente en el gasto y reconocer los retornos sociales y económicos de los cuidados. Además de responder a un deber colectivo, la atención a la dependencia requiere inversiones en infraestructuras, genera empleo de manera intensiva y puede mejorar la eficiencia del conjunto del sistema, entre otros aspectos, mediante la reducción de los costes sanitarios.

En esta misma línea, Nikolaos Isaris, director general adjunto de la Comisión Europea en España, afirmó que los cuidados constituyen un sector estratégico para el empleo, la innovación y la dinamización de las economías locales. También señaló que los cambios demográficos han dejado obsoletos algunos modelos tradicionales y destacó que la dependencia ocupa un lugar central en la agenda política europea, como demuestra el desarrollo de la Estrategia Europea de Cuidados.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Álvaro Hidalgo-Vega, presidente de la Fundación Weber y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su intervención se centró en el valor social de la atención a la dependencia y en su capacidad para mejorar la salud y la autonomía, reducir desigualdades, descargar a las familias, generar actividad económica y evitar costes sanitarios e institucionalizaciones innecesarias.

Álvaro Hidalgo-Vega indicó que las personas mayores de 65 años pasarán de representar el 22 % de la población de la Unión Europea en 2025 al 29 % en 2050. En España, la población mayor en situación de dependencia podría crecer un 82 % entre 2022 y 2050, hasta alcanzar los 2,4 millones de personas. También destacó la aportación de los 52 millones de cuidadores informales que existen en Europa, cuyo trabajo tendría un valor equivalente a entre el 2,4 % y el 2,7 % del producto interior bruto europeo.

Entre sus propuestas, planteó crear un cuadro de mando común para medir el valor social de los cuidados, situar la prevención en el centro de las políticas, avanzar hacia una mayor convergencia financiera, impulsar un estatuto europeo de la persona cuidadora y convertir la atención integrada de proximidad en el estándar de los sistemas europeos.

Más apoyo a las familias y mejores condiciones profesionales

La sostenibilidad de los sistemas y la situación de quienes prestan los cuidados ocuparon una parte destacada de los debates. Adelina Comas-Herrera, del Observatorio Global de Cuidados a Largo Plazo y de la London School of Economics, defendió la ampliación y el equilibrio de la cobertura pública, tanto respecto a las personas que acceden a ella como a los servicios que reciben y a la parte del coste asumida por el sistema.

Entre sus recomendaciones figuraron el refuerzo del apoyo a los cuidadores familiares, la mejora de las condiciones laborales, la formación y profesionalización del sector y la ampliación de los servicios comunitarios, preventivos y de rehabilitación. También abogó por sistemas capaces de adaptarse de manera continua a las nuevas necesidades, sin depender únicamente de grandes reformas legislativas.

La secretaria general de la European Confederation of Care Homes Organisations, Ilaria Giannico, advirtió de la escasez de profesionales en un sector que cuenta con 3,1 millones de trabajadores en la Unión Europea, de los cuales el 87 % son mujeres. Ante la previsión de que 38,1 millones de personas puedan necesitar cuidados en 2050, propuso crear un fondo europeo para atraer profesionales, desarrollar un programa de recualificación rápida de personas desempleadas, establecer alianzas internacionales para una contratación ética y avanzar hacia un continuo de cuidados que combine atención domiciliaria, telemedicina y centros residenciales.

Una valoración integral de la dependencia

La profesora de Salud Pública de la Universidad de Bremen Lorraine Frisina presentó las enseñanzas de la reforma alemana y defendió la transición desde sistemas de valoración centrados principalmente en las limitaciones físicas hacia evaluaciones multidimensionales que incorporen de forma sistemática los aspectos cognitivos, conductuales y relacionados con la salud mental.

Asimismo, planteó que el reconocimiento de la dependencia debe concebirse como un itinerario integral y no como la simple aplicación de un baremo. Entre las medidas expuestas figuraron la creación de ventanillas únicas locales de asesoramiento y atención y el establecimiento de controles rigurosos sobre los plazos de resolución de las solicitudes.

En relación con el sistema español, José Luis Pareja Rivas, presidente del Grupo Social Lares España, señaló que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ofrece un marco sólido, aunque persisten diferencias territoriales importantes. Según resumió, existe “una sola ley y 17 modelos autonómicos diferentes”.

José Luis Pareja Rivas defendió el refuerzo de la atención domiciliaria, la autonomía personal, la coordinación sociosanitaria y la capacidad de elección, en línea con la Estrategia Europea de Cuidados. También recordó que esta evolución deberá ir acompañada de financiación suficiente para compatibilizar la calidad de la atención con la sostenibilidad del sistema.

Prevenir, retrasar y acompañar mejor la dependencia

La segunda jornada partió de un diagnóstico compartido: Europa debe dejar de intervenir únicamente cuando la dependencia ya se ha producido y debe desarrollar políticas capaces de prevenirla, retrasarla y acompañarla mejor. Las mesas celebradas durante la mañana señalaron tres prioridades: intensificar la prevención, mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y avanzar hacia soluciones más domiciliarias, comunitarias y centradas en la persona.

Stefania Ilinca, experta de la OMS Europa, propuso situar la promoción de la salud y la prevención en el centro de las políticas de envejecimiento. Para ello, consideró necesario reforzar la Atención Primaria, mejorar la detección precoz del deterioro funcional, cognitivo y mental y prestar una atención específica a las personas con mayor riesgo.

También defendió una mayor integración entre sanidad y cuidados de larga duración mediante itinerarios centrados en la persona que conecten prevención, tratamiento, rehabilitación, cuidados prolongados y atención paliativa. Junto a ello, reclamó ampliar la atención domiciliaria y comunitaria, utilizar tecnologías adecuadas y mejorar la formación, las condiciones laborales y el apoyo que reciben tanto los profesionales como las personas cuidadoras informales.

Desde la experiencia finlandesa, Laura Pikkarainen, directora médica de servicios hospitalarios en Helsinki, se mostró partidaria de una integración efectiva entre sanidad y servicios sociales. Su propuesta se basó en la existencia de un único plan compartido, un coordinador claramente identificado y un seguimiento de las transiciones entre los diferentes niveles asistenciales.

Laura Pikkarainen también planteó medir de manera conjunta la calidad y la equidad, atendiendo al acceso a los servicios, las necesidades no cubiertas, la carga soportada por las familias y las diferencias territoriales. En este sentido, advirtió de que las deficiencias de la continuidad asistencial no pueden traducirse en una mayor responsabilidad para las familias.

Por su parte, Francisco José Tarazona, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, defendió el refuerzo de la hospitalización a domicilio, la rehabilitación y los cuidados intermedios como puente entre el hospital y el hogar. Estas respuestas permiten facilitar altas seguras, recuperar la capacidad funcional y preservar la autonomía. Asimismo, propuso armonizar en Europa las definiciones y los indicadores, garantizar la interoperabilidad de los datos sanitarios y sociales y asegurar un acceso equitativo.

Una financiación vinculada a las necesidades y los resultados

La financiación y la fiscalidad fueron otro de los grandes ejes de la Convención. Las intervenciones coincidieron en la necesidad de revisar los sistemas de copago, reducir las diferencias fiscales entre servicios equivalentes, distribuir mejor los recursos en función de las necesidades y valorar los cuidados por su impacto en el conjunto de la sociedad, no únicamente por su coste sanitario.

Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, defendió que las prestaciones públicas se ajusten a la intensidad de las necesidades. También propuso avanzar hacia unos servicios profesionales, trazables y evaluados por resultados, y reservar un carácter más excepcional a las prestaciones económicas vinculadas a los cuidados familiares.

En materia tributaria, reclamó que servicios de cuidados equivalentes dejen de estar sometidos a tipos diferentes de IVA y propuso la aplicación de un tipo reducido único del 4 % a todos los servicios acreditados.

El director general de la asociación alemana BPA, Pascal Tschörtner, incidió en la necesidad de garantizar el acceso y la libre elección de la modalidad de cuidados, evitando que los copagos actúen como una barrera. También propuso asegurar una financiación estable, reducir la burocracia y estimular la calidad, la eficiencia y la innovación mediante una competencia justa entre proveedores.

Bram Wouterse, economista de la salud de Radboud University Medical Center, planteó que la financiación de los cuidados de larga duración debe analizarse desde la perspectiva de su coste y beneficio para toda la sociedad. Abogó por ampliar los servicios sociales en el domicilio, ajustar el acceso a las necesidades y a la capacidad económica de cada persona y medir los resultados para identificar los modelos que generan mayor bienestar y reducen otras cargas económicas y sociales.

De los centros residenciales a unos cuidados más comunitarios

La transformación de los recursos disponibles fue otro de los asuntos centrales del encuentro. Las propuestas presentadas persiguieron acercar los cuidados a la vida cotidiana de las personas, reforzar los apoyos en la comunidad, ampliar la atención domiciliaria y desarrollar nuevas fórmulas residenciales.

Aad Koster, vicepresidente de European Ageing Network, sostuvo que Europa necesita una transformación del sistema y no únicamente una mejora del modelo existente. Este cambio supondría pasar de unos cuidados prestados principalmente en instituciones a unos apoyos integrados en la comunidad.

Para ello, propuso situar en el centro a cada persona y a su red familiar y social, priorizar la calidad de vida, integrar la prevención y los apoyos sociales, adaptar el entorno a las necesidades individuales y convertir a las entidades de cuidados de larga duración en participantes activos de las redes locales.

Teresa Martínez Rodríguez, coordinadora técnica de la Red CuidAs, señaló que la transformación de los cuidados no puede limitarse a cambios en los espacios o en las metodologías, sino que debe generar mejoras verificables en la calidad de vida. Entre sus propuestas incluyó el desarrollo de recursos comunitarios suficientes, coordinados, diversos y asequibles; la creación de organizaciones más horizontales y de equipos estables; una mejor dotación y formación de los profesionales; y la evaluación de los servicios tanto por sus procesos como por sus efectos sobre las personas.

El presidente de CEAPS, Javier Sánchez-Ostiz, propuso reforzar los servicios preventivos, la atención domiciliaria y la rehabilitación funcional. Planteó establecer un nivel mínimo europeo de atención en el domicilio, convertir la rehabilitación funcional en una prestación previa y exigible e incorporar una valoración clínica común y objetivos funcionales en los planes de atención.

Sebastiano Capurso, presidente de ANASTE, apostó por nuevos modelos residenciales y de vivienda para las personas mayores, así como por la transformación de las residencias hacia fórmulas más abiertas. Mencionó experiencias como el cohousing y las denominadas dementia villages, y defendió tanto el reconocimiento europeo de las cualificaciones profesionales como una utilización de la tecnología que preserve un tiempo suficiente para la atención humana.

Una estrategia europea para los profesionales de los cuidados

La disponibilidad de profesionales y sus condiciones laborales estuvieron presentes a lo largo de toda la Convención. La presidenta de AESTE, Lourdes Rivera, pidió hacer más visible y revalorizar el sector, facilitar la incorporación de profesionales mediante formación remunerada e itinerarios profesionales, reconocer la experiencia y ofrecer posibilidades de carrera que mejoren la permanencia en el empleo.

También planteó desarrollar una captación internacional de talento acompañada de medidas de integración y reclamó un gran pacto que garantice el derecho efectivo a unos cuidados de calidad, una financiación suficiente, estable y previsible y una estrategia europea para los profesionales del sector.

Ana Llena-Nozal, responsable de Cuidados de Larga Duración de la OCDE, defendió mejores salarios, mayor seguridad laboral y más flexibilidad en la organización del trabajo. Asimismo, apostó por emplear la tecnología para reducir las cargas administrativas, favorecer la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y facilitar las transiciones desde el hospital.

A estas medidas sumó la formación continua, el reconocimiento de la experiencia previa y la creación de mayores oportunidades de desarrollo profesional como herramientas fundamentales para atraer y retener talento.

Reconocer y proteger a las personas cuidadoras

La situación de las personas cuidadoras informales también ocupó un lugar destacado. José Augusto García-Navarro, gerente de Atención Sanitaria y Social de la Xarxa Santa Tecla, articuló sus propuestas en torno a cuatro ejes: la creación de un estatuto de la persona cuidadora, la protección frente a la pobreza, la garantía de permisos remunerados y de flexibilidad laboral, y el reconocimiento de cotizaciones para la jubilación.

Además, defendió la ampliación de los servicios de respiro, la formación en demencia, dependencia y autocuidado, y la incorporación formal de las personas cuidadoras informales a los equipos de atención primaria y servicios sociales.

Agustín Martínez Molina, coordinador general de Estudios del IMSERSO, recordó el impacto que los cuidados pueden tener en la salud de quienes los prestan. Explicó que la formación puede contribuir a reducir la depresión, la ansiedad y la sobrecarga, pero advirtió de que informar no es suficiente y de que las intervenciones con componentes psicoterapéuticos o de mindfulness obtienen mejores resultados que las centradas únicamente en transmitir conocimientos.

También señaló que estas actuaciones pueden mejorar los resultados de las personas atendidas, contribuir a reducir los reingresos hospitalarios o retrasar el ingreso residencial y, en determinados casos, generar ahorros.

La digitalización, al servicio de una atención más humana

Durante la segunda jornada, la Convención abordó igualmente la incorporación de la digitalización a la atención sanitaria y social. Las intervenciones situaron la tecnología como una herramienta para mejorar la coordinación, reducir cargas administrativas, facilitar las transiciones asistenciales y ampliar las posibilidades de atención domiciliaria y comunitaria, siempre como apoyo a los profesionales y sin sustituir el tiempo de relación y atención humanas.

La interoperabilidad de los datos entre los sistemas sanitarios y sociales se identificó como una condición necesaria para dar continuidad a la atención y hacer posible que los diferentes recursos trabajen a partir de planes compartidos. Al mismo tiempo, se destacó que el proceso de digitalización debe ser accesible, responder a las necesidades de las personas y evitar la generación de nuevas desigualdades.

Un informe para contribuir a la Estrategia Europea de Cuidados

La Convención concluyó con la voluntad de trasladar los debates a propuestas concretas. Las aportaciones de las mesas de expertos y los grupos de trabajo se incorporarán a un informe final coordinado por Cristina Bermejo Boixareu, presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología, y Jorge Mestre-Ferrándiz, profesor de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.

El documento pretende contribuir a la Estrategia Europea de Cuidados de Larga Duración y servir de orientación a los gobiernos y las instituciones para avanzar hacia una atención digna de las personas en situación de dependencia.

Además de la PMP, el Comité Científico Asesor contó con la participación de organizaciones europeas y españolas de los ámbitos de los cuidados, la dependencia, la discapacidad y las personas mayores. La presencia de la Plataforma permitió incorporar a este espacio de debate la perspectiva de las personas mayores y pensionistas, así como reafirmar la necesidad de que cualquier transformación del modelo se construya desde el respeto a sus derechos, preferencias, autonomía y dignidad.

La I Convención Europea de la Dependencia cerró así dos jornadas de análisis con una idea compartida: el futuro de los cuidados exige anticiparse a las necesidades, coordinar los sistemas sanitario y social, garantizar una financiación suficiente, cuidar a quienes cuidan y ofrecer apoyos personalizados que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible.