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La PMP seguirá trabajando para proteger los derechos de las personas mayores como consumidores y usuarios de servicios tanto privados como públicos

Fuente: Plataforma de Mayores y Pensionistas

Personas mayores comprando por internet

Se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) manifiesta, en el marco del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, que seguirá trabajando para proteger los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad mayores como consumidores y usuarios de los servicios tanto privados como públicos.

En este sentido, por una parte, recuerda la urgente necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Una reivindicación que, además, vio reflejada en la nueva Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica a través de las disposiciones adicionales añadidas al proyecto de ley debatido y aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, que instan al Gobierno a tomar medidas inmediatas destinadas a paliar la exclusión financiera y a garantizar, por tanto, una atención personalizada en los servicios bancarios a los usuarios más vulnerables, las cuales entrarán en vigor en un plazo, desde entonces, de tres meses.

No obstante, la PMP manifiesta que continuará trabajando y manteniendo reuniones con representantes políticos e instituciones para que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.

Según reitera la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

Por otra parte, la PMP quiere expresar que esta lucha contra la brecha digital que ahora está centrada en los servicios financieros, debe hacerse extensible y tener una réplica también en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también tienen que acceder a servicios esenciales, tales como el sanitario o el de empresas de telecomunicaciones o energéticas, entre otros.

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