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El III Congreso Internacional ‘Derecho, Derechos y Personas Mayores’ ofrece un análisis integral sobre el derecho a la vivienda en la vejez
Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas
 
 
Organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València y HelpAge International España
La Facultad de Derecho de la Universitat de València acogió los días 29 y 30 de octubre el III Congreso Internacional ‘Derecho, Derechos y Personas Mayores’, un espacio multidisciplinar que congregó a destacados expertos para abordar el derecho a la vivienda de las personas mayores, uno de los retos sociales y jurídicos más urgentes de la actualidad.
El evento, organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDHUV), HelpAge International España y el Grupo de Investigación Derecho, Derechos y Personas Mayores, con el patrocinio de la Editorial Tirant lo Blanch, desarrolló mesas temáticas sobre accesibilidad, modelos residenciales innovadores como cohousing, hipoteca inversa y cesión de uso, protección jurídica y políticas públicas inclusivas. La coordinación académica estuvo a cargo de las profesoras Fabiola Meco Tébar y María Dalli Almiñana.
Contexto demográfico y relevancia del derecho a la vivienda
Actualmente España tiene más de un 20% de población mayor y esa cifra se incrementará hasta el 30%, según los datos aportados por expertos durante el congreso. Este envejecimiento acelerado desafía la adaptación de las políticas habitacionales para respetar la dignidad y la autonomía de este sector en constante crecimiento. Las ciudades y zonas rurales presentan problemáticas distintas, pero convergentes en la necesidad de garantizar una vivienda adecuada, accesible y segura.
Accesibilidad y permanencia en el hogar
Durante la sesión inaugural del Congreso, José Javier López Macarro, director de la Red Europea para la Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN-ES), enfatizó que el derecho a la vivienda “no es solo acceso físico, sino la permanencia segura, autónoma y confortable durante la última etapa de vida”. Igualmente, Macarro subrayó que este derecho, amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, debe ser abordado con una perspectiva integral que considere la interseccionalidad entre género, discapacidad, ruralidad y migración, factores que agravan la exclusión social y habitacional.
En ese marco, la profesora de Derecho Civil, Chantal Moll de Alba, señaló que “las barreras arquitectónicas y sociales limitan la autonomía de las personas mayores, generando aislamiento y dependencia”. Propuso el diseño universal como norma para garantizar el envejecimiento en el hogar, reduciendo los desplazamientos y favoreciendo la autonomía.
Modelos residenciales innovadores y protección jurídica
Por su parte, la catedrática María Dolores Mas Badía habló de las nuevas formas residenciales, como el cohousing, la hipoteca inversa y la cesión de uso, destacando que “estos modelos pueden fomentar la autonomía económica y social, pero requieren regulación clara para evitar abusos o riesgos”. De esta manera, abogó por marcos normativos que protejan eficazmente a las personas mayores en estas modalidades.
Interseccionalidad: género, discapacidad, ruralidad y diversidad cultural
La presidenta de la Comisión de Longevidad Empoderada y Colaborativa de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, compartió una visión social y ética destacando que “la vivienda adecuada es un derecho humano central, que implica condiciones seguras y confortables para envejecer dignamente en casa”. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de un enfoque interseccional atendiendo a las vulnerabilidades particulares de mujeres, personas con discapacidad, y residentes en zonas rurales, quienes sufren mayores riesgos de pobreza habitacional y exclusión.
Este enfoque mostró cómo las mujeres mayores, debido a brechas salariales y trayectorias laborales fragmentadas, enfrentan un mayor riesgo de exclusión económica y habitacional. La despoblación rural, añadió, genera “dificultades para mantener servicios sociales básicos, agravando la soledad no deseada”.
Economía, fiscalidad y políticas públicas para el envejecimiento
El economista Juan Ángel Lafuente destacó la gravedad del desafío demográfico y la necesidad imperante de políticas públicas sostenibles. Recalcó que “las proyecciones indican que para 2040 más del 30% de la población será mayor, por lo que adaptar las políticas habitacionales es una urgencia para garantizar bienestar y autonomía”.
La discusión abordó también la función de la vivienda como recurso económico, especialmente en el contexto de la hipoteca inversa y cesión de uso, y la necesidad de ajustes fiscales que faciliten el acceso a la vivienda de las personas mayores, promoviendo la seguridad financiera y evitando la exclusión.
Perspectivas internacionales y redes de cooperación
El Congreso facilitó el intercambio de experiencias y buenas prácticas internacionales, posicionándose como un espacio de diálogo entre el ámbito académico, las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado. Se destacaron políticas integrales en Europa y América Latina que armonizan normas jurídicas con políticas sociales, mostrando la relevancia de la cooperación transnacional para abordar el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos.
Conclusiones y propuestas
Finalmente, bajo la premisa de que el derecho a la vivienda digna y accesible es un imperativo social y un derecho humano básico insoslayable, el Congreso concluyó con una serie de propuestas concretas:
- Promover la eliminación total de barreras arquitectónicas y sociales mediante políticas públicas que promuevan el diseño universal y la accesibilidad integral.
- Incorporar un enfoque interseccional que atienda las necesidades específicas por género, discapacidad, ruralidad y diversidad cultural.
- Regular claramente modelos residenciales innovadores para garantizar la protección de derechos y evitar posibles abusos.
- Desarrollar políticas públicas sostenibles orientadas a largo plazo que integren la vivienda con los servicios sociales y sanitarios necesarios para el envejecimiento activo.
- Impulsar la cooperación multisectorial y transnacional para compartir conocimientos, experiencias y estrategias efectivas.
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